Asociación de magistrados iberoamericanos alerta de los ataques a la Justicia en España
04 de junio 2025/Agencias
Una asociación de magistrados iberoamericanos ha alertado de que España empieza a destacar por reformas legislativas que ponen en peligro la independencia judicial y por declaraciones de miembros del Gobierno que desacreditan a jueces que investigan a familiares del presidente del Ejecutivo.
«Este tipo de conductas, impropias de una democracia madura, forman parte de un patrón que hemos visto en otros países: primero se desacredita públicamente a los jueces; luego se reforman sus estructuras; finalmente, se transforma su naturaleza», apuntan.
Así lo denuncia el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) en un comunicado fechado en Quito (Ecuador), donde celebró su asamblea anual entre el 25 y el 28 de mayo.
El comunicado es especialmente crítico con las reformas legislativas anunciadas por el Gobierno español y que afectan al acceso a la carrera judicial o pretenden otorgar a los fiscales la instrucción de las causas penales, hasta ahora en manos de los jueces.
«Todo ello con una narrativa que habla de modernización, cuando en realidad se está legislando para debilitar la independencia judicial desde dentro», lamentan.
A la reforma, añaden, «se suma un contexto de presión política cada vez más evidente» y señalan al respecto que miembros del Gobierno de España han hecho declaraciones públicas en las que se ha desacreditado a jueces que instruyen procedimientos sensibles, relacionados con el entorno del presidente del Gobierno.
En otros países, continúa el comunicado, se ha demostrado que el debilitamiento de la justicia «no suele comenzar con grandes golpes institucionales, sino con reformas legales técnicamente justificadas y discursos que acusan a los jueces de elitismo, corporativismo o resistencia al cambio».
Por todo ello, la asociación reclama la retirada o «revisión sustancial» de las citadas reformas y que el acceso a la carrera judicial sea por mérito, igualdad y objetividad, al tiempo que reprueba toda forma de presión política sobre jueces y tribunales, especialmente cuando proviene de miembros del Ejecutivo.
