Acegi, la voz inmobiliaria de Canarias, es la asociación de carácter empresarial que aúna a diferentes Empresas de Gestión Inmobiliaria de todo el archipiélago.

https://acegi.es/

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2020. En Canarias, el colectivo inmobiliario ACEGI (Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria), fue fundado en el año 2008 por algo más de una veintena de pequeños empresarios del sector, quienes ante las dificultades y falta de representatividad que mostraba el colectivo empresarial y profesional decidieron aunar esfuerzos para mejorar en todos aquellos aspectos que fuesen necesarios para actualizar el propio sector, las empresas que lo componen y defender los intereses del consumidor final. Miramos por el interés de profesionalizar el sector, para el beneficio de todos los que forman esta estructura empresarial: empresas, agentes y clientes.

Actualmente, la asociación tiene presencia en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, aglutinando más de 90 empresas formadas por más de 700 profesionales.

A día de hoy, su presidenta, VANESA RUBIO, es gerente de Inmobiliaria Olympo y preside esta organización. Ella siempre ha luchado por la regularización y dignificación de la profesión inmobiliaria, y ahora desde la presidencia, seguirá defendiendo los derechos de este sector con mayor fuerza, si cabe.

A lo largo de los últimos años, otros compañeros y compañeras han trabajado y contribuido de forma encomiable al crecimiento de nuestra Asociación; avanzando en la consolidación para ser la principal representación del sector inmobiliario de Canarias.

La demanda de viviendas en alquiler sigue al alza, especialmente desde el levantamiento del Estado de Alarma y la oferta de inmuebles ofertados sigue siendo menor que la demanda, exceptuando algunos territorios con menor dinamismo económico. Además, desde ACEGI, se observa un ajuste de las rentas de alquiler, en determinadas zonas, como consecuencia directa de la crisis económica derivada del COVID19, por lo que una limitación normativa, aseguran desde el colectivo, solo añadiría confusión al mercado.

“Esta es la realidad a la que nos enfrentamos y todas las políticas dirigidas a poner un tope a los precios conllevan altos riesgos como la retirada de viviendas para arrendar, que aflore el mercado negro o el envejecimiento del producto en alquiler, al no poder actualizar las rentas, la falta de seguridad jurídica y otras restricciones”.

Ante un mercado que geográficamente va a diferentes velocidades, dependiendo de cada ciudad o provincia, pero con un mismo problema: la no contención de los precios y un contexto económico y laboral complejo para los ciudadanos, “es hora de articular medidas que reflejen todas las realidades y con consenso entre los diferentes gobiernos autonómicos”.

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