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La Policía Local detecta la falsificación de una tarjeta PMR y denuncia al propietario

La Policía Local detecta la falsificación de una tarjeta PMR y denuncia al propietario

La Policía Local detecta la falsificación de una tarjeta PMR y denuncia al propietario

A diferencia de otros casos, los agentes lograron verificar la posible comisión de un delito que puede estar castigado de seis meses a tres años de prisión

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detectaron hace unos días una tarjeta falsificada con el objetivo de estacionar ilegalmente en la zona reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR). El documento estaba colocado en el salpicadero de un vehículo aparcado en la calle Almirante Díaz Pimienta.

Los policías procedieron a realizar la pertinente denuncia y el coche fue retirado al depósito municipal. Al ir el propietario a retirar su vehículo se determinó intervenirle la citada tarjeta, además de iniciar el habitual procedimiento sancionador por este tipo de casos.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, señaló “con el trabajo constante de nuestros agentes estamos demostrando que la guerra contra este ejercicio de insolidaridad se puede ganar, vamos a continuar persiguiendo este tipo de comportamientos ilegales en Santa Cruz”.

La edil también aseguró que, “en todos los casos que podamos vamos a elevar estas denuncias a los juzgados para que todo el peso de la ley caiga sobre quienes vulneran los derechos de las personas con movilidad reducida”, dijo.

Debido a las dudas que planteaba este documento se remitió el mismo a la dirección general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, organismo encargado de esta materia, con el fin de dilucidar la situación de este documento.

La respuesta de este organismo oficial fue contundente respecto a que se trataba de una tarjeta falsificada ya que, además, en el anverso de la misma figura una tarjeta válida y el reverso no se corresponde a documento de este tipo que figure registrado.

Con estos datos los agentes remitieron la oportuna denuncia a los juzgados santacruceros contra el propietario de la misma, un hombre de 48 años domiciliado en la capital tinerfeña.

Según lo establecido en el artículo 392 del Código Penal, la falsedad en un documento oficial (no público) podría suponer penas de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.

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