Un acusado declara que alcaldes de la trama Púnica pedían 600.000 euros por los sobornos
01 de mato 2025/Agencias
Un responsable del Departamento Comercial de Cofely entre 2012 y 2014, Pedro G.P., acusado en el caso Púnica, ha declarado este miércoles en el juicio que alcaldes de la trama, del PP y del PSOE, llegaron a exigir hasta 600.000 euros de comisión para que sus ayuntamientos adjudicaran a la empresa servicios energéticos.
La Audiencia Nacional juzga a 36 acusados, entre ellos nueve exalcaldes, la mayor parte de ellos del PP y de localidades de la Comunidad de Madrid.
Son objeto de la causa adjudicaciones a Cofely por los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco (por 4.111.395 euros), Moraleja de Enmedio (2.861.975), Parla (54.659.019), Alcalá de Henares (11.847.479), Valdemoro (50.280.748), Collado-Villalba (35.467.135), Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma 224 millones de euros.
Pedro G.P. ha señalado que para introducirse en los ayuntamientos y tener una posición de privilegio en los mismos Cofely contrató como asesor comercial a David Marjaliza, empresario de la construcción arrepentido y exsocio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
Ha añadido que una vez adjudicados los contratos de servicios energéticos a Cofely «se inflaban» facturas para atender el pago de comisiones y dádivas y se elaboraban otras para dar cobertura al dinero 0que se quedaba Marjaliza, que actuaba como ‘conseguidor’.
El acusado ha destacado que en los ayuntamientos de Parla, Collado-Villalba y Móstoles les llegaron a exigir 600.000 euros de comisión, una cantidad que luego renegociaron en los tres casos.
Así en el caso de Parla ha relatado que Marjaliza le dijo que el entonces alcalde, el acusado José María Fraile, del PSOE, pedía una comisión de 600.000 euros que luego se redujo a 500.000.
En cuanto a Collado-Villalba, cuyo alcalde en la época de los hechos, Agustín Juárez, del PP, está también acusado, ha dicho que también exigieron una comisión de 600.000 euros, que finalmente se redujo a 400.000.
Y respecto a Móstoles ha indicado que el entonces concejal de Medio Ambiente, el acusado Alejandro Utrilla, reclamó igualmente una comisión de 600.000 euros y le dijo que era para el alcalde en esa época, el también procesado Daniel Ortiz Espejo, del PP.
Ha añadido que en este caso se plateó finalmente la posibilidad de realizar un pago de 240.000 euros pero la cuestión quedó pendiente de resolverse en Cofely.
También ha relatado otras comisiones pactadas de cuantías inferiores como una de 30.000 euros al entonces alcalde de Moraleja de Enmedio, el acusado Carlos Alberto Estrada, del PP, por un contrato de alumbrado exterior, y una petición de otros 100.000 por otro proyecto de servicios energéticos que no se materializó.
Pedro G.P. ha recordado que recibían presiones para el pago de estas comisiones por parte de algunos de los responsables políticos y ha asegurado desconocer si Marjaliza terminó pagando todas las que había acordado.
Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos Pedro G.P. y los exalcaldes de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (del PP); Parla, José María Fraile (PSOE), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).
También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.
Se trata de José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado-Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).