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PGE 2018, avances sociales. Por Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de nueva Canarias.

PGE 2018, avances sociales

Román Rodríguez

La política debe estar dirigida esencialmente a la búsqueda de medidas que posibiliten mejorar la vida de la gente. No puede ser una retórica de intenciones y planteamientos futuribles sin plasmación real alguna. En nuestro debate con el Gobierno de España, en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tanto en 2017 como ahora, hemos puesto por delante alcanzar objetivos que impacten en la economía, en el empleo, en los sectores económicos y en los servicios públicos de Canarias. Que ayuden a superar nuestros hándicaps y a acercarnos a la situación de los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado. Que consoliden los fueros canarios y que colaboren en la mejora de la democracia.

En este sentido, el logro más importante de los Presupuestos Generales del Estado 2017 y 2018 ha sido, sin duda, la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los correspondientes a la financiación autonómica. Eso ha supuesto unos 220 millones de euros el pasado año, más de 400 millones de euros en el actual ejercicio y superará los 500 millones de euros el próximo año. Se trata de recursos que van destinados a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación y los servicios sociales y permiten superar la pérdida de participación que nos lastró entre 2009 y 2016. Además, esta trascendental medida quedará incorporada al REF y al Estatuto de Autonomía de Canarias.

Asimismo, al margen de todo lo relacionado con la movilidad que, en dos ejercicios, ha posibilitado que, de forma permanente, tengamos un 75% de descuento en los desplazamientos aéreos y marítimos entre las islas y entre éstas y el resto del Estado, así como las bonificaciones del cien por cien al transporte de mercancías; son numerosos los contenidos sociales adicionales que hemos logrado incorporar en este debate de las cuentas públicas estatales para lo que queda de 2018.

Pobreza

En primer lugar, estableciendo un acuerdo que permite incluir en los presupuestos 30 millones de euros destinados a combatir la pobreza en las islas. Logrando, además, como pretendíamos, que en el Régimen Económico y Fiscal se garanticen recursos estatales anuales en este ámbito mientras los indicadores de pobreza y exclusión social de Canarias se encuentren por encima de la media estatal.

Asimismo, Nueva Canarias ha conseguido que el Estado aporte 10 millones de euros para medidas en materia de vivienda, accesibilidad y empleo en las islas.

Entre las medidas aceptadas en estas cuentas públicas se incluyen el Plan Integral de Jinámar en Telde, un plan de empleo para Icod de Los Vinos, la renovación urbana de Las Rehoyas en Las Palmas de Gran Canaria y otro proyecto para la eliminación de las barreras arquitectónicas en infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura. También la renovación urbana en Marente de Santa María de Guía, la regeneración de Tinasoria en Arrecife y del barrio del Becerril en Gáldar, así como una partida para la cooperación humanitaria del Cabildo de Gran Canaria.

Asimismo, Nueva Canarias suscribió con el Gobierno estatal un documento que contiene un compromiso singular destinado a las camareras de piso, las kellys, y al resto de trabajadores y trabajadoras del sector, que supone una garantía de continuidad de la Mesa de Calidad en el Empleo en el sector de la Hostelería, creada gracias al acuerdo de NC con Madrid de 2017.

También se ha logrado cerrar un aumento de las partidas educativas, deportivas y culturales existentes en el proyecto de ley por unos 7,2 millones de euros y consolidar los 42 millones de euros del Plan de Empleo (PIEC), así como elevar de 10 millones de euros a 42 millones de euros el Plan de Infraestructuras Educativas.

Estos avances, este significativo incremento de recursos, precisa de un Gobierno canario más comprometido en el desarrollo de sus competencias en este ámbito. Con una mejor gestión que posibilite sacar a Canarias de los lugares de cola que hoy ocupa en sanidad, educación y políticas sociales.

Violencia de género y pensiones

Nuestro voto ha sido también fundamental para que el Plan de Lucha contra la Violencia de Género –fruto del Pacto de Estado aprobado en septiembre de 2017 por la práctica totalidad de las fuerzas políticas, con la abstención de Unidos Podemos- disponga de 200 millones de euros en este ejercicio. Ya en solitario habíamos conseguido, a través de nuestras enmiendas, arrancar al Ejecutivo de Mariano Rajoy 50 millones de euros adicionales y ante la oportunidad de completarlos con una enmienda que exigía para su aprobación de nuestro voto, nos sumamos de forma consecuente a la misma, contribuyendo a alcanzar este justo objetivo.

Lo que permitirá poner en marcha, en este segundo semestre del año, medidas –educativas, judiciales, policiales, de protección a las víctimas…- para combatir esta lacra que atenta contra la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres.

Por otra parte, las cuentas públicas estatales para 2018 incluyen la subida de las pensiones, evitando la pérdida de poder adquisitivo para millones de personas jubiladas. Estas se elevan un 1,6% este año y un 1,5% en 2019, por un costo global adicional entre los dos ejercicios de más de 3.700 millones de euros. Y estableciendo una subida de mayor cuantía para las pensiones más bajas y las de viudedad.

Aunque, como he señalado en distintas ocasiones, no es en los presupuestos donde puede y debe solventarse el tema de las pensiones. Su financiación y sostenibilidad debe cerrarse en el marco del Pacto de Toledo, garantizando este pilar fundamental del Estado social. Abordando la posibilidad de su financiación parcial vía cuentas públicas estatales y buscando fórmulas que mejoren su equidad y disminuyan la actual y profunda brecha de género.

Los Presupuestos Generales del Estado del 2017 y del 2018 no son nuestras cuentas públicas. Ni participamos en su elaboración ni formamos parte de los grupos que apoyan al Gobierno y que tienen un pacto de legislatura con éste; NC votó no a Rajoy y sí a la investidura de Sánchez. Pero situados en la tesitura de una prórroga de los anteriores presupuestos y ante la ausencia de alternativa alguna posible a estos PGE, hemos realizado un gran esfuerzo de responsabilidad para mejorarlos, tanto en lo referido a Canarias como en diferentes medidas y actuaciones que corresponden al ámbito estatal.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de nueva Canarias.

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