AEPD: Para localizar a un cliente, en caso de COVID, con el teléfono bastaría

01 Agosto 2020/Agencias
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que facilitar el número de teléfono, junto al día y hora de asistencia a un local de ocio, «podría ser suficiente» para localizar a los clientes si se registraran casos de coronavirus.

Para la agencia, «no sería necesario solicitar el nombre y los apellidos, que serían innecesarios para la finalidad de avisar a los posibles contactos y, en ningún caso es necesaria la identificación mediante el DNI por ser desproporcionada».

La AEPD ha hecho hoy estas consideraciones ante las diversas iniciativas públicas que tratan de fomentar una reacción rápida frente a posibles nuevos brotes de covid-19, como registrar determinados datos de los clientes que acuden a locales de ocio.

Para poner en marcha el registro de clientes que acuden a locales de ocio, tratándose de una medida para la contención del coronavirus, «debe acreditarse su necesidad por las autoridades sanitarias y tiene que ser obligatoria, ya que si fuera voluntaria perdería efectividad», indica en un comunicado.

Una vez que no está vigente el estado de alarma, «la obligatoriedad de tomar datos por parte de los establecimientos tiene que establecerse por una norma con rango de ley», precisa.

La Agencia considera que debe hacerse especial incidencia en la necesidad de justificar que «no existan otras medidas más moderadas para la consecución del propósito perseguido con igual eficacia».

La recogida y la cesión de datos debería organizarse de forma que el registro permita identificar los posibles contactos, es decir, que exista una probabilidad de que hayan coincidido, al estar en la misma hora y en el mismo sitio.

Según la AEPD debe cumplirse «con el principio de minimización, en virtud del cual podría ser suficiente con obtener un número de teléfono, junto con los datos del día y la hora de asistencia al lugar».

Asimismo, debe aplicarse «estrictamente el principio de limitación de la finalidad», de forma que los datos solo deben poder utilizarse para la lucha contra el virus, «excluyendo cualquier otra, así como el principio de limitación del plazo de conservación».

De acuerdo con estos criterios, los establecimientos serían responsables de la recogida de datos en virtud «de una obligación legal establecida por una norma con rango de ley» y la administración autonómica sería la cesionaria de esos datos por razones de interés público previstos en la ley.

La administración autonómica, por su parte, deberá establecer criterios sobre la forma en la que se recogen y comunican esos datos personales a la Administración sanitaria.

Los ciudadanos, por su parte, deben recibir una información clara, sencilla y accesible sobre el tratamiento antes de la recogida de los datos personales».

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