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Un Estatuto del siglo XXI. Por Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez

La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias entra en su recta final tras su mayoritaria aprobación en el Congreso. Contó con el voto favorable del diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo que solicitó, además, su tramitación urgente en el Senado y en el Parlamento de Canarias con el objetivo de que entre en vigor de la forma más inmediata posible, ante la incertidumbre que genera un posible adelanto electoral. Igual petición ha formulado nuestra senadora por Gran Canaria María José López. Queda aún su debate en la Cámara Alta y en el propio Parlamento canario, por los cambios introducidos en el texto que salió de las Islas.

Una actualización estatutaria que llega con más de diez años de retraso. En efecto, Coalición Canaria (CC) impidió que el Estatuto fuera reformado en 2007, cuando se daban todas las condiciones para que saliera adelante. CC renunció entonces a alcanzar más autogobierno, impidió que Canarias se colocara en los máximos niveles competenciales, por su temor a que en el debate parlamentario pudieran producirse modificaciones en el sistema electoral canario. Sacrificó el autogobierno por sus estrechos intereses partidistas.

Entre los elementos de avance en el autogobierno que incluye el nuevo Estatuto se encuentran, entre otros, la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los de la financiación autonómica. Y la ampliación de competencias en áreas como sanidad y comercio exterior, puertos y aeropuertos de interés general, telecomunicaciones o gestión del litoral. Así como en el transporte marítimo que se lleve a cabo exclusivamente entre puertos de Canarias.

Relevante es, también, su artículo 4.1, que señala que el ámbito espacial de la comunidad, “comprende el archipiélago canario, integrado por el mar y las siete islas con administración propia… así como por La Graciosa y los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste”. Reconoce a La Graciosa como isla e incluye, por primera vez, el mar que rodea a las islas en “un contorno perimetral que siga la configuración general del archipiélago… Las aguas que queden integradas dentro de este contorno perimetral recibirán la denominación de aguas canarias y constituyen el especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Derechos y deberes

Se incorporan en su articulado un amplio capítulo de derechos y deberes, indicándose que los poderes públicos de las Islas “garantizarán el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razones de sexo, nacimiento, género, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Plantea, además, la posibilidad de realizar “acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas”.

Su texto incluye compromisos en torno a la familia, los menores, los mayores, las personas en situación de discapacidad o dependencia y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, indicando que “se adoptarán medidas efectivas para educar en valores de igualdad, no sexistas, así como políticas y acciones activas” de protección integral a las víctimas de la violencia machista, prestando especial atención al desarrollo de medidas preventivas.

Así como otros referidos a orientación sexual, salud y educación, vivienda, mundo laboral, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, participación, culturales o medioambientales. Señala también que “las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía”, la renta básica canaria que hemos venido defendiendo desde NC. Aunque es cierto, como ya he señalado otras veces, que el reconocimiento de un derecho no garantiza su automático cumplimiento. Como sucede con la Constitución y el derecho a la vivienda, hoy en buena medida quebrado para sectores muy amplios de personas y familias.

Por otra parte, con relación a los aforamientos, que han generado polémica en el período más reciente, el Estatuto canario es el primero en el que, sin fijar restricción alguna, los elimina para los cargos públicos.

Asimismo, de manera novedosa y acorde con la creciente sensibilidad en esta materia, su articulado aborda los derechos de los animales, reconociéndolos como “seres que sienten y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad”.

Reforma electoral

El nuevo Estatuto incorpora, en su disposición transitoria primera, la reforma del sistema electoral vigente desde el 82. Establece un Parlamento integrado por setenta escaños, mantiene la actual distribución por islas excepto en el caso de Fuerteventura, que pasa de siete a ocho. A ello se le suma una circunscripción autonómica de nueve escaños. Se reducen, asimismo, las barreras de acceso a la Cámara (actualmente del 30% insular y 6% archipelágico), que ahora serán del 15% de los votos válidos en la circunscripción insular o del 4% de los autonómicos.

Constituye una reforma moderada, que debe entrar en vigor para los comicios de 2019, que permite ganar en proporcionalidad y evitar que formaciones con suficiente apoyo popular en las urnas queden fuera del Parlamento, como en su momento le sucedió a Nueva Canarias (2007) o a Ciudadanos (2015). Y en cuya redacción se compromete a la Cámara canaria a elaborar, en un plazo de tres años, una ley electoral aprobada por una mayoría de tres quintos.

Se trata, por tanto, de un nuevo Estatuto que supone significativos avances en autogobierno -en los niveles máximos competenciales que posibilita el actual marco constitucional-, que blinda los recursos fiscales del REF e incorpora significativos derechos sociales y ciudadanos; y que contribuye a elevar la calidad democrática. Permite, asimismo, una mejora de la definición territorial de nuestra comunidad, con el reconocimiento de las aguas canarias.

Un renovado Estatuto que ha supuesto un gran esfuerzo de acuerdo entre fuerzas políticas con planteamientos muy diferentes. Una norma, que puede y debe ser aprobada en los próximos meses, que inaugura una nueva etapa en el autogobierno. Que valoramos por lo que supone de avance, aunque en Nueva Canarias no renunciamos a seguir profundizando en el autogobierno, desde una reforma constitucional que posibilite un modelo federal del Estado.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

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