El juez continúa sus pesquisas sobre la cátedra de Begoña Gómez con dos nuevos testigos
21 de mayo 2025/Agencias
El juez Juan Carlos Peinado continúa con su investigación sobre la cátedra que codirigió Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense con la citación de dos nuevos testigos, representantes de una empresa que informaron recientemente de dos proyectos vinculados a la misma.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha emplazado el próximo 5 de junio a los dos empleados de la empresa Devoteam que se reunieron el pasado 22 de abril con la Universidad Complutense.
Lo hicieron después de que informasen de que seguían vigentes dos proyectos vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que codirigió Begoña Gómez, y que estaban generando un coste mensual de 750 euros, y solicitaron orientación sobre su continuidad.
Según un informe de la Complutense remitido al juez, se les comunicó que no constaba trámite alguno con referencia a dichos proyectos, ni registro de proceso de contratación asociado, y se les emplazó a revisar la cuestión tanto en el ámbito legal como en el técnico.
La revisión llevada a cabo por la Universidad localizó estos dos proyectos entre un listado de más de 9.800 en la nube, «seguramente creados en su mayoría por estudiantado o personal investigador de la universidad», y comunicó que no era posible acceder a dichos proyectos, de modo que desconocía su contenido.
La Universidad informó de que se habían dado actuaciones para investigar si en algún momento se había notificado o registrado el alta de dichos proyectos, «sin hallarse vestigio alguno al respecto, como tampoco se tuvo de los otros 9.800 proyectos antes citados».
La labor profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió dicha cátedra, es una de las líneas de investigación del juez Juan Carlos Peinado, así como el nombramiento en 2018 de su asesora, Cristina Álvarez, entre otros.
El magistrado investiga a la mujer del presidente del Gobierno por diversos delitos, como presunto tráfico de influencias o corrupción en los negocios, y mantiene también imputados a su asesora, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
