Balance 2020: lo mejor, lo peor y los retos para 2021

29 Diciembre 2020
Entre lo mejor: el fin de las centrales térmicas de carbón, aumenta la lista de “ciudades 30” y el pueblo Karipuna consigue reducir la deforestación.
Entre lo peor: una pandemia que ha evidenciado la historia de destrucción de biodiversidad que venimos arrastrando y el destino de las inversiones de dinero público para la COVID a sectores contaminantes
Entre los retos para 2021: que lo fondos europeos se utilicen para una verdadera recuperación verde en esta década tan decisiva para frenar la pérdida de biodiversidad y las peores consecuencias del cambio climático
Madrid, 28 de diciembre. A punto de finalizar 2020, Greenpeace España hace su balance anual y expone los principales retos para el próximo año, que resume así su director, Mario Rodríguez:
“Termina uno de los años más difíciles de la historia reciente. La pandemia ocasionada por la Covid-19 nos ha hecho ver que hace falta un cambio profundo para afrontar las múltiples crisis que estamos viviendo. Tenemos que ser optimistas y apostar por un futuro justo para las personas y para el planeta, donde no se olvide a los más vulnerables. La buena noticia es que es posible hacerlo. Es ahora o nunca”.

Lo mejor de 2020
Nacional:

Tras 30 años de campaña, Greenpeace celebra el fin de las centrales térmicas de carbón antes de 2025, un paso crucial en la lucha contra el cambio climático.
Se inicia el primer litigio climático en España, con la admisión a trámite por el Tribunal Supremo del recurso de Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno por su insuficiente acción ante el cambio climático y la posterior presentación de la demanda por las mismas organizaciones, apoyadas por más de 24000 firmas ciudadanas.
Después de cinco años, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética llega al Congreso, aunque con objetivos insuficientes para cumplir con el límite de 1,5ºC, un sistema eléctrico 100% renovable en 2030, y claros mecanismos de mitigación y adaptación ante la emergencia climática.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite un recurso de Greenpeace para pedir mayor transparencia en las exportaciones de armas tras una investigación de la organización que confirmó el despliegue de morteros españoles en una zona conflictiva de la guerra de Yemen.
Más de la mitad de las capitales de provincia ya son ‘Ciudades 30’, una medida reclamada por Greenpeace que contribuye a reducir el ruido, la contaminación y los accidentes provocados por el tráfico motorizado. En 2020 la DGT también ha fijado esta velocidad para las calles de un carril por sentido, lo que abarca más del 80 % de las vías urbanas a nivel estatal.
El Tribunal Supremo tumba definitivamente el proyecto de construcción del embalse de Biscarrués en Huesca, una impactante e innecesaria infraestructura hidráulica, gracias a una queja conjunta y un recurso judicial contra este proyecto. Esta acción vino a sumarse al recurso y el trabajo firme y constante que venía desarrollando colectivos locales y ayuntamientos de la zona afectada.
El anuncio de la demolición del hotel ilegal de la playa de El Algarrobico (Almería) tras 15 años de campaña en contra de este símbolo de la destrucción del litoral.
Comienza a tramitarse la Ley Estatal de Movilidad, un texto demandado por Greenpeace a los partidos políticos durante las elecciones de 2019 para establecer una fiscalidad verde que promueva el transporte colectivo y compense las externalidades de los modos más contaminantes y de los grandes generadores de movilidad.
Tras tres años desde la presentación de la que sería la mayor explotación de vacuno de leche de la UE, y que estaría entre las cinco más grandes del mundo, que se pretende construir en Noviercas (Castilla y León) sigue sin ponerse en marcha su construcción.
Internacional

