Bolaños dice al juez que no contrató a la asesora de Gómez y que se hizo conforme a la ley

17 de abril 2025/Agencias
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado ante el juez Peinado que no participó en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ni fue su superior, pero ha asegurado que dicha contratación se hizo conforme a la ley.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el ministro, que ha testificado este miércoles en Moncloa ante el juez que investiga a Begoña Gómez, ha recordado que la figura de asistente de la mujer del presidente ha existido con todos los gobiernos anteriores y que la única diferencia es que en esta ocasión solo había una asistente y las esposas de anteriores presidentes tenían varios.

El ministro, que ha respondido «con detalle» a todas las preguntas y ha aportado toda la información requerida, ha declarado que no fue jefe de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, ni participó en su nombramiento, si bien ha asegurado que este se hizo conforme a la ley y como se han hecho con los anteriores presidentes.

El juez Juan Carlos Peinado, que se ha desplazado a Moncloa por segunda vez durante el año que lleva abierta la causa para interrogar a un miembro del Gobierno (la primera fue el 30 de julio con Pedro Sánchez), investiga por un presunto delito de malversación el nombramiento de Cristina Álvarez para asistir a Begoña Gómez en cuestiones de agenda.

Se produjo en 2018, cuando Bolaños era secretario general de Presidencia del Gobierno, y la citación del ministro como testigo se produce después de que Cristina Álvarez (investigada en la causa) y quien propuso su nombramiento (el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González) le mencionaran durante sus declaraciones ante el juez.

Bolaños, que ha testificado el mismo día que se cumple un año de investigación, ha defendido que la figura de asistente de la mujer del presidente ha existido siempre, ya que ellas acuden a distintos actos, y esta actividad debe tener cierto control, añaden las fuentes.

Ha explicado que se trata de un cargo eventual, para los que la normativa permite el nombramiento y cese libre, y que él no tenía por qué saber que se contrataba a esta asesora, porque las competencias para tramitar esos contratos las tenía el vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González.

En un momento del interrogatorio, según las fuentes, Peinado ha exigido a Bolaños que le dijera quién fue el responsable del personal en Moncloa en ese momento, por lo que el ministro ha tenido que salir de la sala y hacer unas llamadas. Tras esto, la conclusión ha sido que el nombre de este coordinador lo tenía ya el juez en la información que le habían remitido desde Moncloa cuando se le solicitó.

La declaración del ministro ha comenzado con retraso, según las fuentes, porque el juez ha mostrado su disconformidad con la disposición de la sala y ha pedido una tarima sobre la que situar su asiento.

También se ha prolongado más de lo esperado -unas dos horas y 20 minutos- porque el juez ha acordado reproducir la declaración como testigo del exvicesecretario de Presidencia que citó su nombre cuando le preguntaron quién era su superior, y por el inciso en el que Bolaños ha tenido que salir de la sala a comprobar quién era coordinador de Personal en Moncloa en 2018.

En total, el juez Peinado ha estado casi cuatro horas en Moncloa, adonde ha llegado en un coche oficial proporcionado por el Ministerio de Presidencia después de que el magistrado se quejase del tiempo «superior al necesario» que el vehículo en el que viajaba fue retenido cuando hace un año fue a tomar declaración a Pedro Sánchez.

Ayer mismo, en otra providencia, el juez opinó que «carece de sentido» que un policía fuese, junto al conductor, en el vehículo proporcionado y estableció que el agente podría ir hasta Plaza de Castilla a recoger a la comisión judicial, pero después no podría acompañarles hasta Moncloa.

Además de a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, el juez investiga a otras tres personas en esta causa: el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; y el exconsejero madrileño y directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes.