ATME reclama de nuevo el reconocimiento de la profesión militar como de riesgo

Tras la publicación de un Real Decreto que excluye nuevamente a los militares del procedimiento para ser reconocidos como profesión de riesgo, ATME reitera su demanda, respaldada por la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Defensa del Congreso el 26 de febrero de 2025. ¿Por qué se ignora la voluntad parlamentaria?
Cáceres, 3 junio de 2025. Recientemente, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 402/2025 que regula el procedimiento para la anticipación de la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores. Este hito es el resultado directo de una sentencia del Tribunal Supremo, impulsada por sindicatos policiales, que ha corregido la discriminación histórica que sufrían los agentes de la Policía Nacional al negarles un derecho del que ya gozaban la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra y la Policía Local.
ATME celebra este merecido reconocimiento, si bien lamenta profundamente que el personal de clases pasivas quede excluido de estos factores de corrección para la edad de jubilación.

La profesión militar sigue sin ser reconocida como de riesgo

No obstante, la Asociación manifiesta su profunda preocupación y decepción ante la persistente indiferencia del Gobierno y el Ministerio de Defensa respecto a una reclamación histórica y fundamental para el personal militar: el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo.

«Es incomprensible que, a pesar de ser uno de los colectivos con mayor número de bajas y accidentes registrados en actos derivados del servicio, nuestros dirigentes sigan negándose a clasificar la profesión militar como de riesgo».

Esta situación sitúa a los militares, una vez más, a la cola de los servidores públicos en cuanto a derechos fundamentales. Mientras los discursos oficiales ensalzan la labor de las Fuerzas Armadas, en la práctica, se elude de forma sistemática la defensa de sus derechos más básicos y justos. Parece, lamentablemente, que los intereses del personal militar no reciben la prioridad ni el respeto que merecen.

Los integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han comprendido, desde hace años, que la defensa de sus derechos pasa por la protesta y la movilización activa. Muchos militares, en marcado contraste, continúan esperando que sean otros quienes resuelvan sus problemas profesionales y retributivos, una actitud que, sin duda, repercute negativamente en la consecución de mejoras que son absolutamente imprescindibles.

ATME, como ha demostrado de manera fehaciente a lo largo de sus movilizaciones y reclamaciones, continuará luchando incansablemente por las mejoras en la profesión militar. Esto incluye, de forma irrenunciable, el reconocimiento como profesión de riesgo y la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación. Es inaceptable que, como han manifestado miembros de la coalición de gobierno en sede parlamentaria, se use como pretexto la supuesta necesidad de modificar la Ley de Clases Pasivas del Estado para no ejecutar estas justas reivindicaciones.