La inacción del Gobierno canario fomentará la turismofobia

Las movilizaciones del 18 de mayo, convocadas bajo el lema Canarias tiene un límite, resultaron, sin duda, muy exitosas. Con diferencias entre los distintos territorios insulares, como ya sucedió en las del 20 de abril de 2024. Con un conjunto de reivindicaciones centradas en el modelo de desarrollo, la necesaria modulación del crecimiento turístico, la mejora de las condiciones salariales y laborales en el Archipiélago, el crecimiento demográfico, la defensa de la identidad canaria y las mayores facilidades para acceder a una vivienda. Contaron con una participación numéricamente amplia y muy diversa en su composición.

A sus convocantes hay que reconocerles su oportunidad, su capacidad de detectar un cada vez más extendido malestar colectivo y llamar a movilizarse para exigir que se comience a transformar esta situación. Para evitar que, como ha sucedido en otros destinos relevantes surjan brotes de turismofobia,

Esta se manifiesta y crece cuando el turismo no es sostenible, cuando deteriora el territorio y el medio ambiente, cuando influye en incrementar las dificultades en el acceso a la vivienda de la población local, cuando desplaza a los residentes de sus barrios y acaba con su pequeño comercio, cuando no impacta lo suficiente en el bienestar de la mayoría… Y cuando, ante esas circunstancias, los gobiernos deciden no hacer nada.

Tenerife, la más concurrida

Al igual que ocurrió hace un año, la manifestación más concurrida fue, con diferencia, la de Tenerife. Una isla en la que sus dirigentes políticos vienen apostando reiteradamente por un desarrollismo que tiene numerosos efectos negativos. Con tres millones de turistas anuales más que en Gran Canaria (y, curiosamente, similares tasas de desempleo y semejante renta per cápita), un crecimiento poblacional que les acerca al millón de habitantes, varios macroproyectos turísticos en marcha o de infraestructuras muy cuestionables, como el puerto de Fonsalía…

Un desarrollismo que tiene consecuencias visibles en los permanentes atascos en las carreteras, la saturación de los servicios públicos, la crisis habitacional, la elevada demanda eléctrica y de agua, los graves problemas de depuración de aguas en algunos municipios y la consiguiente contaminación de varias de sus playas. Lo que está llevando a un progresivo malestar de su población ante esta realidad en la que el modelo de desarrollo trae más inconvenientes que ventajas.

Ante ese negativo panorama, que se repite con matices y niveles distintos en otras islas (los crecimientos poblacionales de las últimas décadas en Lanzarote y, especialmente, de Fuerteventura son disparatados), decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas exigieron en las calles canarias soluciones reales a problemas estructurales que desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) venimos denunciando desde hace años: la crisis habitacional, el turismo de masas insostenible, la precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de identidad y el abandono del medio ambiente.

Estas soluciones pasan por la adopción de un conjunto de medidas. Entre las que concitan mayor consenso se encuentran la moratoria turística, la ecotasa, restringir la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en las Islas o la adecuada regulación del alquiler vacacional. La mayoría de ellas, justo las que tienen más impacto en la reorientación del modelo, se pueden y deben decidir en nuestras instituciones de autogobierno.

Moratoria por islas

Con relación a la primera, la moratoria, desde NC-bc planteamos frenar en el medio y largo plazo el crecimiento en las islas turísticas a través de la desclasificación de suelo turístico no desarrollado, a suelo rústico. Así como establecer de manera transitoria hasta la definición y aplicación de nuevas medidas de contención del aumento poblacional, una limitación al crecimiento de plazas alojativas (hoteleras y extra-hoteleras) condicionado a las distintas realidades insulares en las islas turísticas. Y con un tratamiento diferencial a las islas verdes, con un crecimiento moderado desde parámetros de calidad y respeto medioambiental.

Así se hizo en 2001, con la ley de moratoria (ley 6/2001 de medidas urgentes en materia de territorio y del turismo de Canarias), que desclasificó centenares de miles de camas y posibilitó, por ejemplo, que el barranco de Veneguera quedara a salvo de la macrourbanización turística que planeaba sobre el mismo. Una moratoria que no supuso desembolso económico alguno a la Comunidad Canaria, aunque alguno, como el presidente Clavijo, diga lo contrario, faltando a la verdad, para encubrir su inacción, su nula voluntad de modificar el actual e insostenible modelo.

Un proceso que se culminó con las directrices de ordenación de 2003, cuya orientación apuntaba hacia un crecimiento modulado, la no ocupación de más territorio, optando por la reforma de la planta obsoleta, y la renovación de las ciudades turísticas, así como la diversificación y la cualificación de la oferta y una mayor formación del personal del sector. En los tres años siguientes solo se podía aumentar el 1% la oferta hotelera en las islas turísticas, siempre basada en parámetros de calidad; para las islas verdes se estableció una legislación específica (Ley 6/2002). Si esa contención del crecimiento turístico era necesaria entonces -cuando Canarias tenía 12 millones de turistas y una población de 1,7 millones-, ahora es mucho más necesaria con 18 millones de visitantes y en torno a los 2,3 millones de habitantes. La moratoria es la medida de mayor impacto, al frenar el aumento de la oferta y contener el crecimiento poblacional.

Igual sucede con la implantación de una ecotasa de carácter finalista que paguen los no residentes por su estancia en los alojamientos turísticos y cuya recaudación se invierta en la rehabilitación de las infraestructuras públicas y la preservación de los recursos naturales. CC y PP han tumbado numerosas propuestas de tasa turística en el Parlamento, tres de ellas presentadas por Nueva Canarias-Bloque Canarista.

También es preciso legislar adecuadamente sobre el alquiler vacacional, que ya supone más de un tercio de la oferta alojativa. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, lo que permitiría regular la actividad y evitar que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Asimismo, se hace preciso intervenir sobre la compra de viviendas por extranjeros no arraigados en las Islas, que está sirviendo para fomentar la más pura y dura especulación. Aunque avanzar en el tema de la vivienda exige muchas más iniciativas: disponer de una financiación estable, plurianual y suficiente en este ámbito; más promociones de vivienda protegida, tanto de carácter social como a precio limitado en alquiler; actuaciones para movilizar una parte de las 210.000 viviendas vacías con que cuenta Canarias…

En definitiva, las manifestaciones del 18M son la expresión legítima de un extendido malestar ante una realidad insostenible que puede y debe ser transformada. Canarias dispone de competencias para hacerlo posible. Pero su Gobierno carece de cualquier intención de cambio. Como oposición responsable en el Parlamento de Canarias, exigimos al Ejecutivo de CC-PP que deje de mirar hacia otro lado y se implique en decisiones trascendentales para el presente y el futuro de esta tierra. Desde NC-bc seguiremos trabajando en el Parlamento y en la calle para canalizar estas demandas populares en propuestas concretas que transformen nuestro modelo de desarrollo, desde la sostenibilidad, la justicia social y la defensa de nuestra soberanía. Se acabó el tiempo de los discursos vacíos. Canarias no puede esperar más. Si el Gobierno persiste en no actuar estará alimentando la turismofobia.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).