Los veterinarios de Canarias que se van a manifestar el sábado y el domingo contra el Real Decreto 666/2023 esperan contar con el apoyo de la ciudadanía

La manifestación en Tenerife y La Palma tendrá lugar el domingo a las 12:00

Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 2025 – El Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, junto al Consejo Canario de Colegios de Veterinarios, ha anunciado en rueda de prensa una serie de manifestaciones en distintas islas del archipiélago para los días 7 y 8 de junio. La convocatoria forma parte de una protesta a nivel nacional contra el Real Decreto 666/2023, que, según los profesionales, “limita gravemente las competencias de los veterinarios y pone en riesgo la salud de los animales y, por extensión, la salud pública”.

La presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y actual presidenta del Consejo Canario de Colegios de Veterinarios, María Luisa Fernández Miguel, fue la encargada de abrir la comparecencia:

“Esta normativa nos impide ejercer nuestra labor con rigor científico. Afecta a nuestra profesión, a los animales que tratamos y, por supuesto, a las familias que conviven con ellos”.

Por su parte, Mario González-Coviella, vicepresidente del Colegio tinerfeño, explicó la hoja de ruta de las movilizaciones, que tendrán lugar en toda España y también en varias islas del archipiélago:

• Sábado 7 de junio:
  • Las Palmas de Gran Canaria: 17:00 h, desde el Parque San Telmo.
  • Puerto del Rosario (Fuerteventura): 17:00 h, desde la Delegación del Gobierno.
• Domingo 8 de junio:
  • Santa Cruz de Tenerife: 12:00 h, desde la Plaza de Weyler.
  • Santa Cruz de La Palma: 12:00 h, desde La Alameda.
  • Villa de Teguise (Lanzarote): 12:00 h, frente al Palacio de Espínola.

“La ley nos ata las manos”

Durante su intervención, Fernández Miguel detalló los múltiples efectos negativos del Real Decreto, con ejemplos concretos de la práctica veterinaria diaria. En palabras de la presidenta, la legislación limita la capacidad de prescripción de medicamentos que, aunque avalados por la evidencia científica, no están contemplados específicamente en las fichas técnicas de los productos.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de la filariosis canina, una enfermedad con alta indicencia en Canarias que afecta a casi el 20% de los perros no desparasitados. El tratamiento eficaz requiere el uso del antibiótico doxiciclina para eliminar previamente la bacteria wolbachia, pero:

“La ficha técnica de la doxiciclina no contempla su uso contra la filaria, lo que nos impide administrarla, a pesar de que la ciencia nos dice que es esencial”, denunció Fernández Miguel.

Una normativa rígida, sin margen clínico

La presidenta también denunció la rigidez de la escala europea de uso de antibióticos adoptada por España como obligatoria:

“En otros países es una recomendación. Aquí se convierte en ley sin matices, y eso hace inviable su aplicación práctica en muchos casos”.

Puso como ejemplo los programas de control de colonias felinas (método CER), donde ya no es viable usar antibióticos de liberación prolongada sin realizar cultivos previos, lo cual es impracticable:

“¿Cómo vamos a hacer un cultivo a un gato callejero que capturamos una vez para esterilizar y soltar? ¿Cómo vamos a evitar que la herida se infecte en la calle?”

Obstáculos absurdos para tratamientos comunes

Fernández Miguel explicó cómo el Real Decreto impone un protocolo de prescripción en cascada que obliga a los veterinarios a usar medicamentos registrados por especie y país antes de poder usar productos humanos, aunque estén disponibles:

“Por ejemplo, ante una conjuntivitis con úlcera, si necesitamos un colirio antibiótico sin corticoide, porque el corticoide daña la úlcera ocular, no podemos usar el de humanos que está en la farmacia, sino que hay pedirlo a Portugal sólo porque en la ficha del producto español no dice que pueda utilizarse en veterinaria. Es absurdo”.

Otro ejemplo grave es el del alopurinol, esencial para tratar la leishmaniosis: “Este medicamento no está comercializado para veterinaria en España, pero sí en Polonia por lo que la ley nos obliga a pedirlo a Polonia antes que usar el de humanos que tenemos al lado, lo que impide tratar a tiempo una enfermedad que también puede afectar a las personas”.

Problemas de suministro y desigualdad fiscal

Los veterinarios también denunciaron el grave problema de desabastecimiento en las farmacias, lo que dificulta cumplir las prescripciones: “Muchas veces recetamos un medicamento y el tutor tiene que ir a varias farmacias. En Europa, los veterinarios pueden dispensar directamente en la clínica la cantidad exacta. Aquí, ahora mismo, no”.

Asimismo, reiteraron su rechazo al IVA del 21% que se aplica a los productos veterinarios en la península: “No tiene sentido que la sanidad humana tenga un IVA del 0% y la veterinaria del 21%. En Canarias el IGIC se ha reducido al 3%, y agradecemos esa sensibilidad, pero exigimos equidad en todo el territorio”.

El riesgo legal y la plataforma PRESVET

Desde el 1 de enero, todos los tratamientos antibióticos deben ser reportados en el sistema PRESVET, lo que ha puesto a los veterinarios en una situación insostenible:

“Cada tratamiento puede convertirse en una multa de hasta 60.000 euros. No sabemos si actuar según la ciencia o no tratar a los animales para no arriesgarnos”.

Fernández Miguel lo resumió con contundencia: “Nos obligan a elegir entre el bienestar animal y nuestra seguridad jurídica. Esto es insostenible”.

Una llamada a la ciudadanía: “Nuestros animales también merecen ciencia”

Los veterinarios de Canarias hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se una a las movilizaciones. Según expresaron, el Real Decreto no solo afecta a los profesionales, sino a todas las familias que conviven con animales:

“Queremos trabajar con excelencia y basados en la ciencia, pero necesitamos que nos dejen hacerlo”.

Para finalizar, Fernández Miguel reiteró:

“Hemos intentado por todos los medios dialogar con el Ministerio desde enero. No nos escuchan. Ahora necesitamos que la sociedad nos acompañe para que nuestras voces lleguen al Ministerio”.