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Antonio Doreste debe dimitir  como presidente del TSJC por su  actuación en el Caso Grúas

Antonio Doreste debe dimitir como presidente del TSJC por su actuación en el Caso Grúas

“Si le pide al TSJC que continúe actuando en este Caso, está incitando a la propia Sala a prevaricar”

“Cuando reprocha a la Sala que él mismo preside haber estado retrasándose maliciosamente está haciendo algo inédito en la judicatura española”

El portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, considera que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, debe dimitir por su actuación en el Caso Grúas, para que los canarios puedan restablecer su confianza en la administración de Justicia, y particularmente en el TSJC que preside.

Doreste no quiso inhibirse del Caso Grúas, como debió hacer por iniciativa propia, tampoco se aceptó su recusación, “pero los hechos ponen de manifiesto que ha actuado completamente en sintonía con los intereses de Fernando Clavijo y su estrategia de defensa en este caso. Ha estado picoteando argumentalmente por todos lados, pero siempre seleccionando argumentos reales o fantasiosos que venían bien a la defensa de Clavijo”.

Santiago Pérez señala que “ni Antonio Doreste ni ningún magistrado puede emitir un voto particular olvidando que la finalidad del aforamiento no es proteger al presidente del Gobierno en una investigación de sus actos como alcalde; y teniendo presente que el aforamiento debe interpretarse restrictivamente, máxime cuando en la causa hay otros investigados o imputados que nunca han estado aforados”.

Antonio Doreste tiene que ser consciente de que el Estatuto de Autonomía suprimió los aforamientos. Y si él le pide al TSJC que continúe actuando, está incitando a la propia Sala a prevaricar. Pero parece que nada de esto le importa. Demasiado fuertes son sus ligazones con CC, puestas de manifiesto a lo largo de toda su carrera institucional.

“El presidente del TSJC ha pretendido darnos una lección de derecho y debo recordarle que el Código Civil, en su artículo 3.1, dice que las normas jurídicas han de interpretarse de acuerdo con su finalidad y con la mentalidad del tiempo en que ha de ser aplicadas”, señala Pérez.

Y luego añade que “la mentalidad del tiempo en que están siendo aplicadas las normas de aforamiento es la de una sociedad escandalizada por el abuso que algunos, Clavijo entre otros, han pretendido hacer del aforamiento; una sociedad escandalizada con el uso fraudulento del mecanismo del aforamiento, que es un privilegio, hasta el punto de que ha ido forzando a sus representantes políticos a abolirlo”.

Coalición Canaria (CC) quiere seguir hilvanando un culebrón con este asunto a base de sospechas, mentiras e informes de la Fiscalía que no han existido, frente a informes de la Fiscalía que están en los Autos, para ganar tiempo.

“Están aterrorizados con la posibilidad de que Clavijo llegue imputado a las elecciones, por méritos propios. El Caso Grúas no es el más grave que ha habido en los cortos anales de nuestra autonomía. Pero es una caso de corrupción de libro. Y tiene valor ejemplarizador. Se empezó a investigar como fruto de una denuncia reiterada de los trabajadores. Y es un ejemplo de manual de cómo se las maneja Clavijo al frente de las instituciones públicas”, añadió el concejal.

El presidente del Gobierno canario “no tiene formación, cultura democrática bajo mínimos, pero capacidad para utilizar el poder al servicio de los intereses que representa, todas. Lo pone en evidencia el Caso Grúas, y lo puso en evidencia el Caso Corredor en el que las grabaciones policiales, que fueron reales y todos conocimos sus contenidos, no pudieron utilizarse como prueba por una serie de extraños episodios que ocurrieron con el Auto que autorizaba las escuchas a través de las cuales supimos cómo se las maneja”, añadió.

Santiago Pérez y su Grupo avisaron de que vigilarían la independencia del TSJC, porque pensaban, “y lamentablemente los hechos confirman el fundamento denuestras dudas, que su presidente no era imparcial en este asunto. Antonio Doreste ha desarrollado toda su carrera institucional, para llegar a la presidencia del Consejo Consultivo de Canarias y a la presidencia del TSJC, al amparo y bajo el patrocinio de CC”.

