IUC denuncia que la reforma de la Ley del Suelo abre la puerta a una nueva ola de especulación y destrucción del territorio
05 de mayo 2025
La formación presenta un extenso documento de alegaciones donde alerta de la desprotección del suelo rústico, la vulneración de derechos ambientales y la pérdida de autonomía municipal
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha presentado un documento de alegaciones al anteproyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, actualmente en proceso de consulta pública. La organización denuncia que el nuevo texto consolida un modelo de desregulación urbanística profundamente lesivo para el territorio, los recursos naturales y los derechos democráticos de la ciudadanía.
Según IUC, esta reforma perpetúa y amplía los efectos negativos de la Ley del Suelo de 2017, impulsada también por Coalición Canaria, y representa una nueva ofensiva legislativa al servicio de intereses especulativos. “Se está construyendo una ley que vacía de contenido la planificación democrática, desprotege el suelo rústico y reduce drásticamente los controles ambientales y los márgenes de participación ciudadana”, advierte Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IU.
Entre los elementos más graves del anteproyecto, IUC destaca:
● La desprotección del suelo rústico, permitiendo la edificación residencial y actividades económicas no vinculadas a su función agraria o ecológica.
● La generalización de los proyectos de interés insular, que pierden su carácter excepcional y se convierten en un instrumento ordinario para sortear los planes urbanísticos municipales e insulares.
● La reducción de los mecanismos de evaluación ambiental, que choca con las directivas europeas y el principio de precaución.
● La merma de la participación democrática, con plazos de exposición pública insuficientes y sin garantías de debate ciudadano real.
● La vulneración de la autonomía municipal, al recentralizar competencias y permitir que decisiones clave en materia urbanística escapen del control de los ayuntamientos.
La formación también alerta sobre las referencias implícitas a la legislación urbanística complementaria, como el reciente Decreto Ley para agilizar licencias que permite la sustitución de informes técnicos municipales por certificaciones emitidas por entidades privadas. “Se trata de una privatización encubierta de potestades públicas, que vulnera el Estatuto del Empleado Público, la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, añade Tamayo.
El documento presentado incluye propuestas alternativas centradas en un modelo de ordenación sostenible, con la protección estricta del suelo rústico, el refuerzo de la vivienda pública, la limitación del alquiler vacacional y la creación de órganos de control ciudadano. También exige una moratoria sobre nuevos proyectos de interés insular y la restitución de procedimientos democráticos de planificación.
“No se puede justificar una reforma de esta magnitud con el argumento de la emergencia habitacional si no se ataca la raíz del problema: la falta de política pública de vivienda, el acaparamiento especulativo del suelo y la turistificación sin control”, insiste la Coordinadora Nacional.
IUC solicita al Gobierno de Canarias la paralización inmediata de la tramitación del anteproyecto y la apertura de un proceso deliberativo real con participación de la sociedad civil, colectivos ecologistas, ayuntamientos y colegios profesionales. “Canarias no necesita más cemento, sino un modelo territorial que garantice el derecho a la vivienda, el equilibrio ecológico y la cohesión social. Esta ley, tal y como está planteada, va en la dirección contraria”, concluye Tamayo.
