IUC reclama la paralización de los parques eólicos El Pilón I y II en Fasnia y Güímar por su impacto ambiental y territorial
28 de abril 2025
La formación presenta alegaciones contra un proyecto que califican de destructivo y especulativo y reclama una planificación energética justa y participada
El movimiento político de izquierdas denuncia el uso abusivo de la declaración de utilidad pública para beneficiar los intereses privados sobre suelo agrícola protegido
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha presentado alegaciones formales ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias para solicitar la paralización de los proyectos de parques eólicos El Pilón I y El Pilón II, impulsados por DISA Energía Renovable S.L.U. en los municipios tinerfeños de Fasnia y Güímar. La formación denuncia que se trata de una agresión al medio rural, al paisaje cultural de la comarca de Agache y a los derechos de las comunidades locales, en nombre de una transición energética desordenada y mercantilizada.
Las alegaciones, elaboradas por el equipo técnico de IUC con la participación de militancia local y expertos en ordenación del territorio, apuntan a múltiples irregularidades en el expediente: ausencia de planificación estratégica, impactos ambientales no evaluados adecuadamente, infracción de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, y un uso abusivo de la figura de utilidad pública para legitimar expropiaciones y ocupaciones forzosas.
“El Pilón I y II no son proyectos energéticos al servicio del bien común, sino operaciones privadas que destruyen suelo rústico protegido y consolidan un modelo extractivista”, denuncia Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de Izquierda Unida Canaria. “Queremos energías renovables, pero no así: no a costa de nuestra tierra, nuestras medianías ni nuestras comunidades”.
IUC advierte que los seis aerogeneradores proyectados, con más de 150 metros de altura, impactarían de forma irreversible en suelos agrícolas, hábitats de valor ecológico y paisajes culturales como el del jable de Agache. Además, atraviesan zonas protegidas como el Monumento Natural del Barranco de Herques y la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar. “Ni el Estudio de Impacto Ambiental ni los informes del promotor aportan justificación técnica ni alternativas viables: estamos ante un caso de planificación energética improvisada e irresponsable”, añade Tamayo.
Por su parte, Nayra Caraballero, portavoz de la Asamblea Local de IUC en Güímar, subraya el rechazo vecinal: “La comarca lleva años apostando por la recuperación del paisaje, la agricultura de medianías y un modelo de desarrollo sostenible. No vamos a permitir que nos conviertan en zona de sacrificio para enriquecer a multinacionales sin que quede un solo beneficio en el territorio”. En esta línea, recuerda que ambos ayuntamientos han manifestado su oposición al proyecto y que la coalición Unidas Sí Podemos en Güímar —en la que participa IUC— ha denunciado la falta de información y participación.
La formación propone una alternativa clara: planificación insular de las energías renovables con criterios ambientales, sociales y de participación pública, priorizando la repotenciación de instalaciones existentes, el autoconsumo y el desarrollo de comunidades energéticas. “No estamos en contra de la transición energética. Al contrario, somos firmes defensores de una transición justa. Pero no aceptamos que se imponga sin debate, sin planificación y a costa de lo más valioso que nos queda: nuestro territorio”, concluye la portavoz.
La organización ha solicitado además que se archive el procedimiento actual y se inicie un proceso de evaluación ambiental estratégica para ordenar el despliegue de renovables en el sureste de Tenerife. También propone incluir las zonas afectadas en redes de protección agraria y cultural, e impulsar planes de desarrollo agroecológico y turístico sostenible que respeten la identidad del paisaje y los modos de vida rurales.
Con esta acción, Izquierda Unida Canaria reafirma su compromiso con la justicia territorial, la defensa del suelo agrícola y la soberanía energética al servicio del pueblo canario.
