ASG exige más control institucional sobre las promociones privadas subvencionadas tras el caso del Edificio Pelayo en Fuerteventura
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, reconoce el trabajo de la Consejería de Obras Públicas, pero reclama mayor transparencia y garantías para las familias que acceden a vivienda protegida financiada con fondos públicos
Plantea reforzar la fiscalización del Icavi, revisar la normativa vigente y activar canales de asistencia urgente a las personas afectadas por subidas de alquiler y condiciones abusivas
11 de mayo. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha reclamado este viernes, en la Comisión de Obras Públicas del Parlamento de Canarias, un mayor control institucional sobre las promociones privadas que reciben financiación pública para vivienda protegida, tras conocerse las denuncias formuladas por las familias del Edificio Pelayo, en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
Durante su intervención, Ramos reconoció a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda que se “haya puesto manos a la obra, tras conocer lo ocurrido en este caso, trabajando y actuando tal y como tenía que hacerlo, y logrando que la empresa promotora se ajuste a la normativa en el cobro de alquileres e implemente la actualización de los precios a través del índice de referencia establecido”.
No obstante, lamentó que “una promoción que debía garantizar el acceso a vivienda asequible, financiada con cerca de medio millón de euros públicos, haya derivado en una situación de incertidumbre, subidas de alquiler y falta de mantenimiento que vulnera los principios del Plan Canario de Vivienda 2020-2025”.
El diputado gomero advirtió que “la vivienda protegida no puede convertirse en una oportunidad de negocio sin control” y defendió la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), así como de revisar los criterios de concesión de ayudas públicas a entidades privadas.
“Desde ASG proponemos un paquete de medidas concretas: auditorías periódicas de cumplimiento, reforma normativa que garantice el alquiler asequible y mantenimiento adecuado, y activación urgente de canales de mediación y asistencia jurídica para las familias afectadas”, explicó.
Ramos subrayó que “lo ocurrido en Fuerteventura puede suceder en cualquier isla, también en La Gomera o en las Islas Verdes, aunque los problemas de acceso a la vivienda no sean tan agudos”, y recordó que su grupo parlamentario ha insistido en la necesidad de una política habitacional verdaderamente insularizada y equitativa.
El portavoz adjunto de ASG también defendió el papel que puede desempeñar una colaboración público-privada bien regulada y transparente, siempre que “esté subordinada al interés general y al derecho de las familias a vivir en condiciones dignas y seguras”.
“Queremos convertir este caso en una oportunidad para mejorar el sistema de vivienda protegida en Canarias. No podemos permitir que la ciudadanía pierda la confianza en una política pública tan esencial. Hay que actuar con firmeza, pero también con voluntad de mejora”, recalcó.
