CAMAS HOSPITALARIAS CONVERTIDAS EN ESTACIONAMIENTOS DEL ABANDONO
Nicolás Cabrera Acosta
En pleno siglo XXI, Canarias arrastra un problema sanitario y social que no solo tensiona el sistema de salud, sino que pone de manifiesto una profunda fractura en nuestra arquitectura de cuidados.
Centenares de personas mayores permanecen ingresadas en hospitales públicos sin necesidad clínica alguna, ocupando camas que deberían estar disponibles para pacientes agudos, simplemente porque no tienen adónde ir tras recibir el alta médica.
No se trata de casos aislados ni tampoco hablamos de una anécdota demográfica.
Se trata de una desagrante realidad estructural y crónica, sostenida en el tiempo por una combinación letal de falta de plazas sociosanitarias, retrasos en las ayudas a la dependencia, ausencia de alternativas comunitarias viables, descoordinación entre administraciones y, en muchos casos, abandono familiar o imposibilidad material de cuidados domiciliarios.
La radiografía de un fracaso sistémico resulta muy dolorosa de observar, porque todas las personas atravesaremos la etapa de la tercera edad, pero resulta evidente que el futuro no resulta muy alentador ni tranquilizador a la luz de los datos que hoy se conocen.
Nos queda la gran duda de sabernos atendidos en una situación que se vislumbra tan difícil por falta de voluntad política que todo lo convierte en negocio a través de contratos de servicios concertados, subvenciones y privatizaciones sin edulcorar.
Canarias cuenta con uno de los ratios más bajos del Estado en plazas sociosanitarias por cada mil habitantes mayores de 65 años.
Al mismo tiempo, el envejecimiento poblacional es creciente, la cronicidad se incrementa y las redes familiares tradicionales ya no sostienen lo que antaño era asumido en el entorno doméstico.
El resultado son cientos de camas hospitalarias – más de mil – están ocupadas por personas que no necesitan atención médica especializada, pero que tampoco pueden regresar a sus hogares por carecer de apoyos, recursos o dispositivos intermedios.
Esta situación provoca una cadena de efectos nocivos en la sanidad canaria que ya de por sí tiene deficiencias y la situación lastra las carencias existentes por falta de inversión.
Se genera una saturación de urgencias y plantas hospitalarias. Al tiempo que se produce un aumento de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas.
La ocupación de las camas hospitalarias conlleva un derroche de recursos económicos públicos al mantener en hospitales a pacientes sin justificación clínica pero que tampoco tienen donde ir o ser derivados.
Se produce un desgaste profesional en el personal sanitario que, además de atender pacientes agudos, debe hacerse cargo de personas en situación de abandono o dependencia sin soporte adecuado.
En esta situación se produce, lamentablemente, una vulneración del derecho a una atención digna, integral y adaptada al perfil de cada persona.
El problema es lo que no se ha hecho desde hace muchos años que pasa factura al sistema sanitario y asistencial público en Canarias y lo que urge hacer. Esta es la cuestión, pues la evidencia empírica está sobre la mesa desde hace más de una década.
Pero la respuesta institucional ha sido insuficiente, lenta y marcada por una visión cortoplacista pero tenemos la obligación de preguntarnos, ¿Qué se requiere para resolver la situación que se cronifica ?
1. Implantación inmediata de una red de recursos sociosanitarios intermedios
Canarias necesita al menos 2.500 plazas residenciales con soporte sociosanitario que actúen como puentes entre el alta hospitalaria y el retorno al entorno familiar o comunitario. Esto incluye residencias medicalizadas, unidades de estancia temporal, centros de convalecencia y viviendas tuteladas adaptadas.
2. Reforma urgente del modelo de gestión de la dependencia
Los procedimientos actuales son lentos, engorrosos e ineficientes, por lo que urge que podamos establecer una ventanilla única sociosanitaria con equipos de evaluación integrados.
Al mismo tiempo hay que trabajar en implementar ayudas transitorias inmediatas al alta hospitalaria, que permitan sufragar apoyos domiciliarios hasta la resolución administrativa completa para que se pueda crear un sistema de asignación automática de recursos tras la valoración de dependencia, sin bloqueos por falta de plazas o convenios.
3. Protocolos obligatorios de alta hospitalaria con derivación sociosanitaria
Todo hospital debe contar con un equipo de transición que coordine cada alta de pacientes dependientes o sin apoyo familiar con los servicios sociales municipales y los dispositivos asistenciales disponibles. Nadie debería salir del hospital sin un plan cerrado de atención posterior.
4. Reforzamiento de la atención domiciliaria profesionalizada
Para muchos casos, el domicilio sigue siendo el mejor lugar para continuar cuidados. Pero eso requiere de equipos multidisciplinares móviles (enfermería, fisioterapia, trabajo social). Así como, la ampliación de las horas del servicio de ayuda a domicilio junto con el acompañamiento familiar y formación de cuidadores no profesionales.
5. Creación de una Estrategia Canaria Integral de Cuidados
No basta con parches. Canarias necesita una estrategia estructural, con dotación presupuestaria estable, evaluación de impacto, indicadores públicos y liderazgo institucional.
La respuesta debe ser transversal desde Sanidad, Políticas Sociales, Vivienda y Hacienda que deben trabajar en una lógica de corresponsabilidad.
No estamos hablando solo de camas. Estamos hablando de vidas. De personas mayores y vulnerables que ven su autonomía anulada, su intimidad expuesta, y sus últimos años de vida atrapados en entornos que no fueron diseñados para vivir, sino para curar.
Transformar esta realidad no es una opción. Es una obligación moral, política y técnica.
Un hospital no es un lugar para vivir. Ni para esperar que la administración reaccione. Canarias necesita liderazgo, decisión y humanidad.
Y lo necesita ya.
