Bruselas emplaza a España a que comunique la transposición de 3 directivas

21 Septiembre 2022/Agencias
La Comisión Europea anunció este miércoles el envío de cartas de emplazamiento a veinticuatro Estados miembros, entre ellos España, para que notifiquen a Bruselas la transposición a sus normativas nacionales de diez directivas europeas, que ya deberían haber hecho entre julio y agosto pasados.

España y los otros veintitrés países tendrán dos meses para responder a las cartas de emplazamiento y completar su transposición, o la Comisión Europea puede decidir emitir un dictamen motivado.

En concreto, en el caso de España, Bruselas le emplaza a comunicar su transposición a la normativa nacional sobre tres directivas: una sobre derechos de los trabajadores y dos sobre finanzas verdes.

La Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y predecibles proporciona derechos laborales y protección más amplios y actualizados a los 182 millones de trabajadores en la UE.

Con la nueva norma, los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en cuanto a las asignaciones y el tiempo de trabajo, señala la Comisión.

También tendrán derecho a recibir información oportuna y más completa sobre los aspectos esenciales de su trabajo, tales como el lugar de trabajo y la remuneración.

El segundo emplazamiento de Bruselas a España se refiere a la Directiva Delegada que aclara que las empresas de inversión deben tener en cuenta los factores de sostenibilidad y los objetivos relacionados con la sostenibilidad en su proceso de supervisión y gobernanza,

Esas reglas anclan las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (sostenibilidad) en el corazón del sistema financiero, dijo la Comisión.

A partir del 22 de noviembre de 2022, los fabricantes y distribuidores deben considerar debidamente los objetivos relacionados con la sostenibilidad de los productos financieros que conciben o distribuyen y garantizar que los instrumentos financieros con factores de sostenibilidad permanezcan fácilmente disponibles para todos los clientes.

Por último, la segunda Directiva Delegada sobre finanzas verdes que Bruselas reclama a España exige que todos los gestores de fondos integren los riesgos de sostenibilidad en su cartera y que se incluyan los procedimientos de conflicto de intereses que puedan surgir como resultado de la integración de esos riesgos de sostenibilidad.

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