Entre el 5% de Trump y el 2,1% de Sánchez, los militares sienten que son olvidados en el debate sobre el gasto en Defensa

Nadie explica dónde irán los 679 millones de euros del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa para el año 2025 destinado al incremento de las retribuciones militares y al incremento de efectivos que se deben gastar en 2025.

La ministra de Defensa evito contestar por dos ocasiones a la propuesta del diputado de UPN, Alberto Catalán, sobre el aumento de las retribuciones militares.

Cáceres, 01 de julio de 2025 –En las últimas semanas, un intenso debate ha capturado la atención tanto de la ciudadanía como de los propios militares: la controvertida necesidad de destinar un 5% del PIB a cuestiones de Defensa. Esta cifra, significativamente superior al 3% previo, fue inicialmente impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump y respaldada de inmediato por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sin embargo, no ha trascendido si su origen se basaba en informes técnicos o fue una cifra lanzada arbitrariamente, a través de un simple tuit, que fue adquiriendo consistencia.

En contraste, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que con un 2,1% del PIB, España ya cumpliría con las capacidades acordadas con la Alianza. Sánchez aseguró que esta cifra no era una decisión personal, sino que proviene de las «Fuerzas Armadas». Aun así, la ambigüedad persiste: ¿quién dentro de la cúpula militar proporcionó estos datos? ¿Fue la ministra, el JEMAD, los Jefes de Estado Mayor, o una decisión conjunta aún por aclarar?

Para la mayoría de los militares y de las asociaciones militares, el porcentaje exacto de gasto –ya sea 5% o 2,1%– es, en gran medida, insustancial ya que su función no es establecer estas cifras. Su principal y legítima preocupación radica en que el armamento y material que manejen sea moderno y seguro, así como que sus condiciones profesionales y retributivas evolucionen favorablemente, mejorando así su calidad de vida y la de sus familias.

A pesar del candente debate sobre el gasto en defensa, el personal militar observa con creciente preocupación cómo el Gobierno, y en particular el Ministerio de Defensa, parecen relegarlos al olvido.

El pasado viernes, 27 de junio, la ministra de Defensa compareció ante la Comisión de Defensa del Senado. Su discurso se centró exclusivamente en el aumento del gasto en armamento y material, destacando la adquisición de nuevos barcos y aviones, el impulso a la industria de defensa y el mantenimiento y creación de empleos para personal civil.

Este lunes, en su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión de Defensa del Congreso, la ministra mantuvo la misma tónica. No solo se limitó a los puntos ya expuestos, sino que evitó en dos ocasiones responder a la propuesta de Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Catalán Higueras planteó un aumento en las retribuciones militares aprovechando el incremento presupuestario. El diputado argumentó que es crucial contar con unas Fuerzas Armadas no solo preparadas y formadas, sino también bien pagadas, subrayando que la reciente subida de 200 euros brutos, implementada antes del anuncio del Plan de Seguridad y Defensa, no es suficiente.

Extraoficialmente, después de la sesión, la ministra comentó que este aumento no dependía solo de ella. Algo que, a juicio de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), es muy propio de la labor r4alizada hasta ahora en ese tema, ya que no es la primera vez que, refiriéndose al planteamiento de un aumento de las retribuciones militares, ha indicado que, si no se l iban a aprobar, ¿para qué iba a presentar la propuesta?

A día de hoy, todos parecen haberse olvidado por completo el destino de los 679 millones de euros comprometidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa para el año 2025, específicamente destinados al «aumento de las retribuciones del personal y el incremento de efectivos».

Ante este panorama, surgen preguntas clave y urgentes que claman por una respuesta:

· ¿Cuándo se explicará a los militares quiénes van a manejar el nuevo material que se sumará al existente, especialmente cuando la captación de efectivos ha tocado fondo y el propio Ejército de Tierra ha bajado las pruebas físicas para ingresar?

· ¿Cuándo se verán reflejados en las nóminas de este mismo año la parte correspondiente de esos 679 millones de los que nadie habla y que, supuestamente, deben gastarse en el presente ejercicio?

· ¿Por qué el Ministerio no obliga, o al menos incentiva, a las empresas armamentísticas y de servicios que trabajan para las Fuerzas Armadas a contratar personal temporal o reservistas de especial disponibilidad, aprovechando la experiencia de quienes ya han servido?

Los militares, y de manera particularmente palpable los pertenecientes a la escala de tropa y marinería, sienten que están siendo, una vez más, orillados y olvidados en un debate que debería ponerlos en el centro.

Es incomprensible que, mientras la ministra no tiene inconveniente en reunirse con los sindicatos del personal civil del ministerio, lleve más de cuatro años sin presidir el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) ni aceptar las reiteradas solicitudes de reuniones de las asociaciones profesionales militares.

La profesionalidad y sacrificio de los militares merecen una respuesta clara y un compromiso real.