El exasesor de Ábalos, en libertad tras su imputación en una red de comisiones en pandemia

22 de febrero 2024/Agencias
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dejado en libertad provisional, con medidas cautelares, a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y al presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, quienes presuntamente cobraron comisiones en operaciones de compras millonarias de mascarillas.

A ambos les ha impuesto la prohibición de salir de España y les ha retirado el pasaporte, además de la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días.

Las dos primeras medidas las ha decretado también para el empresario vasco Iñigo Rotaeche, en tanto que para el cuarto de los detenidos que ha sido puesto a disposición judicial este jueves, Joseba García, hermano de Koldo, no ha acordado ninguna medida cautelar.

Los cuatro, que han optado por no declarar ante el juez, están investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

Dos días después de las detenciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, algunas de las administraciones que supuestamente han sido perjudicadas por la trama han desvelado los importe millonarios de las compras de material sanitario que realizaron en pandemia a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad investigada en esta causa.

Y se han ido desvelando en medio de una polémica política que la oposición ha enfocado en la figura del que fuera ministro de Transportes durante la pandemia, José Luis Ábalos, al estar involucrado en el caso quien algunos consideran su ‘hombre de confianza’.

Compras millonarias de Baleares y Canarias. Silencio en Transportes e Interior
Según las pesquisas, que se iniciaron a raíz de una denuncia del PP de Madrid en 2022, algunas comunidades autónomas como Baleares y Canarias contrataron con esa empresa la compra de material sanitario, pero también ministerios como el de Transportes e Interior que, de momento, guardan silencio sobre los detalles de esas operaciones.

En el caso de Interior, su número dos, Rafael Pérez, declaró ayer en la Guardia Civil en calidad de testigo. Fuentes de este departamento han indicado a EFE que todas las compras habían pasado los controles y que todo se hizo correctamente, y han añadido que seguirán colaborando con la justicia para aclarar lo que sea necesario.

Mientras, el Gobierno de Baleares ha desvelado que compró en 2020 casi 1,5 millones de mascarillas tipo FFP2 por 3,7 millones de euros a la empresa ligada a Koldo Garcia, pero recibió material de menor calidad que el contratado, por lo que ha exigido la devolución de un sobrecoste de 2,6 millones.

Un análisis del material determinó que las mascarillas no cumplían con los requisitos FFP2, por lo que el Servicio de Salud las retiró.

Desde Baleares se ha desvelado también otro dato. Según un informe de la Oficina Anticorrupción de esta comunidad, la sociedad ligada a Koldo García contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia.

El Gobierno de Canarias, por su parte, compró en los primeros tres meses del estado de alarma varios lotes de mascarillas a la sociedad vinculada al caso investigado por importe de 12 millones de euros, en contratos adjudicados de forma directa al amparo de las normas de emergencia dictadas por la pandemia.

Así consta en documentos oficiales del Servicio Canario de la Salud y de la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma consultados por EFE en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Varias los expedientes de adjudicación fueron modificados con posterioridad para hacer constar de forma expresa que esos 12 millones de euros se habían abonado en parte («se declaran cofinandos») con fondos europeos del programa FEDER.

El PP pide la dimisión de Ábalos y el PSOE investigar hasta el final
Ayer, nada más conocerse el caso, el PP pidió explicaciones a Ábalos y este jueves la secretaria general de ese partido, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión como diputado del exministro socialista.

Y la ha pedido al entender que la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas le afecta «directamente» como número dos del PSOE y como ministro de Transportes, los cargos que ejercía entonces. «No cabe que permanezca ni un minuto más como representante de todos los españoles», ha recalcado.

Como ha pedido también explicaciones a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la pandemia presidenta de Baleares. Pero quien fuera portavoz del Govern en ese momento, Iago Negueruela, se ha defendido y ya ha contestado. «Hicimos las cosas bien», ha aseverado.

Por su parte, Ábalos que ayer se declaró «estupefacto» tras la detención de su exasesor, este jueves ha rehusado comentar sobre el caso por considerar que se trata de «filtraciones o conjeturas».

Desde Sumar, su máxima dirigente, Yolanda Díaz, ha calificado de «gravísimo» el supuesto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas en la covid. Todas las informaciones que están apareciendo apuntan a que se trata de un caso de corrupción, algo «muy grave», ha dicho, «pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y estaba muriendo gente».

Los socialistas, por boca de su secretario de Organización, Santos Cerdán, han afirmado que de haber tenido la más mínima sospecha de los hechos en su momento, hubieran acudido a la Justicia.

«Si tiene que caer la ley sobre quien tenga que caer, que caiga», ha dicho el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en tanto que la titular de Defensa, Margarita Robles ha asegurado que el caso es una «vergüenza» y un «escándalo» y ha confiado en que «la justicia llegue hasta el final.