Canarias inicia el proceso para el reparto obligatorio de los menores migrantes

12 de febrero 2024
El Gobierno y el Parlamento de Canarias se disponen a arrancar esta semana el proceso para intentar que se cambie por ley la tutela y custodia de los menores migrantes, de manera que haya un reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas con criterios objetivos, independientemente del territorio por el que acceden al país.

El orden del día del Consejo de Gobierno de Canarias, que se reúne este lunes, incluye una comunicación que remitirá al Parlamento regional para que la cámara legislativa apoye el cambio legal que se propone, una iniciativa que Canarias pretende que asuma el Gobierno central para que el Consejo de Ministros apruebe por decreto ley un cambio en el Código Civil.

La Comunidad Autónoma de Canarias tutela actualmente más de 5.500 niños y adolescentes llegados a las costas de las islas sin la compañía de mayores, los cuales están albergados en 72 instalaciones, muchas de ellas abiertas con premura ante la llegada incesante de cayucos en los últimos meses sobre todo a partir del último trimestre de 2023.

El Gobierno de Canarias se ha visto obligado incluso a pedir permiso a la Fiscalía para alojar provisionalmente a 140 menores de edad en el centro de acogida de migrantes adultos de Las Raíces, en La Laguna.

Ya en octubre pasado, Canarias pidió el apoyo del Estado y de las comunidades autónomas.

Entonces, Canarias tutelaba unos 3.300 menores y el acuerdo en la Conferencia Sectorial deInfancia y Adolescencia fue distribuir a 347 de ellos entre el resto de comunidades autónomas.

Cuatro meses después, los menores en las islas son 5.500 y ninguno de los 347 de los que se habló entonces ha sido acogido aún en otras comunidades, a falta de la firma de acuerdos bilaterales, garantías de financiación por parte del Estado y otros trámites.

Por ahora, solamente cuatro comunidades han mostrado su disposición a acoger a los menores fruto de ese acuerdo, según el Gobierno de Canarias: Madrid, con 34; Galicia, con 28; Cantabria, con 26; y Aragón, con 24.

Por eso la conclusión de casi todo el arco parlamentario es que dado que la «solidaridad voluntaria» no funciona, debe cambiarse la legislación para que haya una «solidaridad obligatoria», es decir, un reparto entre comunidades a partir de parámetros objetivos, como la población.

Además, se plantea que debe ser el Estado el que asuma el coste de la atención de estos niños y adolescentes extranjeros, que en el caso de Canarias representa en estos momentos unos diez millones de euros mensuales.

Pero dado que la tutela de los menores corresponde a las comunidades autónomas, esto requeriría cambios legales que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han examinado.

En la comunicación que tiene previsto abordar el Consejo de Gobierno de Canarias este lunes para su remisión al Parlamento se propondrán al Gobierno de España y al Congreso cuatro posibles modificaciones legales para que sea el Ejecutivo central el que asuma la tutela de los menores migrantes para su distribución entre todas las comunidades autónomas.

El Gobierno de Canarias considera que la alternativa más rápida sería modificar el artículo 172 del Código Civil, que es el que regula la guarda y acogimiento de menores, mediante un decreto ley que apruebe el Consejo de Ministros que sea luego convalidado por el Congreso de los Diputados.

El Parlamento de Canarias se plantea además invitar a las islas a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados.

Seis de los siete grupos parlamentarios en Canarias respaldan este pacto migratorio, todos excepto Vox, que defiende una «repatriación inmediata» de los menores.