IUC alerta del colapso provocado por el aluvión de registros de pisos turístico ante la inacción institucional

01 de julio 2025
La oleada de solicitudes para legalizar viviendas vacaciones antes de julio evidencia la falta de control político sobre la expansión del modelo turístico y el agravamiento de la emergencia habitacional
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha denunciado hoy el descontrol institucional que se vive en Canarias ante el aluvión de peticiones para registrar viviendas vacacionales a las puertas de la entrada en vigor, el 1 de julio, del Registro Único de Arrendamientos Turísticos. Desde la formación consideran que esta avalancha no solo refleja la falta de previsión de las administraciones competentes, sino también su complicidad en un modelo que ha convertido la vivienda en un negocio especulativo que margina a la población residente y precariza el acceso a un derecho básico.
La medida estatal, recogida en el Real Decreto 1312/2024, que obliga a las plataformas digitales a incluir un código identificativo para cada piso turístico, ha desatado una carrera contrarreloj entre propietarios y fondos para legalizar sus inmuebles antes del nuevo corte. Según el Colegio de Registradores de la Propiedad de Las Palmas, en solo un mes se han registrado más solicitudes que en todo un año. Para IUC, esta cifra no solo es alarmante: “Es la prueba más clara de que llevamos años sin gobernar el fenómeno de los alquileres vacacionales, permitiendo una expansión desregulada que ha expulsado a miles de familias del mercado residencial”, denuncia Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de Izquierda Unida Canaria.
Desde la formación de izquierdas recuerdan que Canarias encabeza todos los indicadores de tensión habitacional del Estado, con las mayores tasas de sobreesfuerzo económico en el alquiler, los precios más inflados por metro cuadrado y una creciente pérdida de población local en las zonas turísticas. “No es casualidad. Es el resultado de una política que ha dejado en manos del mercado lo que debería ser una obligación pública: garantizar vivienda digna y asequible”, recalca Tamayo.
A pesar de los nuevos mecanismos de control que introduce el Estado, como la exigencia de un número de registro para operar en plataformas como Airbnb o Booking, desde IUC consideran que estas medidas llegan tarde y son claramente insuficientes. “¿De qué sirve exigir un código si no se acompaña de un tope al número de viviendas turísticas por zona, de la suspensión de nuevas licencias o de una fiscalidad que penalice el uso especulativo de la vivienda?”, cuestiona la portavoz.
Además, IUC advierte del peligro de que esta “regularización exprés” sirva para blindar jurídicamente la situación actual antes de la aprobación de la Ley de Vivienda Vacacional de Canarias, actualmente en trámite parlamentario. “No podemos permitir que se consolide el modelo que nos ha traído hasta aquí. Esta avalancha no debería recibir ninguna validación institucional hasta que se defina una normativa clara, restrictiva y con vocación de recuperar vivienda para uso residencial”, añade Tamayo.
Para la organización, este contexto confirma lo que vienen defendiendo en sus alegaciones a la Ley del Suelo y otras iniciativas legislativas: “La emergencia habitacional que vive el archipiélago no se resolverá si seguimos regalando suelo y ventajas fiscales a quienes ven en la vivienda solo un producto financiero”, subraya la Coordinadora Nacional. Por eso, IUC exige una moratoria inmediata a nuevas licencias turísticas, el establecimiento de zonas tensionadas con limitaciones por isla y municipio, y la declaración de la vivienda como bien de interés general con rango constitucional.
“Canarias no puede seguir siendo el paraíso del alquiler turístico mientras su gente malvive en habitaciones compartidas, en listas de espera eternas para una vivienda pública o pagando precios que triplican sus ingresos. La vivienda es un derecho, no una mercancía”, concluye Tamayo.
Desde IUC insisten en que el Gobierno de Canarias debe dejar de mirar hacia otro lado y asumir su responsabilidad en esta crisis estructural, con medidas valientes y urgentes que enfrenten al lobby turístico y garanticen el derecho a una vida digna para la mayoría social canaria.