Denuncian en el Parlamento que mayores y discapacitados siguen encerrados

08 Abril 2021
Algunos diputados del Parlamento de Canarias se han percatado este miércoles de que muchos niños y niñas discapacitados, mayores y personas dependientes siguen encerradas en centros sociosanitarios, con el derecho a estar con sus familias vulnerado, pese a la flexibilización legal de las restricciones por la covid-19.

«Apliquen la ética a la política, redacten un protocolo que ampare a las personas con discapacidad y a los mayores», sometan a control a los centros sociosanitarios, porque «si llegamos a la fiscalía para defender los derechos» de los usuarios «será un reflejo de cómo nuestra sociedad está cuidando a los mas vulnerables», ha manifestado Eugenia Paiz, de la Plataforma Madres por la discapacidad.

Eugenia Paiz e Inmaculada González han comparecido como representantes de la Plataforma en la comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, a la que acudieron renunciando incluso al abono de los pasajes por parte de la Cámara y cuyos integrantes las despidieron con una ovación unánime entre muestras de emoción y compromisos de tomar nota.

Las dos mujeres han denunciado los más de siete meses de reclusión a los que fueron sometidos ancianos, dependientes y discapacitados en residencias y centros sociosanitarios al no poder abandonarlos so pena de aislamientos durante catorce días, y para ilustrarlo han aportado sus testimonios personales, pero subrayando que no buscan conmiseración ni lástima, sino el cumplimiento de los derechos de las personas y de la ley.

Inmaculada González es madre de Samuel, que tiene una plaza residencial por discapacidad grave y que sufrió cinco aislamientos en una habitación desde que se declaró el estado de alarma, en los que quedó en 28 kilos y al borde de «perder la vida», discriminado, sin covid y con PCR negativa mientras los trabajadores podían entrar y salir libremente.

«Como madre quería hacer entender que los hogares pueden ser sitios seguros, igual que los centros, y me respondían con frases como lo tomas o lo dejas, en referencia a la plaza residencial», cuando eso no es «una concesión ni una prebenda, sino un derecho» que debe garantizar la administración.

Aun ahora, y pese a estar su hijo vacunado y en vigor desde marzo una nueva orden sobre visitas y salidas de centros residenciales, cuando vuelva al centro será aislado «incumpliendo gravemente la orden» de la Consejería, mientras hay empleados que se han negado a vacunarse.

«Hemos pelado mucho por esas órdenes» para flexibilizar el régimen de visitas, pero el Cabildo de Tenerife «las aplica tarde y mal, no aplica los planes de contingencia porque como los que se quedan encerrados son los chicos les da igual», se quejó.

Hay directores de centros, consejeros de cabildos y concejales que «interpretan lo que les da la gana» sobre la orden del 20 de marzo, y la administración no inspecciona ni obliga a que se acate, indicó Eugenia González.

«Falla la vigilancia», corroboró Eugenia Paiz, porque «el sistema público de protección y control está debilitado».

Su hija, con discapacidad intelectual, estuvo «89 días sin salir a la calle, sin saber si su madre estaba muerta o la había abandonado. Sufrió graves perdida de cognición, fue rescatada por medicación de las crisis como un animal».

«¿Para qué queremos cabildos con competencias? Tuvimos que acudir al Gobierno de Canarias», pasar por el Diputado del Común, dijo Eugenia Paiz, y por eso exigen que se redacte un protocolo que ampare a las personas con discapacidad y a los mayores, de obligado cumplimiento para las corporaciones insulares y locales, para no tener que recurrir a la fiscalía.

Mantuvo que la ley de servicios sociales de Canarias «se incumple de forma reiterada y taxativa», sin control ni auditorías a los centros residenciales sobre los parámetros de calidad o los derechos de los usuarios.

Muchas de las empresas privadas concesionarias, continuó Paiz, son constructoras que han reconvertido sus negocios con la misma máxima que cuando ponían bloques, maximizar la rentabilidad económica, cuando en su opinión la discapacidad no debería dejarse en manos privadas.

Hay gestores que «han causado mucho daño» a los usuarios, «es inmoral que cobren por ello, si hicieran bien su trabajo nosotras no estaríamos aquí», dijo Inmaculada González.

Para las representantes de la Plataforma, no todo es dinero: «Se puede mejorar mucho la vida en los centros, se puede reafirmar la importancia de la familia, promover su participación, exigir la aplicación de la ley, habilitar mecanismos de denuncia, inspeccionar y controlar la calidad de los servicios».

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