CEAR reclama una nueva Ley de Asilo que garantice derechos y sea dique de contención ante las oleadas antimigratorias en Europa

Informe Anual: Las personas refugiadas en España y Europa

Los cambios legislativos que está afrontando el país en materia migratoria deben servir para posicionar a España como abanderada de la Europa de los valores y los derechos.
Mientras tanto, el número de personas desplazadas forzadas a nivel mundial siguió creciendo hasta superar los 123 millones a finales de 2024, con emergencias prolongadas como las de Palestina, Sudán, Mali, Siria o Ucrania, entre otras.
La tasa de resoluciones favorables de asilo en España mejoró ligeramente hasta alcanzar 18,5 %, pero siguió siendo inferior a la media europea de 46,5 %.
(Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2025). La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha destacado hoy, en la presentación de su Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa, que el Gobierno español está ante una oportunidad histórica de abanderar una Unión Europea centrada en las personas, con la aprobación de una nueva Ley de Asilo que refuerce y mejore la garantía de los derechos humanos. La organización sostiene que ahora más que nunca son necesarias políticas que sirvan de dique de contención ante las oleadas antimigratorias y la amenaza que supone el Pacto Europeo de Migración y Asilo si no se implementa de forma garantista con los derechos, en un mundo en el que cada vez más personas tienen que huir de sus países.

De hecho, CEAR señala en su XXIII Informe Anual que la intensificación de los conflictos, la violencia, la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos dieron lugar, un año más, a cifras récord de desplazamiento forzoso a nivel mundial: más de 123 millones de personas desplazadas de sus hogares a finales de 2024, la gran mayoría dentro de su propio país, y quienes huyeron a otros países fueron recibidos sobre todo por naciones vecinas de renta media y baja, según ACNUR.

Siria, Venezuela, Afganistán, Ucrania, Sudán, región Sahel y Palestina protagonizan las principales crisis de desplazamiento. Especial mención merece el genocidio en Palestina, con más de 55 000 muertes, 1,9 millones de personas desplazadas y una respuesta internacional aún insuficiente.
En este contexto, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en mayo de 2024, consagra un enfoque de contención, control y externalización de fronteras. El nuevo ciclo político, tras las elecciones europeas, consolida este enfoque con la creación de dos nuevas carteras en la Comisión Europea que buscan reforzar la construcción de la Europa Fortaleza.

Para adaptarse a esta normativa europea, España tiene que aprobar una nueva Ley de Asilo, que debe poner el foco en el mantenimiento de las garantías ya existentes como la asistencia jurídica gratuita a lo largo de todo el procedimiento y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España en el exterior, entre otros. Además, debe asegurar que los nuevos procedimientos como el de triaje cuentan con todas las garantías y se respeta el principio de no devolución, con la participación
de organizaciones especializadas. También que no suponen un riesgo de extensión de las situaciones de detención, que deben ser siempre el último recurso.

Derecho de asilo en España y Canarias

CEAR considera que España aún tiene mucho margen de mejora como demuestran los datos de asilo, que la sitúan nuevamente a la cola de la UE en cuanto a reconocimiento, pese a un ligero incremento con respecto al año anterior. Solo un 18,5 % de las solicitudes fueron resueltas favorablemente, casi 30 puntos menos que la media europea del 46,6 %.
En cuanto al número total de solicitudes, apunta el ligero incremento de apenas un 2,5 %, hasta alcanzar las 167 366 personas solicitantes de asilo. Las tres primeras nacionalidades fueron Venezuela, Colombia y sobre todo Mali, que subió considerablemente debido al recrudecimiento del conflicto, las violaciones de derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria.

En este contexto se produjo un incremento de llegadas por vía marítima, principalmente a Canarias, pero también a Baleares, donde se identificó una nueva ruta migratoria que parte desde Somalia. Aunque el volumen no representa un reto inasumible, la falta de planificación ha obligado a mantener una respuesta de emergencia prolongada.
En el caso de Canarias, en el año 2024se presentaron 7667 solicitudes de protección internacional (8.621 en 2023, 954 menos), principalmente de nacionales de Venezuela, Colombia, Mali, Senegal, Cuba, Perú, Gambia, Guinea, marruecos, Costa de Marfil, Honduras. En Canarias, una de cada siete personas fueron niñas, niños o adolescentes, la mayoría sin referentes familiares. Su protección supuso uno de los principales retos en materia migratoria en 2024 ante un sistema desbordado y la falta de acuerdo político e interterritorial para su acogida. El auto del Tribunal Supremo y la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería presentan una oportunidad para dar una respuesta adecuada a cada niño y niña, poniendo su interés superior en el centro.

Medidas más inclusivas para personas en situación irregular

CEAR también resalta que el recién aprobado Reglamento de Extranjería presenta luces y sombras, ya que por un lado flexibiliza el arraigo para algunas personas en situación irregular, pero excluye del cómputo a quienes hayan visto sus solicitudes de asilo rechazadas, empujándoles a permanecer dos años en situación irregular. La aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas migrantes puede ser una herramienta válida para dar respuesta a las situaciones de irregularidad que quedan fuera del nuevo Reglamento. En este sentido, la organización pone de ejemplo la regularización que se hizo con las personas afectadas por la DANA, que sirvió para garantizar derechos a muchas personas, aunque lamentablemente muchas no pudieron acceder a esta medida porque se les exigía el requisito de acreditar la residencia en uno de los municipios afectados antes del 4 de noviembre de 2024, algo de difícil cumplimiento en algunos casos.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha recordado que Gran Canaria es una isla solidaria, una isla resiliente, una isla comprometida, pero también una isla que nunca va a aceptar el rol de carcelera. “Personas migrantes y refugiadas siempre encontrarán las puertas abiertas para colaborar, para potenciar proyectos que hagan de esta isla un lugar mejor para vivir y un centro de vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos”.
Desde CEAR confiamos en que el Gobierno español tome el camino adecuado y descarte cualquier vía alternativa que suponga vulnerar derechos y abrazar las políticas inhumanas que se promulgan en otros países.