CC de La Victoria denuncia que el PSOE ya ha iniciado la externalización del agua en el municipio

Los nacionalistas desvelan la existencia de decretos, memorias, un acuerdo de pleno y un informe de estructura de costes con plazo concesional, flujos de caja y beneficio industrial, lo que supone “un procedimiento de concesión en ciernes”

 El secretario general local, Román Afonso, recuerda subida aprobada por los socialistas en la ordenanza fiscal que encarecerá los recibos de los vecinos y las vecinas en más de un 37% a partir de noviembre

 Coalición Canaria en La Victoria ha acusado hoy al grupo de gobierno local del PSOE de “faltar a la verdad” al afirmar que no existe un procedimiento para externalizar la gestión del servicio municipal de agua, una afirmación que choca con varios documentos que contradicen la versión socialista y que prueban que se ha puesto en marcha un expediente orientado a la gestión indirecta mediante concesión.

El secretario general local de CC en La Victoria, Román Afonso, asegura que “el alcalde y su grupo faltan a la verdad cuando dicen que no se ha iniciado el proceso de externalización: los actos administrativos y los informes técnicos del Ayuntamiento desmienten esa afirmación por sí sola”. “No hablamos de meras consultas o encargos puntuales: hablamos de decretos, memorias, un acuerdo de pleno y un informe de estructura de costes con plazo concesional, flujos de caja y beneficio industrial. Es un procedimiento de concesión en ciernes”, añade Afonso.

Los nacionalistas desvelan que el decreto nº 10/2025 incoó formalmente la modificación de la gestión del agua y nombró una comisión de estudio, cuya memoria fue expuesta públicamente; el Pleno del 29 de mayo aprobó, con 9 votos favorables, el cambio de gestión de directa a indirecta mediante concesión. Además, el Estudio de Viabilidad y el Informe de Estructura de Costes (julio 2025) incluyen un plazo concesional de 30 años, tablas de flujos de caja descontados, fórmula de revisión de tarifas y un beneficio industrial. “Estos elementos son propios y obligatorios de un expediente concesional”, recalca Afonso.

Coalición Canaria advierte de que, en la primera década, experiencias similares en España han supuesto subidas acumuladas de entre el 15% y el 60% en la factura del agua. A ello se suma la subida aprobada en la ordenanza fiscal que encarece los recibos en más de un 37% a partir de noviembre.

Los nacionalistas explican que la diferencia esencial entre contratos puntuales de mantenimiento y una concesión: los primeros son encargos limitados en tiempo y objeto; la concesión es un modelo de gestión indirecta que requiere trámites técnicos y económicos previos (estudio de viabilidad, estructura de costes, cálculos de rentabilidad) porque condiciona el encuadramiento jurídico, la duración —en este caso, 30 años según el informe— y la fórmula de repercusión en la tarifa del usuario.

“Si sólo se tratara de contratos puntuales no aparecerían en los expedientes hojas de cálculo con flujos de caja descontados ni una partida de beneficio industrial”, explica Afonso, que reitera que “esos elementos sólo tienen sentido si lo que se pretende es diseñar una concesión que permita a una empresa recuperar su inversión y obtener un margen durante décadas”.

Impacto sobre los vecinos y llamamiento público

Coalición Canaria de La Victoria advierte que la experiencia en otros municipios españoles demuestra que la externalización del servicio de agua ha supuesto subidas acumuladas de entre un 15% y un 60% en la primera década de concesión, un escenario que podría repetirse en La Victoria si prospera el procedimiento.

La formación añade que esta decisión coincide con la subida ya aprobada en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del agua, que encarece los recibos en más de un 37% a partir de noviembre y que los vecinos notarán en su facturación bimestral. “Se suben las tarifas para hacer atractivo el contrato a las empresas privadas, mientras los hogares tendrán que pagar más por un servicio esencial”, afirma Afonso.

Los nacionalistas de La Victoria recuerdan que hasta el 29 de septiembre los vecinos pueden presentar alegaciones al Informe de Estructura de Costes. En ellas, la formación resume tres peticiones clave:

1. Suspender cualquier tramitación de concesión hasta que se elabore un análisis completo y público de la alternativa de gestión directa, con un plan plurianual de inversiones y fuentes de financiación externa.

1. Revisar y moderar la subida tarifaria aprobada en el BOP 18/2025, garantizando la asequibilidad del servicio para todos los hogares y, en particular, para los más vulnerables.
2. Priorizar la gestión pública directa del agua como garantía de un servicio esencial bajo criterios de equidad social y sostenibilidad.

“No aceptamos medias verdades ni eufemismos, los documentos hablan: hay una tramitación dirigida hacia la concesión. Pedimos transparencia, freno inmediato y que se explique por qué se está entregando a la iniciativa privada la gestión de un servicio básico”, sentencia Afonso.

Pruebas documentales que aporta Coalición Canaria

Coalición Canaria expone, de forma metódica, los documentos que considera irrefutables:

• Decreto nº 10/2025 (Modificación gestión servicio de agua): acto administrativo que, según la formación, incoa el procedimiento para la modificación de la forma de gestión y nombra la Comisión de Estudio. Es, en su opinión, el acto que abre formalmente la tramitación.
• Memoria de la Comisión de Estudio: entregada el 26/02/2025 y expuesta públicamente entre el 27/02 y el 29/03/2025, como consta en el expediente.
• Acuerdo de Pleno (29/05/2025): la propuesta de Alcaldía fue aprobada por 9 votos (8 PSOE + 1 no adscrito) y recoge literalmente la aprobación del «cambio de gestión… de una gestión directa a un modelo de gestión indirecta… a través de la concesión del servicio público del abastecimiento del agua potable».
• Estudio de Viabilidad para la Contratación de la Concesión del Servicio de Abastecimiento del Agua Potable de La Victoria de Acentejo e Informe de Propuesta de Estructura de Costes (julio 2025): documentos que, según Coalición Canaria, incorporan expresamente: plazo concesional (30 años), tablas de flujos de caja descontados (cálculos de rentabilidad), fórmula de revisión de tarifas y partida de beneficio industrial.

Consultas a empresas privadas: el expediente incluye respuestas de operadores del sector —FCC Aqualia, Canaragua y Global Omnium—, lo que, para Coalición Canaria, confirma la preparación técnica de un procedimiento concesional y no la mera contratación de servicios puntuales.