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Alto cargo de exministra Corredor declara mañana por contrato irregular PSPV

Alto cargo de exministra Corredor declara mañana por contrato irregular PSPV

20 May./Agencias

Nicolás Mateos, el que fuera jefe de Gabinete de la exministra socialista de Vivienda Beatriz Corredor, declara mañana ante el juzgado de instrucción número 24 de Madrid por la adjudicación de un contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2012 que pudo servir para financiar irregularmente al PSPV.

Mateos es el primero de los cuatro ex altos cargos de los ministerios socialistas de Vivienda y Sanidad que declarará por las presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos ministeriales de publicidad, que presuntamente sirvieron para financiar la campaña electoral del PSPV en 2007 y que se investigan en juzgados diferentes.

En este caso, la juez María de las Mercedes Pérez investiga a Mateos y al antiguo subsecretario de Vivienda Marcos Vaquer -cuya declaración se suspendió sin fecha- por las “irregularidades” en la adjudicación por 126.208 euros de un contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2012 a la empresa Crespo Gomar en 2009.

Según la juez, Mateos “redactó o firmó” el pliego de prescripciones técnicas para la campaña de publicidad y “la declaración de urgencia” del procedimiento, mientras que Vaquer firmó el contrato y el certificado de conformidad con la factura.

Mañana, también están citadas Eva M., que también firmó el pliego de prescripciones técnicas, e Irene D., una abogada del Estado que fue vocal de la Mesa de Contratación. A todos les imputa delitos de prevaricación y/o malversación.

Paralelamente, en otro juzgado de Madrid están imputadas por los mismos delitos dos ex altos cargos del exministro de Sanidad Bernat Soria: Etelvina Andreu, antigua directora general de Consumo, y Consuelo Sánchez Naranjo, exsubsecretaria de Sanidad y Consumo.

Ambas deberán comparecer el próximo 26 de junio en relación a otro contrato de publicidad adjudicado en 2008 a la misma empresa, Crespo Gomar, que supuestamente trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.

La investigación comenzó en 2016 en un juzgado de Valencia, que apreció indicios de que estas y otras adjudicaciones podrían haber servido para financiar campañas del PSPV en 2007, y que posteriormente se inhibió a favor de Madrid, Benidorm y Gandía al considerar que los hechos se produjeron en las citadas ciudades.

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