Europa afronta la crisis social y económica del coronavirus dotando a los países de un fondo sin precedentes para la recuperación verde y justa
Más de un millón de personas demandan una ley europea contra la deforestación. Se trata de la mayor consulta de la Comisión Europea sobre temas ambientales.
El Parlamento Europeo adopta una resolución encaminada a desarrollar acciones para combatir la crisis de biodiversidad y proteger la naturaleza, incluyendo una petición de protección de la mitad del planeta para 2050 y al menos el 30% de las áreas naturales para 2030.
China, que es la mayor fuente de dióxido de carbono (CO2) del mundo, responsable de alrededor del 28% de las emisiones globales se compromete a llegar al tope de emisiones de carbono antes de 2030 y alcanzar la neutralidad en sus emisiones en 40 años. Es decir, que a partir de 2060 la segunda potencia mundial no va a liberar CO2 adicional a la atmósfera. A esto se suma, que tras la victoria electoral de Joe Biden, Estados Unidos regresará al Acuerdo de París.
El pueblo Karipuna consigue reducir casi a la mitad la deforestación en uno de los territorios indígenas más amenazados de la Amazonía brasileña.
La Comisión Europea da la razón a la sociedad civil y decide no modificar la Directiva Marco del Agua y dedicar sus esfuerzos a que los Estados pongan en marcha las medidas necesarias para proteger y mejorar la salud de los ríos, humedales y acuíferos.
Dinamarca cancela los nuevos permisos de petróleo y gas y fija la fecha para finalizar la producción existente
Ciudades de todo el mundo, tras el confinamiento, comienzan a transformarse dando más espacio a la movilidad sostenible y a las personas.
El Parlamento Europeo aprueba un aumento de la reducción de emisiones de hasta el 60% para 2030, muy cercano a la demanda de Greenpeace que considera que debería incrementarse al 65% para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
Miles de personas en todo el mundo se movilizan (a través de las redes sociales y desde sus hogares) para pedir una salida con justicia climática a la crisis sanitaria.
Lo peor de 2020
Nacional:

La fiscalidad verde sigue sin avanzar, se continúa bonificando al diésel en los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno de España dedica las primeras inversiones multimillonarias de dinero público tras la Covid-19 a sectores contaminantes como los rescates a la aviación o el plan Renove para vehículos diésel y gasolina, sin exigir condiciones ambientales para recibir dinero público a diferencia de otros países.
La ambición climática del Gobierno de España sigue siendo claramente insuficiente, apostando por una reducción de las emisiones de tan solo el 23% en el año 2030 respecto a las de 1990, un objetivo muy alejado de las recomendaciones científicas.
Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña Castilla y León, Castilla La Mancha y las Islas Canarias aprovechan el discurso de la reactivación económica post-covid para agilizar paquetes normativos y proyectos que dan la espalda a la protección ambiental buscando en el ladrillo la salida a la crisis.
Se amplía la licencia de operación de los dos reactores nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellos II (Tarragona), ambos innecesarios para la seguridad de suministro eléctrico. Ambos continuarán produciendo residuos radiactivos sin que tengamos solución para los mismos, están cada vez más envejecidos superando en el caso de Almaraz su vida de diseño, condicionan la transición energética y aumentan el riesgo de ocurrencia de accidentes.
Las políticas de greenwashing de las empresas contaminantes. Tras la narrativa del “cero emisiones netas en 2050”, existe una política empresarial continuista sostenida por argucias y falsas soluciones. La organización ha identificado las estrategias empresariales que son resistencias y obstáculos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de grandes empresas: Banco Santander, BBVA, Campofrío, Coren, Ecoembes, Endesa, Iberia, Naturgy, Real Madrid C.F. y Repsol.
Un 15% de la población sufre pobreza energética en España, una situación que causa 7.100 muertes al año, más que los accidentes de tráfico, según la OMS. Greenpeace exige al Gobierno que reconozca la energía limpia y asequible como un derecho.
El Ministerio de Transición Ecológica otorga una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva al proyecto presentado por la empresa Fertiberia para el sellado de las balsas de Fosfoyesos de Huelva a pesar de que no se producirá la restauración ambiental de esta zona, siendo el caso de contaminación industrial más grave de Europa.
España es ya el país de la UE donde más carne se consume y siguen proliferando nuevas explotaciones de ganadería industrial en todo el territorio con graves consecuencias sociales y ambientales del que el dictamen motivado de la CE por el reiterado incumplimiento de la Directiva de Nitratos es un claro ejemplo.
Internacional:

