Delegado de la Sección Sindical del STAP reclama al Ayuntamiento de la Laguna

Domingo Chávez Perdomo, Delegado de la Sección Sindical del STAP en el Ayuntamiento de la Laguna y en Policía Local.

DENUNCIA:

La Jefatura le roba el sitio a la Dirección del Área Policial, al Concejal de Policía y a la Concejalía de Recursos Humanos, vulnerando derechos del personal y todos los responsables tan ignorantemente frescos.
El caso es que lleva meses haciéndolo, tomando decisiones sobre los derechos del personal y de los policías sin corresponderle, y vulnerando incluso acuerdos de Mesa y Pactos Sindicales, pero la incapacidad de los gobernantes para asumir sus competencias hace que en un país de ciegos un tuerto sea el rey, en éste caso reina. Lo ha hecho con vetar el horario sanitario, lo ha hecho con el quite de servicios extraordinarios y ahora con los derechos de los policías a solicitar comisiones de servicio para atender sus necesidades de conciliación familiar y que siendo un derecho regulando por normas de rango superior, la jefatura las vulnera o las torea poniendo condiciones ilegales tales como convertirlas en permutas por otros policías que tendría que venir para cubrir su vacante, y donde luego tampoco admite ese requisito porque lo que busca es bloquear la salida de los policías que se quieren marchar de La Laguna porque unos no están a gusto y buscan mejorar sus expectativas laborales y otros porque quieren atender a sus derechos de conciliación familiar y que sistemáticamente se les conculca.

De ésta manera no tenemos duda de que la situación en el Colectivo de la Policía se torne cada vez más complicado y máxime cuando en lugar de arreglar las cosas por la vía del derecho y del trato considerado, se hace por vetar derechos y generar un constante malestar en la plantilla por éstas reiteradas conductas permitidas desde la Corporación impotente ante los desmanes de un mando policial descontrolado.

Nos volvemos a preguntar para que están los políticos en las Instituciones que como autoridades se dejan ningunear y no resuelven nada si al final son los funcionarios técnicos los que mandan, deciden y resuelven. Es algo que no entendemos y que le cuesta al erario público más de 2 millones de Euros anuales entre salarios y personal de confianza que no aportan nada. Y además dichas decisiones tan arbitrarias de los técnicos por salvar sus conveniencias pasarían a buscar la solución en los juzgados como órganos independientes y por tanto los políticos no están ni para esas.

Ésta es la triste realidad de un ayuntamiento que complica cada vez más los derechos y la dignidad de los trabajadores más vulnerables y desfavorecidos de ésta Administración y de sus representantes en beneficio de un grupo de privilegiados.

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