Llarena denuncia una «tendencia política para un retroceso de la independencia judicial»

18 de julio 2025/Agencias
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del caso del ‘procés’ catalán, ha denunciado «una tendencia política para favorecer un retroceso de la independencia judicial», en la que ha enmarcado la última reforma legal proyectada en este ámbito por el Gobierno.

Pablo Llarena ha realizado estas manifestaciones en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde ha intervenido este jueves en el curso de verano del CEU sobre ‘Justicia y Estado de derecho’.

«La independencia de los jueces, y lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo es contar con los instrumentos para poder decidir sin condicionamientos sino también que se proyecte una apariencia de la misma porque la credibilidad de la ciudadanía en la justicia depende mucho de ello», ha comentado.

El magistrado del alto tribunal ha añadido que «por ello las instituciones europeas, creyendo que el poder judicial tiene que estar exento de cualquier presión procedente de otros poderes, critican las tendencias que tratan de favorecer políticamente un retroceso en esa independencia judicial».

«Hasta tal punto se ha detectado esa tendencia que tiene ya una denominación por parte de los juristas anglosajones que la han bautizado con el término ‘backward slide’ (deslizamiento hacia atrás), un suave pero paulatino retroceso en el respeto de la independencia judicial», ha abundado.

Llarena ha reconocido que le duele y le sorprende que el informe GRECO, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, refleje que una gran parte de la ciudadanía española no cre en la independencia de los jueces.

En este sentido ha relacionado una larga lista de ministros, presidentes y consejeros de comunidades autónomas y de alcaldes y concejales de diferentes partidos políticos condenados o sometidos a procesos judiciales en España, al igual que banqueros, incluso un director del Banco de España, un yerno del rey y una infanta.

«La actuación de la justicia española es con todo tipo de perfiles ideológicos y mi sorpresa es por qué tenemos fama de no ser independientes y de actuar al son de la batuta que alguien nos toca», ha planteado Pablo Llarena.

Ha recordado también que «el sistema de selección para ser juez es muy duro y no hay ningún juez en España que tenga la sensación de que le debe el puesto a nadie sino que tiene el convencimiento de que se lo debe a su esfuerzo y que no debe favores».

Pero ha advertido de que en el marco del referido ‘backward slide’ «hay intenciones de modificar el sistema y habrá que preguntarse si la reforma aspira a mejorarlo o a desvelar el perfil ideológico del aspirante antes de reclutarlo y si sirve para la obtención de un juez independiente de mejor manera a la que ahora tenemos».

«Y en este ‘backward slide’ el poder político se ha comido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a partir de ahí se ha resentido el sistema y de ahí que los jueces reclamemos mecanismos de designación de los vocales de este órgano (actualmente elegidos por las Cortes) que estén más alejados de la política», ha añadido.

Otra objeción que ha planteado a la reforma legal proyectada por el Gobierno que ha vinculado al ‘backward slide’ es la asunción por los fiscales de la instrucción de las causas judiciales, actualmente competencia de los jueces.

Ha aclarado que no se opone a ello pero a su juicio plantearía un «problema de credibilidad si fuera cedida a los fiscales conforme a la regulación actual del Ministerio Fiscal».

Llarena ha explicado que «el proyecto no introduce modificaciones en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en la forma de administrar las relaciones y comunicaciones entre el poder ejecutivo y el fiscal general del Estado -que es designado actualmente por el Gobierno-, lo que introduce un elemento de suspicacia».

Ha abundado en que el proyecto tampoco modifica la potestad que tiene ahora el fiscal general de imponer criterios a los investigadores ni desarrolla que estos puedan discrepar de las órdenes dadas por el superior ni evita la posibilidad de que a un fiscal que lleve una investigación se le quite para dárselo a otro.