ASG apoya la nueva ley de Consejos Sociales y su función como puente entre la universidad y la sociedad
La presidenta del Grupo Parlamentario, Melodie Mendoza, subraya que la nueva normativa mejora la transparencia, la representatividad y la eficacia de estos órganos
También recalca la importancia de dotarlos de medios suficientes para garantizar su autonomía funcional y su misión de servicio público
21 de junio. La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha valorado este viernes el espíritu de consenso alcanzado en el proceso de reforma de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. Mendoza agradeció el trabajo riguroso de todas las personas implicadas, especialmente el de la letrada de la ponencia, y destacó que esta modificación normativa “no se limita a un ajuste formal”, sino que refuerza la misión de estos órganos como “puente necesario entre la universidad y la sociedad canaria”.
Entre los principales avances de la reforma, la diputada por la Isla de La Gomera destacó el refuerzo del papel de los Consejos Sociales en la planificación, programación y supervisión de la actividad universitaria, así como en la promoción de relaciones con los agentes sociales, económicos y culturales del entorno.
“La ley concreta ahora mucho mejor sus competencias en ámbitos clave como la supervisión económica, la protección de la integridad de la función docente e investigadora, y la captación de recursos y mecenazgo”, señaló Mendoza. Asimismo, resaltó la mejora en los procedimientos de designación de sus miembros, reforzando la transparencia, el equilibrio de género y la representatividad de los distintos sectores sociales.
Defendió la necesidad de dotar a estos órganos de medios suficientes y adecuados, que les permitan ejercer sus funciones con autonomía y eficacia, tal como demanda la sociedad.
Melodie Mendoza reconoció que durante la ponencia surgieron “preocupaciones legítimas”, tanto por parte de los grupos como por parte de los rectores, especialmente en lo relativo al equilibrio entre supervisión y autonomía universitaria. “Ese equilibrio ha sido respetado en el texto legal, pero debemos seguir cuidándolo en su desarrollo reglamentario y aplicación práctica”, advirtió.
La presidenta del grupo concluyó reiterando el valor del diálogo que ha marcado este proceso legislativo y afirmó que “la universidad pública es un bien esencial de nuestra tierra y este esfuerzo colectivo por dotarla de un marco normativo adecuado es un paso más en el compromiso de este Parlamento con el futuro de Canarias”.
