Canarias habrá ejecutado a final de año el 83% de los fondos del FEDER 2014-2020

14 Noviembre 2022
El Gobierno dispondrá aún de otros 18 meses de plazo para ejecutar y certificar el resto del programa, de acuerdo con el reglamento del Fondo

La Palma acogió hoy una reunión técnica de seguimiento del FEDER, a la que asistieron funcionarios de las administraciones europea, española y canaria

 

El jefe de la unidad de Dirección de Política Regional de la Comisión Europea para España y Portugal destaca la respuesta “sin precedentes de la Unión ante una crisis también sin precedentes”

 

El Gobierno de Canarias habrá ejecutado a final de este año el 83% del FEDER 2014-2020, aun cuando restan otros 18 meses para que se cierre formalmente el plazo de certificación de los fondos, según se puso de manifiesto durante la celebración hoy en La Palma del Comité técnico de Seguimiento de este programa operativo, encuentro al que asistieron medio centenar de representantes de las administraciones europea, española y canaria, además de agentes sociales.

 

De acuerdo con la exposición realizada en el transcurso de la reunión por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, el 31 de diciembre de 2022 se habrán ejecutado proyectos por importe de 1.007 millones de euros, de los 1.220 millones ordinarios programados para todo el período.

 

A esta cantidad habría que añadir la parte del React-EU que se endosa al FEDER, unos 403 millones de euros, de los que el Gobierno certificará a final de año 134 millones de euros. La otra parte del React-EU, hasta llegar a los 630 millones que recibirá Canarias, se asigna a otro programa operativo, el Fondo Social Europeo.

 

Con independencia de esa adscripción decidida por Europa, el Ejecutivo autonómico habrá ejecutado a final de este año unos 517 millones de euros con cargo al React-EU, de modo que quedarán pendientes para 2023 unos 112 millones de euros.

 

 

 

 

 

El Gobierno de Canarias ha diseñado un cronograma en el que a 31 de diciembre de 2023 estará completamente ejecutado el FEDER, mientras que el plazo para la certificación de los fondos concluirá el 30 de junio de 2024.

 

Tal y como establece la normativa reguladora de los fondos europeos, es la Comunidad Autónoma la que tiene que seleccionar las operaciones o proyectos susceptibles de ser cofinanciados, adelantar el dinero y luego solicitar el reembolso del mismo una vez se certifique que la financiación se ajustó a los requerimientos del propio programa.

 

Durante la reunión, celebrada en el Parador de Turismo de La Palma se cumplimentó un orden del día de nueve puntos. Además de la lectura y aprobación del acta de la última sesión del Comité de Seguimiento se analizaron los avances experimentados en la ejecución del Programa Operativo FEDER, así como sus perspectivas de cierre.

 

Los asistentes tuvieron también la oportunidad de debatir sobre los instrumentos financieros del mismo y de estudiar diversas modificaciones del Programa Operativo. Del mismo modo, también se avanzó en los Planes de Evaluación Común específicos para esta herramienta de inversión europea.

 

Por último, el Comité abordó el nuevo periodo de programación 2021-2027 en apartados tales como su definición, designación de autoridades y organismos, puesta en marcha del Comité de Seguimiento o las principales novedades que contendrá este documento desde el punto de la vista de la gestión.

 

Canarias recibirá una ayuda con cargo al FEDER durante este período de 1.097 millones de euros, que alcanzarán los 1.290 millones con la parte que financia la propia Comunidad Autónoma.

 

La reunión estuvo presidida por el jefe de la Dirección de Política Regional de la Comisión Europea para España y Portugal, Vicente Rodríguez Sáez, quien destacó el compromiso de la Unión en la respuesta a las necesidades de aquellos ciudadanos que sufren crisis de distinto signo, como la erupción de La Palma.

 

Rodríguez inició su intervención con una exposición en la que detalló el esfuerzo “sin precedentes” realizado por la Unión Europea en los últimos años para dar respuesta a una crisis, también sin precedentes, a todos los niveles, y su flexibilidad a la hora de adaptar las normas ante la gravedad de la propia pandemia.

 

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