XTF-NC ha mantenido hasta ahora una actitud bastante prudente sobre la actuación de Doreste, pero ejercen su derecho a la libertad de expresión una vez que el TSJC ha actuado y no tiene nada más que decir en el caso Grúas.

“Doreste, Clavijo y su defensa han formado un coro en este asunto, los argumentos, las ficciones, y las sospechas en que han sustentado sus estrategias se retroalimentan. Creo que Doreste garantizó a Clavijo y sus colaboradores que si el asunto llegaba al TSJC le daría carpetazo. Como no pudo hacerlo, porque la Sala ha contado con una mayoría sólida que dejó a su presidente en minoría y en evidencia, emitió un voto particular en el que llega a decir que la resolución del TSJC devolviendo el caso Grúas al juez originario, debiera poder ser recurrida”, explica Pérez.

“Pero los recursos en el Estado de Derecho –añade– son los que establecen las leyes, y esta resolución ya no es recurrible. El TSJC ha terminado su función y ahora podemos ejercer nuestro derecho de crítica sin que la Prensa del Régimen ponga en mi boca amenazas a la independencia del poder judicial que un simple concejal no está en condiciones de perturbar”.

Sí que lo pueden hacer “el presidente del Gobierno y el consejero de Justicia, señor Barragán, que están hablando estos días en términos muy gruesos; y que estuvieron defendiendo toda una especulación alrededor de un informe fantasma de la Fiscalía que nunca ha figurado en el Caso ni se ha incorporado al expediente”.

Antonio Doreste, como dicen sus compañeras magistradas, en su “docta” elucubración picotea de un lado y de otro: “Coge al vuelo el dictamen del Consejo de Estado, que no es órgano judicial ni legislativo, para desvirtuar su sentido profundo: el Consejo de Estado dice que los aforamientos solo tienen sentido cuando se trate de investigar hechos que la autoridad aforada ha realizado en el ejercicio de la función por la que lo está. Y lo que aquí se está investigando no lo protagonizó Clavijo como presidente del Gobierno ni como diputado, condiciones por las que estaba aforado, sino como alcalde de La Laguna”.

En consecuencia, “todo lo que han pretendido Clavijo y sus asesores, a tontas y a locas cuando el Estatuto de Autonomía y la supresión de los aforamientos estaban a punto de entrar en vigor, fue desvirtuar la naturaleza del aforamiento. La doctrina del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional es que los aforamientos se traten restrictivamente, y más aún cuando en el caso hay personas encausadas que no son aforados como es el caso”.

Pero Doreste ignora esta doctrina y en su “docto” voto particular dice que lo que ha de interpretarse restrictivamente no es el aforamiento sino la pérdida del aforamiento.

En su voto particular se prodiga en reproches a su propia Sala, presentando la posición de la mayoría, y por tanto de la Sala, como una posición malintencionada para “vaporizar” un pretendido derecho a la tutela judicial de Clavijo que se estaría lesionando. Cuando Doreste reprocha a la Sala que él mismo preside haber estado retrasándose maliciosamente está haciendo algo inédito en la judicatura española.

Antonio Doreste además prodiga elogios a la estrategia de defensa de Clavijo. El presidente reprocha a la Sala que él mismo preside y elogia la estrategia defensiva de Clavijo. Hasta el punto de que las propias magistradas se preguntan si no será que Clavijo cree que va a tener más garantías para su defensa ante el TSJC que ante el juez originario y natural.

Se lo plantean las magistradas con cierta ironía. Y dicen que en el escrito de recurso de Clavijo así se insinúa. Clavijo cree que tiene más garantías ante el TSJC. Y parece que creen lo mismo el concejal Pérez-Godiño y el alcalde de La Laguna que ya han sido citados como investigados. Y que en ningún caso han sido aforados.

Es como si José Alberto Díaz y Pérez-Godiño quisieran elegir el tribunal que ha de investigarles y en su caso juzgarles. Lo que pretendían es que el TSJC abarcara toda la causa para darle el carpetazo, que es lo que Antonio Doreste prometió a Clavijo y lo que éste y sus colaboradores han venido repitiendo por las esquinas desde que se inició el caso Grúas.

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