EL PRÓXIMO LUNES SE CUMPLEN 16 AÑOS DE LA TRAGEDIA QUE CAMBIÓ PARA SIEMPRE LA VIDA DEL BARRIO DE TITERROY.

26 de julio 2025

“No han sido capaces de rehabilitar las viviendas afectadas de Titerroy y ya están pensando en construir otras 150. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la justicia social?”

El 28 de julio de 2009, Lanzarote se estremecía con la muerte de un joven de 38 años tras el derrumbe del techo de su vivienda. Aquel suceso motivó desalojos de urgencia y el compromiso firme, por parte de las instituciones, de acometer una rehabilitación inmediata de las viviendas afectadas. Dieciséis años después, las promesas siguen sin cumplirse.
La Asociación de Vecinos de Titerroy denuncia un abandono sistemático por parte del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Arrecife y otras administraciones competentes. Durante todos estos años, ninguna fuerza política con representación municipal ha estado a la altura: todas han sido cómplices, por acción o por omisión, de una situación que hoy es insostenible.
Son 16 años de vergüenza institucional. 16 años sin una respuesta clara. 16 años sin una solución digna para decenas de vecinos que solo pedían volver a sus casas.” Algunos de esos vecinos ya no están. Fallecieron sin poder regresar a sus hogares.
“Muchos solo deseaban volver a pisar su barrio, su casa, su vida. Pero ni siquiera eso se les permitió.”
Durante más de una década, las administraciones se han burlado de la buena fe de nuestros mayores. Personas mayores que confiaron, que firmaron, que esperaron. Y que lo único que recibieron fueron desalojos forzosos, trámites interminables, promesas vacías y un trato institucional que ha rayado el desprecio.
A día de hoy, los propios vecinos han tenido que autorizar por escrito la rehabilitación de sus viviendas, pero ni siquiera eso ha sido suficiente. Peor aún: algunas viviendas incluidas en las ayudas públicas ya han sido vendidas y rehabilitadas por nuevos propietarios, con licencias concedidas por el propio Ayuntamiento.
¿Y los vecinos originales? A ellos se les negó el mismo derecho.
¿Quién fiscaliza estas decisiones? ¿Dónde está el control político y administrativo?
Según la información de la propia asociación, el Ayuntamiento de Arrecife aceptó el 14 de marzo de 2023 una subvención directa de 349.877,56 euros para la rehabilitación de viviendas. La ley fija un plazo de ejecución de dos años, prorrogable hasta cuatro.

A día de hoy, la obra ni ha sido adjudicada ni está en ejecución.
No consta la publicación del proyecto ni su exposición pública, como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Si no se ha solicitado prórroga, el Ayuntamiento está incumpliendo los plazos legales y comprometiendo una inversión pública esencial.
Un silencio cómplice, La única figura institucional que actuó con firmeza fue Jerónimo Saavedra, como Diputado del Común, quien en 2018 dictó una resolución que calificaba de “obstruccionista y entorpecedora” la actuación de la entonces alcaldesa Eva de Anta.
Desde entonces, la oficina del Diputado del Común ha guardado silencio, sin iniciar actuaciones de oficio ni remitir el caso a la Fiscalía.
El actual Consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, tampoco ha dado la cara. Ha estado en la isla, ha sido invitado en varias ocasiones, pero jamás ha visitado el barrio ni ha querido escuchar a las familias afectadas.
“El problema nunca ha sido el dinero. Los fondos han existido. El problema ha sido la falta de voluntad y de capacidad política.”
Desconfianza total en la gestión del Ayuntamiento, Los vecinos han solicitado reiteradamente que la ejecución de las obras se encomiende a VISOCAN o a cualquier otra empresa pública del Gobierno de Canarias, para garantizar eficacia, transparencia y resultados reales.
“Ya no confiamos en que el Ayuntamiento, por sí solo, sea capaz de gestionar esta intervención con garantías. Porque la muestra está en estos 16 años: habiendo más dinero entonces, no se hizo nada.”
¿Dónde está la coherencia institucional? Mientras las familias afectadas siguen esperando, el Ayuntamiento anuncia la construcción de otras 150 viviendas sociales.
“¿Cómo es posible que se proyecten nuevas viviendas sin haber cumplido antes con la rehabilitación de las anteriores? ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde la justicia social?”
El Gobierno de Canarias parece conformarse con transferir fondos y mirar hacia otro lado.
“Se cree que con enviar el dinero al Ayuntamiento ya está todo hecho. Pero si no se controla y ejecuta con rigor, los fondos se pierden y el problema se perpetúa.”
“En este país la justicia es lenta, pero debe llegar. Y los vecinos de Titerroy no dejarán de alzar la voz hasta que se haga justicia.”