El pasado mes de mayo se alcanzaron 417 partes por millón de CO2 en la atmósfera, el máximo en la historia de la humanidad.
Cinco años después de la firma del Acuerdo de París, los compromisos de los países siguen siendo insuficientes para afrontar la emergencia climática. La UE ha aprobado un nuevo objetivo de reducción de emisiones insuficiente.
En sólo un año, la selva amazónica ha perdido 626 millones de árboles en una superficie equiparable a un millón y medio de campos de fútbol. Se trata de la cifra más alta de la década.
El hielo marino en el Ártico alcanza el segundo mínimo histórico jamás registrado. Ya ha perdido dos tercios de su volumen.
El Parlamento Europeo condena a la agricultura europea al aprobar una Política Agrícola Común (PAC) que no recorta las subvenciones a la ganadería industrial ni aumenta sustancialmente la financiación de medidas medioambientales.
Muchos países de todo el mundo imponen restricciones desproporcionadas a las libertades cívicas, el activismo, la protesta pacífica y la participación democrática debido a la pandemia provocada por la Covid-19.
Los datos sobre incendios y crisis climática en todo el planeta son alarmantes. Comenzó 2020 con una crisis nacional en Australia, así como en Siberia y otros países. En California, los incendios han arrasado la mayor superficie de su historia. En España, tan sólo 17 grandes incendios han abarcado el 52% de superficie quemada total, con miles de personas desalojadas de sus casas.
El Banco Central Europeo ha inyectado más de 7.000 millones de euros en combustibles fósiles desde el comienzo de la crisis Covid-19. Entre las empresas vinculadas a los combustibles fósiles a las que el BCE ha comprado bonos se encuentra Repsol.
Una investigación de Greenpeace pone de manifiesto que la contaminación por la quema de carbón, petróleo y gas provoca 4,5 millones de muertes al año en todo el mundo y tiene un coste económico de 2,9 billones de dólares al año en todo el mundo (3,3% del PIB mundial) y 23.631 millones de dólares al año en España (1,68% del PIB).
Greenpeace denuncia que algunas colonias de pingüinos de la Antártida ya han disminuido hasta en un 77%. Algunas colonias de pingüinos barbijo estudiadas en la Antártida han pasado de 122.550 parejas reproductoras a 52.786 en los últimos 50 años.
Retos para 2021:

Las personas y el planeta primero. El dinero de los fondos europeos se utiliza para una verdadera recuperación justa y verde y se dejan de lado las falsas soluciones.
El Gobierno aumenta su ambición climática aprobando objetivos que permitan reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 en la próxima década y aceleren la transición ecológica. En el contexto vivido de crisis sanitaria y socioeconómica, prevenir los peores efectos del cambio climático es más necesario que nunca. La sentencia de la demanda interpuesta, junto con Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, contra el gobierno por la falta de acción climática obliga a la aprobación de objetivos máś ambiciosos.
En 2021 se debe retomar la agenda internacional para frenar la pérdida de biodiversidad con la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y establecer nuevos objetivos globales, incluido el de proteger total o completamente el 30% de nuestros océanos para 2030, un objetivo que los científicos consideran crítico para prevenir lo peor del colapso de los ecosistemas en los océanos y evitar un cambio climático desbocado.
El Gobierno tiene en sus manos legislar para solucionar la contaminación por plásticos que sufre el país, y no dejarse engañar por las falsas soluciones que propone Ecoembes.
Demolición del hotel ilegal de El Algarrobico y restauración de la playa tras más de una década de sentencias declarando la ilegalidad del inmueble situado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en Almería.
Las ciudades se transforman en sostenibles y para las personas, con medidas hacia la alimentación, movilidad y el consumo estableciendo políticas locales vinculantes que ayuden a luchar contra la emergencia climática.
La ciudadanía es consciente de la relación del consumo y el cambio climático, y por tanto empiezan a notarse cambios de hábitos en el consumo que se reflejan en el mercado.
Ampliación de los territorios donde se establece una moratoria a la ganadería industrial y publicación de un borrador de proyecto de ley que garantice la reducción de la emisión de nitratos en un 50% para 2030.
El Gobierno termina la transposición de las directivas europeas en materia de energía ciudadana y facilita los mecanismos necesarios para una verdadera democratización energética que nos lleve a la urgente transición energética, pero esta vez participada y acelerada por sus ciudadanos. (Estrategia nacional de Autoconsumo y Comunidades Energéticas Locales).
Desarrollar herramientas de política fiscal verde que respondan a los retos medioambientales y penalicen las prácticas no sostenibles. Se prohíben las subvenciones a los combustibles fósiles.
Se evita la formación de monopolios u oligopolios y se fuerza la desaparición de los existentes. Se regula la publicidad engañosa, desleal y no verificable por parte del sector de los combustibles fósiles, así como la prohibición del patrocinio de eventos de carácter público por parte de estas empresas.
La seguridad humana se pone en el centro de las políticas para dar respuesta a las grandes crisis de nuestro tiempo (sanitaria, ecológica y de desigualdad), frente al discurso securitario que antepone soluciones basadas en el control social y el gasto militar.

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