Amnistía urge a la prometida evaluación independiente de la gestión sanitaria

22 Julio 2021/Agencias
Amnistía Internacional ha urgido hoy jueves a hacer la evaluación independiente de la gestión sanitaria de la covid que se anunció en 2020 para poder extraer lecciones y ayudar a frenar «el colapso al que se enfrenta, una vez más, la Atención Primaria» ante la quinta ola.

Nueve meses después del compromiso de llevarla a cabo, «no hay noticias sobre una evaluación de las políticas sanitarias aplicadas por el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud», recalca la organización de derechos humanos en un comunicado.

Grupos de expertos y organismos internacionales habían recomendado una evaluación exhaustiva de los sistemas de atención sanitaria y social para preparar al país para nuevas oleadas de la covid-19.

Por otro lado, aunque el Gobierno anunció medidas para potenciar la Atención Primaria, «lo cierto es que sigue sin reforzarse de manera adecuada».

El Ejecutivo se comprometió a dar cumplimiento al Marco estratégico de Atención Primaria, que entre otros aspectos establecía un ratio máximo deseable de 1.500 pacientes por profesional sanitario, o que las urgencias se atiendan en menos de 48 horas.

Sin embargo, «17 meses después no se conoce que se hayan puesto en práctica las medidas que contribuyan a aliviar la situación de la Atención Primaria», según Amnistía.

Además, se sigue sin noticias sobre la evaluación de las medidas adoptadas durante la pandemia: «No se han hecho públicas lecciones aprendidas en más de año y medio, y ante la quinta ola de la COVID-19, una vez más no se han tomado medidas adecuadas para que la Atención Primaria evite su colapso”, señala Beatriz Perales, responsable de campañas de Amnistía Internacional España.

A juicio de esta organización, las comunidades deben reforzar de manera urgente las plantillas de personal sanitario y administrativo de Atención Primaria para hacer frente al aumento del volumen de trabajo durante la pandemia tanto para pacientes Covid 19 como para otras patologías, garantizando el derecho al acceso a la salud.

Calcula, en este sentido, que las comunidades deben incrementar de manera progresiva la inversión asignada a Primaria hasta alcanzar el 25 % del total de su gasto sanitario público.

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