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Màxim Huerta fue sancionado en 2017 a pagar 218.000 euros a Hacienda

Màxim Huerta fue sancionado en 2017 a pagar 218.000 euros a Hacienda

13 Jun./Agencias

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, fue sancionado a abonar 218.000 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008 cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF.

El diario El Confidencial publica hoy la decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que desestima los recursos de Huerta tras notificarle la Agencia Tributaria lo que debía pagar.

Fuentes del Ministerio de Cultura han explicado a lo largo del día habrá explicaciones del titular del departamento sobre este asunto.

Según el TSJM, el entonces presentador en “El programa de Ana Rosa” (Telecinco) ingresó en esos tres años casi 800.000 euros a través de la sociedad limitada Almaximo Profesionales de la Imagen, de la que era único accionista y administrador desde 2006 y que fue liquidada a finales de 2016.

La resolución sostiene que las facturas de la sociedad se refieren exclusivamente a prestaciones de servicio de Huerta con terceros, es decir, “guardan una relación directa con el socio como presentador”, aunque el objeto de la misma fuera la organización y producción de espectáculos públicos o el asesoramiento de artistas.

A través de Almaximo Profesionales de la Imagen S.L., Huerta declaró a Hacienda en 2006, 2007 y 2008 los ingresos, gastos y beneficios a través del impuesto de sociedades.

De esta forma, por casi 800.000 euros de ingresos en esos tres ejercicios, tributó en IRPF 21.860 euros, por lo que eludió “los tipos impositivos progresivos y más elevados de IRPF”.

Los criterios de Hacienda fueron modificados en 2012 al establecer que los servicios profesionales debían tributarse como impuestos personales como es el caso de Huerta, según la resolución que hace responsable al ministro de una infracción de la ley “por dejar de ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada tributo la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación de tributo”.

Incluidos costas, gastos de demora y el promedio de la subida del IPC la cifra actualizada de la sanción es 253.253 euros, aunque el fraude inicial es de 218.322 euros, según detalla El Confidencial.

El presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, explica también a ese medio que “no existe delito porque el fraude no supera los 120.000 euros por ejercicio y no hay una voluntad dolosa” en el actuación del sentenciado.

Con todo, el fallo del TSJM estima que la conducta “no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable, en el sentido que se entiende que le era exigible otra conducta distinta, no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales”.

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