A nivel nacional y canario -en relación con la pandemia- el Estado y Gobierno canario han mentido y siguen mintiendo. Por Bruno Perera

A partir del 31 de enero 2020 que se supo del primer caso de COVID-19 que entró en España a través de un infectado, un alemán que había llegado a la isla La Gomera, se inició de forma vaga y sin experiencia a tomar precauciones contra la pandemia.

 

Haciendo la historia corta, días después del caso de La Gomera, comenzaron a aparecer cientos de contagios por todo el territorio español, que después de un mes llegaron a contabilizarse en unos 2.000 diarios y que dio lugar a que el Gobierno Central sin control y sabiendo poco lo que hacía, divulgara y alegara que, para atajar los contagios y muertes era necesario un confinamiento y distanciamiento de un metro entre personas, y que el uso de las mascarillas era solo necesario en los ambientes donde trabajaban los sanitarios y fuerzas del orden. Pero luego se supo que esas medidas eran erróneas porque el uso de la mascarilla era perentorio para toda la población, y el distanciamiento correcto debía ser mínimo dos metros. Y un sinfín de otras tantas precauciones que pasaron por alto porque las ignoraban y asimismo porque no querían comprometer el sistema social y económico al cual quisieron salvar antes que a las decenas de personas que fallecían cada día por causa del virus, sobre todo ancianos/as.

 

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno español decidió decretar el Estado de Alarma que duró unos dos meses y que ayudó a que los contagios mermaran.

 

Después de terminar el Estado de Alarma; en toda Canarias teníamos unos 700 contagiados y en Lanzarote unos 50; pero tan pronto comenzaron en verano 2020 a venir personas desde España peninsular y de varias otras naciones, como fueron, turistas, inmigrantes, estudiantes, etc , los contagios subieron en Lanzarote a cifras de unos 750.

 

Siguiendo el mismo curso, entre Navidad y Año Nuevo 2020 y sin control de COVID-19 en aeropuertos y puertos marítimos, entraron en Canarias y en Lanzarote miles de personas provenientes de zonas regionales, nacionales e internacionales que entre ellos/as algunos/as estaban contagiados/as de COVID-19 dando lugar a que esas personas que arribaron sin un PCR negativo contagiaran a parte de la población de nuestro archipiélago, y entre los mismos/as a la conejera=lanzaroteña.

 

Y las autoridades políticas y sanitarias en todo este lío pandémico que ha venido ocurriendo después de Navidad y Año Nuevo que pasaron de poner un control férreo en aeropuertos y puertos marítimos en Canarias y en su suma en Lanzarote, viendo que los contagios ya sobrepasan en presente a los 500 por cada 100.000 habitantes, han optado ahora por cerrar restaurantes, bares, tiendas y cuanto más negocios les ha dado la gana, porque aún no se han decidido en poner un control seguro en las fronteras, sean aéreas o marítimas. (No quieren darse cuenta de que en Canarias no hemos sido los contagiadores sino los contagiados por el virus foráneo.

 

(En nuestro archipiélago, en la actualidad, lo lógico a hacer sería reducir el número de contagiados por medio de un control de fronteras y aceptar la entrada de nacionales y de turistas que vengan con un PCR negativo, y al mismo tiempo dejar que los negocios internos funcionen libremente con el consumo económico de residentes y de quienes nos arriben, pero siempre con el mínimo de restricciones, contrario y posiblemente, casi todos los negocios se irán a la ruina).

 

Nota. Lo expuesto en este artículo se puede extrapolar a cualquier isla canaria.

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