NC-BC censura al Gobierno de Clavijo por usar la emergencia habitacional para favorecer el negocio privado de la vivienda

14 de mayo 2025
Carmen Hernández mantiene que el decreto 3/2025 de CC y el PP abre la puerta a la especulación urbanística y a la privatización de competencias públicas

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) rechazó la convalidación del decreto 3/2025 del Gobierno presidido por Fernando Clavijo por utilizar la emergencia habitacional en Canarias como excusa para favorecer el negocio privado de la vivienda y privatizar funciones públicas, lo que choca con la Constitución. El grupo canarista apoyó su tramitación como proyecto de ley para tratar de mejorar una norma que abre la puerta a la especulación urbanística. La portavoz parlamentaria en la materia, Carmen Hernández, subrayó que el decreto ley no resolverá el problema de la vivienda, sino que lo agravará por su dudosa legalidad, su confusa implementación y la resistencia de los técnicos municipales a su aplicación. Advirtió de que, en lugar de solucionar los retrasos en la concesión de las licencias de obras, generará conflictos legales y la paralización de proyectos. “Agilizar los procedimientos administrativos, sí, pero con seguridad jurídica y en defensa del interés general”.

La diputada de NC-BC reconoció a las dos derechas canarias que son “buenos” en hacer de la vivienda un “negocio”. En dos años de legislatura han impulsado tres normas para “eliminar los obstáculos que les impiden ese objetivo de aumentar la especulación” inmobiliaria, criticó Hernández.

Pero, para el nacionalismo progresista, tal y como señaló, es “terrible” que el gabinete de Clavijo use la “emergencia habitacional, la angustia de las familias, la frustración y la desilusión de nuestros jóvenes…para favorecer el negocio” de la vivienda. Por políticas de este tipo, según Carmen Hernández, es difícil que, por el momento, se dé la unidad del nacionalismo en las islas. “Ustedes ven a Canarias como un gran salón donde jugar al Monopoly, donde vender y comprar suelo y hacer viviendas para enriquecerse unos pocos…Nosotros vemos a Canarias como nuestro hogar”, distinguió la portavoz de NC-BC.

Tras indicar que el decreto ley también ha sido cuestionado por las 32 páginas de alegaciones de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), señaló que los técnicos municipales, encargados del informe jurídico que avala la licencia de obra se oponen con rotundidad a esta norma. “Les están diciendo que es una barbaridad, que están usurpando funciones que la Constitución reserva a los empleados públicos (la objetividad, la imparcialidad y la defensa del interés general)”, subrayó.

“Estamos rotundamente en contra de privatizar” funciones públicas, como los servicios de urbanismo”, denunció Carmen Hernández. Dejar en manos del sector privado las licencias de obra, añadió, pone en “grave riesgo” la gestión del suelo. Es un “grave atentado contra un principio constitucional básico que viene recogido en el artículo 103”. CC y el PP, primero declararon, según relató, la emergencia habitacional para justificar un decreto ley diciendo que el problema era la falta de suelo. “Dos años después no hay vivienda y ahora el problema son las licencias”, criticó.

Si fuera real el retraso en la concesión de licencias, hecho que puso en duda, Hernández dijo que “no es razón suficiente para privatizar” los permisos urbanísticos. Propuso dotar de más recursos a las oficinas técnicas municipales, exigir a los cabildos que apoyen a los municipios pequeños y agilizar, desde dentro del sistema, sin privatizar. “Agilizar los procedimientos administrativos, sí, pero con seguridad jurídica y en defensa del interés general”, según la parlamentaria de NC-BC.

Reprochó al Ejecutivo de las dos derechas canarias que no haya presentado informes técnicos que avalen la necesidad o urgencia del decreto. Mantuvo que se está legislando por decreto basándose únicamente en las opiniones del sector privado, sin sustento jurídico ni técnico suficiente. En ese sentido, citó el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias (CCC) y sentencias del Tribunal Supremo. Hizo hincapié en el informe del CCC cuando mantiene que la “extraordinaria y urgente necesidad no ha sido justificada suficientemente” por el decreto ley cuando es una “condición previa determinante para darle legalidad” a esta norma.

Carmen Hernández reivindicó el trabajo del pacto de progreso en la pasada legislatura que supuso la aprobación de un plan de vivienda con una ficha financiera de más de 600 millones de euros, que hoy es la razón de las “grúas que se ven” en los municipios.