CC-PNC lamenta que el Estado renuncie a impulsar la distribución de menores no acompañados

Migraciones asegura a Clavijo que “es un asunto complejo que requiere un estudio profundo” y desecha todas las herramientas para liderar la distribución solidaria

Los nacionalistas consideran inadmisible que Madrid deje sola a Canarias en la atención de más de 2.700 menores, pese a que no cuenta con los recursos necesarios

CC recuerda que el Defensor del Pueblo ya ha advertido que en los próximos meses habrá un crecimiento en la llegada de jóvenes migrantes a las islas

La organización nacionalista exige la adecuación de los macrocentros para evitar “lodazales” como el de Las Raíces

Canarias, a 4 de mayo de 2021

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, lamenta que el Gobierno del Estado renuncie a liderar la distribución solidaria de los más de 2.700 menores migrantes no acompañados que permanecen en las islas. En una respuesta al senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que “se trata de un asunto complejo que requiere un estudio profundo respecto a su posible aplicación”.

Clavijo critica que el Gobierno rehúse activar las herramientas administrativas y legales que existen para coordinar un proceso de distribución que permita aliviar la grave situación que se vive en Canarias y garantizar que los niños y niñas reciban una atención social y educativa adecuada.

El secretario general de Coalición Canaria apunta que “las islas no pueden asumir en solitario el desafío que supone la acogida y la integración de más de 2.700 menores” y recuerda que “en la llamada «crisis de los cayucos», registrada en 2006, los menores llegaron en un plazo de tiempo más dilatado y, sin la existencia de un protocolo, se logró que fueran trasladados a la península a buena parte de los que llegaron a las islas”.

El también senador por la Comunidad Autónoma considera inadmisible que el Gobierno del Estado se niegue a aplicar la Ley de Extranjería, en la que se establecen tres vías para activar la derivación de los menores cuya tutela corresponde en estos momentos a Canarias. Esas tres herramientas son la elaboración de un plan estratégico plurianual para la integración de los menores extranjeros no acompañados, impulsado por el Estado; el reparto entre las comunidades autónomas de los menores que han llegado a Canarias, y la firma de convenios con fundaciones y otras entidades para la asunción de la tutela ordinaria.

Clavijo espera que, ante la ausencia de respuesta por parte del Gobierno del Estado, sea la Comunidad Autónoma de Canarias la que solicite la convocatoria de la mesa interterritorial de asuntos migratorios para que se aborde con urgencia un asunto fundamental en la gestión de la crisis migratoria.

El senador recuerda, en este sentido, que el Defensor del Pueblo ya advirtió la semana pasada que en los próximos meses se prevé un crecimiento en la llegada de jóvenes migrantes a Canarias. Si se cumplen las previsiones del Defensor del Pueblo, la situación relativa a la atención de menores se agravará aún más.

El propio Defensor del Pueblo puso, en su monográfico sobre la migración en Canarias, una solución que no ha sido activada: que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas pueden establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles su tutela ordinaria.

No obstante, el Defensor advierte que “para que esta medida pueda ponerse en marcha con éxito, se necesita voluntad política y un liderazgo para su coordinación y financiación de la Administración General del Estado”.

Asimismo, los nacionalistas se refirieron a la “dejadez” de un Gobierno estatal que mira para otro lado y, por un lado, “asegura haber corregido las deficiencias en los campamentos y bastan unos días de lluvia para que estas personas vuelvan a vivir en un auténtico lodazal en ‘Las Raíces’”. Por este motivo, insisten en que “se escuche a las ongs, al Defensor del Pueblo y en la necesidad de que Salud Pública audite las condiciones de los migrantes acogidos”.

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