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SÍ ES LEY,PERO NO DE SERVICIOS SOCIALES I. Por REDESSCAN

SÍ ES LEY,PERO NO DE SERVICIOS SOCIALES I

Desde REDESSCAN hemos visto la necesidad de realizar una serie de artículos de opinión, de los cuales éste es el primero, sobre el contexto y la elaboración de la nueva ley de Servicios Sociales de Canarias que actualmente se encuentra en trámite administrativo. Para ello, en este primer
artículo explicaremos lo que son los Servicios Sociales; el recorrido de la Ley 9/1987, de 28 de
abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias; el impacto de la crisis del
2008 en los Servicios Sociales públicos y sus consecuencias en la población.
Debemos partir de la premisa que los Servicios Sociales son un sistema de protección de
responsabilidad pública que debe garantizar el acceso a los derechos sociales para todas las
personas, dar cobertura a las necesidades básicas de todas las personas y redistribuir la riqueza. por
ello los Servicios Sociales es uno de los cuatro pilares del Estado de Bienestar junto con la Sanidad,
la Educación y la Garantía de rentas. Aunque el Sistema Público de Servicios Sociales, en muchas
ocasiones se interpreta que es un sistema para atender las necesidades de las personas
empobrecidas, como ciudadanía debemos reivindicar el carácter universal de los Servicios
Sociales, ya que en algún momento de nuestras vidas cualquiera de nosotras podemos necesitar
apoyo para poder hacer frente a dificultades de índole personal, familiar o comunitario que afecten a
nuestro bienestar.
En Canarias contamos con una ley de Servicios Sociales desde 1987. En esta ley se recogía en
el preámbulo el principio de responsabilidad pública, el cambio de las estructuras socio económicas
y el principio de universalidad, premisas que están muy lejos del asistencialismo al que se ha visto
abocada la ley por la falta de desarrollo y financiación. En la misma se establecen valores tales
como la Justicia social y la equidad, además de la redistribución de la riqueza y el papel de los
Servicios Sociales como garantes de derechos.
También establecía en su artículo 2. f) los programas integrados destinados a desarrollar
acciones estructurales que precisan de la intervención de diversas Consejerías de la Comunidad
Autónoma o varias Administraciones Públicas. Y en su artículo 5., dentro de los niveles de
organización, daba un papel fundamental a los servicios sociales comunitarios cuyo objeto es
promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos.
Esta ley cuenta con unas muy buenas bases y abría el camino para desarrollar y consolidar
actuaciones dentro de un sistema que más de 30 años después aún no se ha alcanzado y, peor aún
que ahora se plantean como algo nuevo y novedoso que aparecerá en la nueva ley de servicios
sociales. Llevamos 30 años esperando por planes de Servicios Sociales, esperando por una
regulación de la composición de los equipos profesionales, por la elaboración de mapas de
necesidades y recursos, por la definición de prestaciones y servicios, por la clarificación de
estructuras, funciones y competencias. Todo ello aparecía en la ley, pero nunca se cumplió.
La crisis fue un elemento que afectó a todas las estructuras y sistemas que forman parte de una
manera u otra de nuestras vidas, pero aquellas que ya entraron en la crisis en una clara desventaja,
como es el caso del Sistema Público de Servicios Sociales el impacto que sufrió ha tenido enormes
y graves consecuencias tanto para el propio sistema como para la población que requería acceder a
derechos y/o cubrir necesidades de diversa índole. En primer lugar este sistema, ya de entrada
deficitario en financiación, estructura, recursos e infraestructura vio aumentada la demanda de
atenciones en 7 años en un 60%, mientras que la financiación del mismo sólo se ha desarrollado en
un 20%, sobre todo por el crecimiento en las partidas de prestaciones económicas, a la par que
disminuían partidas destinadas a mantener servicios y personal, con descensos en algunos
programas que han llegado incluso 81% como ha sido el caso de los programas de alojamiento
alternativo. En estos años el Sistema Público de Servicios Sociales ha estado constantemente en una
montaña rusa debido a una total falta de planificación financiera y organizativa y donde se ha
pretendido curar graves heridas poniendo tiritas, y donde se gestionan miserias y no el acceso a los
derechos sociales.
Canarias se caracteriza por encontrarse en la mayor parte de los estudios e informes
relacionados con los SS.SS. en los últimos puestos de desarrollo. Un claro ejemplo de ello es la
puntuación de nuestra Comunidad Autónoma en el Índice DEC (un estudio a nivel nacional que
mide la implantación de los SS.SS. en cada comunidad) en aspectos como los derechos y las
decisiones políticas, el esfuerzo económico y la cobertura de servicios. Canarias de una puntuación
sobre 10 obtiene un 2.4. La tercera nota más baja entre todas las Comunidades Autónomas.
Está claro que no existe voluntad por parte de los responsables públicos de apostar por este
Sistema de Protección Social, y por ende por el bienestar de la ciudadanía. Ya que así fuera no
permitirían que hubiera un 44% de la población canario en riesgo de pobreza, que un 29,5% de la
población esté con una baja intensidad en el trabajo, que más del 58% de personas con derecho al
acceso a prestaciones de la la Ley de Promoción y Autonomía Personal no lo tengan, que existan
miles de situaciones en limbos esperando resoluciones y actuaciones en materia de infancia y
familia, discapacidad, mujer, personas sin hogar, personas migrantes, personas mayores… Es de
vergüenza.
Exijamos a los responsables políticos, que se centren en trabajar por el bien común y no por
los intereses de unos pocos, que inviertan en el Sistema Público de Servicios Sociales para
fortalecerlo y consolidarlo como cuarto pilar del Estado del Bienestar. Que trabajen por y para la
ciudadanía esa es su tarea, esa es su responsabilidad.
REDESSCAN, 10 de Enero de 2018, Canarias.

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