El Gobierno local defiende la autonomía municipal y la igualdad ante la ley que menoscaba el Decreto Ley para la agilización de licencias urbanísticas

La disposición normativa autonómica permite sustituir los informes técnicos municipales por informe de personas interesadas, lo que podría entrar en colisión con los fines de una entidad pública, así como un sistema de licencias a la carta

La alcaldesa, Carolina Darias, advierte del posible menoscabo a la autonomía municipal que implica la norma del Gobierno de Canarias, que no tiene en cuenta la legislación singular de los municipios de gran población y resta competencias a los ayuntamientos en la tramitación de licencias de viviendas

El Pleno rechaza con los votos del grupo de gobierno dar validez a los informes técnicos privados que presenten los interesados al amparo del Decreto Ley 3/2025
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de 2025. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha manifestado el parecer del Ayuntamiento, durante el Pleno ordinario del mes de mayo, sobre el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas del Gobierno de Canarias en cuanto a la posible pérdida de autonomía local y la vulneración del principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos.

Darias ha subrayado que la disposición normativa autonómica permite sustituir los informes técnicos municipales por informe de personas interesadas, lo que podría entrar en colisión con los fines de una entidad pública, así como un sistema de licencias a la carta, lo cual puede derivar en un sistema discriminatorio, en el que solo quienes dispongan de mayores recursos económicos accedan a una tramitación más ágil.

En este sentido, ha citado los dictámenes de los servicios jurídicos del propio Gobierno autonómico, que advierten que estos informes no gozan de la misma presunción de legalidad ni ofrecen las garantías de control y verificación que aseguran los elaborados por personal funcionario. “Podríamos estar ante un régimen de licencias a la carta, incompatible con los principios de equidad y control público que rigen la actuación administrativa”, ha afirmado.

La alcaldesa también ha defendido que la competencia es irrenunciable, tal como establece la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Si bien ha considerado, que siempre y cuando se la propia entidad local en ejercicio de sus competencias, la que decida encargar informes a otras entidades, ve viable explorar fórmulas de colaboración con medios propios —como GEURSA o incluso GESPLAN- o los colegios profesionales—, pero ha insistido en que estas opciones deben estar bajo el control directo del Consistorio y nunca ser impuestas desde fuera, ni reemplazar la intervención pública por informes privados.

En esta misma línea, el Pleno ordinario del Ayuntamiento aprobó con los 15 votos favorables del Grupo de Gobierno rechazar la eficacia de los informes técnicos emitidos en régimen de colaboración a instancia del interesado en el ámbito municipal, tal como contempla el artículo 5.4 del Decreto Ley 3/2025.

Darias ha reiterado que, si bien es necesario agilizar la concesión de licencias para dar respuesta a la demanda de vivienda, estas herramientas deben respetar la autonomía municipal, así como el principio de proporcionalidad, el control público y las competencias irrenunciables de las entidades locales. Además, ha recordado que el decreto no contempla la singularidad de los municipios de gran población, como Las Palmas de Gran Canaria, regulada en la Ley 57/2003, lo que supone una homogeneización normativa que ignora la complejidad administrativa de las grandes ciudades.

Por último, la alcaldesa en relación a la regulación que contiene esta norma sobre a declaración de zona residencial tensionada, ha lamentado la falta de respuesta formal del Ejecutivo autonómico a la solicitud presentada por el Ayuntamiento para declarar a Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada, pese a que el municipio cumple tres de los cuatro requisitos establecidos.

En suma, ha hecho una valoración positiva de su tramitación como proyecto de ley en el Parlamento de Canarias, para que se siga mejorando una iniciativa que tiene algunos aspectos valorables y otros que necesita adaptarse a la realidad competencial de los ayuntamientos y a la necesaria consideración de las funciones reservadas a funcionarios públicos que impliquen participación en el ejercicio de potestades públicas.