Bruselas da alas al BBVA para recurrir al Supremo la intervención del Gobierno en la opa

20 de julio 2025/Agencias
El expediente abierto por la Comisión Europea a España da alas al BBVA para recurrir ante el Tribunal Supremo la intervención del Gobierno en la opa sobre el Banco Sabadell y la prohibición a una fusión en los próximos tres años, según coinciden distintas fuentes jurídicas.

El pasado 24 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la operación con la condición de que, si prospera, el BBVA podrá tomar el control del Banco Sabadell, pero tendrá que mantener las dos entidades separadas durante al menos tres años.

El Gobierno argumentó que imponía esta condición en aras del interés general para mantener el apoyo al crecimiento y la actividad empresarial, proteger a los trabajadores y a los clientes, o para lograr una cohesión territorial, entre otras razones.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo confirmó los compromisos establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que previamente había aprobado la potencial operación de concentración sujeta al cumplimiento de distintas condiciones por parte del BBVA para tratar de minimizar el impacto de la toma de control del Sabadell.

Desde un primer momento, el BBVA consideró que solo la CNMC estaba autorizada para imponer condiciones y, aunque esta operación en concreto se analizó en profundidad y la ley contempla que en esos casos el Gobierno puede opinar, desde el banco interpretaron que solo podría hacerlo para dar su visto bueno o incluso reducir las exigencias.

Frente a esta tesis, tanto el Banco Sabadell como el Gobierno consideraban que la ley permitía endurecer los compromisos pactados por el BBVA con la CNMC o imponer condiciones adicionales para proteger el interés general, razón por la cual el Ejecutivo impulsó una consulta pública inédita para recabar la opinión de terceras partes.

Sin embargo, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, consideró que la Ley de Defensa de la Competencia no aclara si el Gobierno puede imponer nuevos compromisos con el argumento del interés general y explicó que «la ley ayuda poco» a aclarar este asunto.

Ella se inclinaba a pensar que fue diseñada para que el Gobierno pueda aprobar una operación que Competencia prohíbe. A modo de ejemplo, la CNMC podría rechazar la unión de dos empresas de defensa en un único mercado para evitar un monopolio, pero el Ejecutivo podría autorizar esa concentración en aras del interés general en un contexto de guerra.

La disparidad de criterios
Esta disparidad de criterios y el hecho de que finalmente el Gobierno impusiera la condición de que no haya una fusión entre las dos entidades aunque triunfe la opa es lo que ha hecho que el BBVA siga teniendo encima de la mesa la opción de impugnar la decisión del Ejecutivo.

Desde el BBVA declinaron hacer comentarios sobre sus planes a este respecto, pero el grupo que preside Carlos Torres lleva semanas barajando la posibilidad de recurrir la condición impuesta por el Gobierno y podría pedir incluso medidas cautelares para tratar que quedara en suspenso.

Fuentes jurídicas consideraban que tenía sentido ante la ambigüedad de la ley y el BBVA podía apoyarse en que la operación de concentración fue aprobada por la CNMC por unanimidad, lo que resulta especialmente significativo en una opa que ha recibido tanto rechazo público.

Por si este argumento no fuera suficiente, la Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España por la actuación del Gobierno, al considerar que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la opa infringen varias normas comunitarias.

Por un lado, la Ley de Defensa de la Competencia y las dudas de si permite al Gobierno imponer condiciones adicionales, como ha hecho, y por otro, la Ley de Supervisión y Solvencia que otorga el derecho de veto al Ejecutivo de las operaciones corporativas.

Para el despacho Navas & Cusí, especializado en derecho financiero y europeo, todo con el argumento de si afectan al interés general, un concepto jurídico que ven «excesivamente amplio e indeterminado».

Que el Gobierno pueda vetar una operación corporativa bancaria violaría el art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE relativo a la libre circulación de capitales, argumenta el socio-director del mismo bufete, Juan Ignacio Navas.

Aunque la legislación española «parece respetar» el derecho europeo, dejando en manos del Banco de España el análisis de un fusión, la posibilidad del veto por parte del Ejecutivo que contempla la norma supone, a ojos de este experto, «una interferencia política que Bruselas -con razón- observa con recelo».

Y, añade, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJU) ha dejado claro en distintas ocasiones que los vetos son inaceptables si la operación es empresarialmente razonable y está justificada.

De ahí que distintos expertos jurídicos coincidan en que si Bruselas ha abierto un expediente porque duda de la actuación de España, el BBVA tiene más argumentos para recurrir ante el Supremo la intervención del Ejecutivo en la opa que, en cualquier caso, sigue adelante con su calendario.

Se espera que en los próximos días la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la operación y el BBVA inicie este mismo mes el periodo de canje de la oferta, que se alargaría al menos hasta septiembre y que será clave para que los accionistas del Sabadell decidan su futuro.