Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP alertan del caos e incertidumbre generado por el Real Decreto de ventanilla única turística

19 de junio de 2025.- Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP participantes en la jornada informativa celebrada en la sede del Ministerio de la Vivienda del Gobierno de España, sobre la aplicación del Real Decreto de ventanilla única digital para el registro y control de los servicios de alojamiento turístico de corta duración, han manifestado su profunda preocupación ante la improvisación, la incertidumbre normativa y la exclusión de las administraciones competentes en el diseño de la nueva regulación que cuya vigencia de obligada aplicación comienza el próximo 1 de julio.

La jornada, lejos de aportar certezas sobre el marco normativo ha evidenciado una alarmante ausencia de coordinación, previsión y rigor jurídico, provocando más dudas que respuestas entre los responsables técnicos y directivos autonómicos.

En este sentido manifestamos también que si bien no estamos de acuerdo plenamente en la fórmula jurídica elegida para la implantación de la nueva ventanilla única digital en el marco del decreto regulador, compartimos el objetivo fundamental que persigue: garantizar que las viviendas de uso turístico cumplan con la normativa vigente y estén debidamente registradas. Consideramos esencial establecer mecanismos eficaces que pongan freno a la proliferación de anuncios en plataformas de comercialización que escapan al control administrativo, pues esta práctica erosiona gravemente la competencia leal, la calidad del destino y la confianza del visitante.

Por lo anterior, las Comunidades Autónomas queremos subrayar los siguientes aspectos:

1. Improvisación y precipitación: La entrada en vigor del Real Decreto se pretende ejecutar en plena temporada alta, sin planificación ni consenso, generando confusión entre las administraciones, los comercializadores y los propietarios de estas unidades de vivienda que en algunas CCAA representan más del 50’por ciento del alojamiento turístico.

2. Falta de liderazgo del Ministerio de Turismo: El Ministerio ha estado ausente no solo en esta jornada, sino durante todo el proceso de diseño, aprobación y puesta en marcha del Real Decreto, a pesar de tratarse de una norma de impacto estructural en el sector turístico de gran dimensión.

3. Intrusión competencial: Se han planteado propuestas de regulación e implementación por parte de entidades ajenas al sector, como los registradores de la propiedad, que asumen funciones que legalmente corresponden a las administraciones autonómicas en materia turística.

4. Confusión normativa a pocos días de su entrada en vigor: A apenas 10 días del 1 de julio, persisten graves lagunas en los criterios a aplicar, sin una guía clara sobre los usos y temporalidad, la necesidad de múltiples registros para una misma unidad alojativa o la forma en que se deben compartir los datos con las autoridades competentes.

5. Falta de información clara y precisa: Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos disponen de la información necesaria para aplicar con seguridad jurídica los dictados de ese RD.

Durante la jornada, se ha puesto de manifiesto que el Real Decreto, lejos de responder a las expectativas generadas, va a derivar en su inaplicación efectiva en la fecha prevista -1 de Julio- al provocar duplicidades administrativas, inseguridad jurídica y una intervención estatal innecesaria, cuestionada por el propio Consejo de Estado y la Unión Europea, y sobre todo costosa para el sector.

Especialmente preocupante ha sido la confirmación por parte del Gobierno en relación a que el 1 de julio continuarán publicitándose alojamientos turísticos ilegales en plataformas online, sin un régimen sancionador efectivo ni una fecha concreta para su aplicación

En conclusión, las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP reclamamos:

· La convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por el Ministro de Industria y Turismo, para abordar de manera inmediata los problemas generados para el turismo por la entrada en vigor de este Real Decreto y para tratar de revertir la situación actual de incertidumbre normativa y operativa.

· La inclusión del sector privado en este proceso, para garantizar que cualquier medida tenga en cuenta la realidad del tejido empresarial turístico.

· Constitución de un grupo de trabajo único con participación en el mismo de todas las partes implicadas, fundamentalmente autoridades competentes en materia de ordenación turística, representantes del sector y plataformas.