La Audiencia respalda seguir investigando un presunto tráfico de «diamantes de sangre»

09 de julio 2025/Agencias
La Audiencia Nacional ha revocado el fin de la investigación a un empresario español por una supuesta trama de tráfico ilegal de «diamantes de sangre» en Sierra Leona, al considerar el cierre «anticipado», y ha respaldado que el juez siga indagando y practique una serie de diligencias pendientes.

Continúa así en manos del juez Francisco de Jorge la causa por presuntos delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado contra el empresario Manuel T., que llegó a pasar unos días en prisión por una presunta trama de compraventa de diamantes procedentes de las minas de Sierra Leona durante la guerra civil de este país, entre los 90 y 2002.

Se produce así un nuevo giro en una investigación que ha estado marcada por la duda de la prescripción, motivo por el que el juez y la sección cuarta de lo Penal, en sintonía con el criterio del fiscal, han discrepado varias veces, hasta el punto de que esta Sala le ordenó concluir el sumario sin procesamiento y elevar la causa a otra sección para que determinase si los hechos habían prescrito.

Pero, al analizar el caso, esta otra sección, la segunda, sostiene que es «improcedente, por prematuro» pronunciarse sobre la prescripción, al quedar pendientes diligencias que podrían precisar la fecha de finalización de la «supuesta actividad delictiva», clave para saber cuándo han prescrito los hechos.

Esta fecha es, de nuevo, objeto de disputa: la Fiscalía, que ha apoyado la conclusión del sumario, cree que el último acto sucedió en 1999, pero la acusación particular, que ejerce el letrado Hernán Garcés, y el juez consideran que fue después. El magistrado lo sitúa entre 2002 y 2003.

La prescripción del delito investigado se sitúa en los 20 años, de modo que, de ser cierta la tesis del juez, los hechos no habrían prescrito porque la querella que inició la investigación se presentó en 2021 y su admisión a trámite se produjo en 2022, y eso habría interrumpido la prescripción.

La sección segunda tiene «claro» que el cierre de la instrucción fue «anticipado» y acordado, además, «en estricto cumplimiento» de lo ordenado por la sección cuarta de lo Penal y no por decisión del juez, cuando estaban pendientes varias diligencias.

Entre ellas figura la declaración de un exconsejero de la Embajada española en Sierra Leona o comisiones rogatorias a Brasil, Costa de Marfil, Mali o Sierra Leona.

Tras este auto, la Fiscalía volvió a apoyar la conclusión del sumario. La acusación particular, en cambio, subrayó el derecho a una «investigación suficiente y eficaz» y recordó otras diligencias pendientes como la apertura de una pieza de tráfico de armas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, a petición de la Comisaría General de Información o la ampliación de su querella.

La sección segunda lo Penal ha devuelto la causa al juez De Jorge para que continúe la investigación, sin perjuicio de que, cuando la considere finalizada, dicte un nuevo auto de conclusión.

Diamantes extraídos por trabajadores forzados
La querella que inició el procedimiento fue interpuesta por una persona que denunció haber sido obligado a trabajar día y noche con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas, en las minas de Sierra Leona, y relató «la compraventa de diamantes procedentes de las minas de Sierra Leona por parte de las sociedades europeas interviniendo» el empresario investigado.

En uno de sus autos, el juez expuso los «indicios» de que entre 1997 y 2002, durante la guerra civil en Sierra Leona, el investigado «se lucró con la venta de diamantes que le eran entregados por miembros del bando rebelde, el Frente Revolucionario Unido (FRU)».

«Los diamantes procedían de minas del distrito de Kono, donde eran extraídos por trabajadores, forzados a trabajar en las minas por el FRU en régimen de esclavitud. Tales trabajadores incluían gran número de civiles secuestrados por el FRU para trabajar en las minas», añadía.

El abogado Hernán Garcés celebra que este es «el primer caso en la historia de la Audiencia Nacional en el que se investiga a un español por crímenes de guerra y que la Sección Segunda permita al juez finalizar su investigación».