La nueva Ley de Ciencias de Canarias: un desafío para CanariasLa nueva Ley de Ciencias de Canarias: un desafío para Canarias

Si la pandemia del Covid-19 nos dejó alguna lección, fue el papel de lo público cuando las cosas se complican en momentos de crisis, y especialmente el papel crucial de la ciencia para salvar vidas. De nuevo hemos podido comprobar, de forma indiscutible, que los avances científicos nos han permitido encontrar respuestas a los grandes desafíos económicos, sociales y medioambientales que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo, siempre con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida.

La ciencia es una herramienta profundamente transformadora. Nos permite comprender el mundo que nos rodea, encontrar soluciones innovadoras y afrontar retos que van desde la cura de enfermedades hasta la aparición de nuevas tecnologías que han revolucionado nuestras vidas en el último siglo, y lo sigue haciendo en el primer cuarto del siglo XXI.

En este momento, Canarias tramita en su Parlamento una nueva Ley de Ciencias promovida por el actual Gobierno de Canarias de CC y PP. Un proyecto de ley que se enmarca en la necesidad de adaptarnos al marco normativo estatal en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es, por tanto, un buen momento para reflexionar sobre el papel que desempeñan las universidades públicas, la comunidad científica y la ciudadanía en el ecosistema investigador canario.

La política científica, tecnológica y de innovación se sitúa como una de las políticas públicas más relevantes tanto a nivel estatal como internacional. No hay duda:  el progreso de una sociedad va ligado a su apuesta por el conocimiento, la investigación y la innovación. Invertir en conocimiento es una inversión segura, de presente y de futuro, y es apostar por una sociedad más sólida y resiliente.

Canarias, con su dependencia del monocultivo turístico, es especialmente vulnerable a las fluctuaciones económicas mundiales. Esta realidad convierte a la tan cacareada diversificación económica no en un eslogan político, sino en una necesidad urgente. Apostar por la economía del conocimiento no es una cuestión opcional o de voluntariedad del gobierno de turno, sino que debe ser una apuesta obligada para garantizar un modelo económico canario sostenible.

Un hito importante en esta dirección fue la firma, en 2022, del Pacto Canario por las Ciencias e Innovación, un acuerdo rubricado por las confederaciones de empresarios de ambas provincias, las principales centrales sindicales, las dos universidades públicas canarias y todos los grupos parlamentarios, en un ejemplar consenso de toda la sociedad canaria de reconocimiento al papel estratégico de las ciencias para nuestro archipiélago.

La nueva ley de la ciencia, por tanto, representa una oportunidad única para dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de conocimiento e innovación. Elementos esenciales para afrontar de manera transversal todos los grandes retos que tenemos como sociedad. La competitividad de nuestra economía depende del patrimonio intelectual, de la transferencia de conocimiento y de la apuesta decidida por la I+D+i.

Y llegados a este punto, las dos universidades públicas canarias juegan un papel crucial. No solo porque en sus laboratorios y departamentos se genera la práctica totalidad de la investigación científica de Canarias, sino porque la transferencia de conocimiento en el archipiélago se aglutina en ambas universidades públicas.

Recientemente, como miembro de la Comisión de Universidades y Ciencias del Parlamento de Canarias tuve la oportunidad de visitar diversas instalaciones de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL), como el Servicio General de Apoyo a la Investigación (Segai) y el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales. Comprobé, de primera mano, que la capacidad y calidad investigadora de nuestras universidades no son palabras huecas, que Canarias está a la vanguardia de la investigación, de la innovación y que la transferencia de conocimiento es un hecho del que se benefician las empresas canarias y la sociedad en su conjunto.

En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria somos un referente, tanto a nivel internacional como estatal, en investigación en Ciencias Marinas. Este liderazgo en ciencias marinas se ve claramente reforzado por la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), como infraestructura de vanguardia para la realización de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito marino y marítimo.

Por tanto, es inaudito e inconcebible que el Proyecto de Ley de la Ciencia se haya redactado sin la participación activa de ambas universidades. Así lo han denunciado ambos rectores en una carta dirigida al Parlamento de Canarias donde reclaman, entre otras cuestiones:

–         Que la ley incorpore un título específico dedicado a las universidades públicas donde se reconozca su papel estratégico en el sistema canario de I+D+i: ambas universidades son los principales motores de la investigación científica en Canarias y, por tanto, están llamadas a ser la fuerza tractora que provoque el desarrollo económico y social de esta tierra.

–         Rechazan la visión de la ciencia exclusivamente mercantilista, obviando su papel como patrimonio público. La ciencia y el conocimiento “es la riqueza pública del mañana”.

–         Mecanismos de apoyo y financiación específicos para las universidades.

–         Incluir a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) como órgano vertebrador del sistema, ya que el proyecto de ley ignora su papel.

–         Que se apueste de forma clara por el desarrollo de una carrera investigadora estable y atractiva. La situación del personal investigador canario es uno de los elementos que más compromete el futuro de la ciencia en Canarias.

Aunque el proyecto habla de “atracción, retención y retorno de talento”, tal y como hemos venido denunciando en varias ocasiones en el Parlamento de Canarias, tanto la actual consejera de Universidades y Ciencias como el presidente Clavijo utilizan esta frase como muletilla vacía de contenido, ya que en la práctica no se ha impulsado medida alguna concreta que, efectivamente, resuelva la precariedad laboral y la falta de estabilidad de estos investigadores. Lo que provoca que muchos de nuestros científicos y científicas, formados en nuestras universidades con recursos públicos, terminen siendo expulsados de Canarias con lo que esto significa para nuestro potencial innovador y nuestra mejora productiva.

Otra omisión llamativa de este proyecto de ley es un apartado específico sobre la transferencia de conocimiento, y eso a pesar de las reiteradas manifestaciones de este gobierno acerca de la prioridad de que el conocimiento, que se genera en nuestras universidades, retorne a la sociedad. Por ello es fundamental que se reconozca la transmisión de conocimiento como una misión esencial del sistema público de I+D+i, en el mismo plano que la investigación y la docencia.

La financiación pública debe quedar garantizada por ley, con incrementos reflejados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sin duda, estas y otras reivindicaciones de ambas universidades reflejan un marco legal que verdaderamente cree en la ciencia y en el conocimiento como motores de transformación y progreso; un marco jurídico que combine de forma inteligente el realismo de una ley que debe ser aplicable y la ambición de un pueblo que anhela un modelo económico más sostenible y que suponga un gran impulso a la diversificación económica de alto valor añadido, empleos de alta retribución y la viabilidad del tejido empresarial tradicional.

En definitiva, que la ciencia suponga mayor bienestar para nuestro pueblo.

Carmen Hernández, presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista en el Parlamento de Canarias.