El PP exige al Gobierno acabar con el uso abusivo de la USECIC y garantizar medios, formación y respeto a sus agentes

· Juan Antonio Rojas critica que estas unidades son enviadas a servicios de alto riesgo “sin medios suficientes, con planificación deficiente y, en algunos casos, en entornos laborales inaceptables”

· El diputado popular anuncia el registro, tanto en el Congreso como en el Senado, de una amplia batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para “esclarecer y corregir” la situación que atraviesan las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil, con especial atención a la unidad de Santa Cruz de Tenerife

11 de agosto de 2025.- El diputado del Partido Popular de Canarias en el Congreso Juan Antonio Rojas ha advertido de la “preocupante deriva” en el uso que el Ministerio del Interior está haciendo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil.

Según Rojas, estas unidades, concebidas como recurso de refuerzo para situaciones excepcionales y de alta intensidad operativa, “han pasado a ser utilizadas como unidades polivalentes para cubrir cualquier necesidad, incluidas intervenciones que requieren una preparación y medios muy específicos que no siempre se les facilitan”.

En los últimos meses, estas unidades han sido movilizadas en numerosas ocasiones a distintos puntos de la geografía nacional para operaciones de elevada exigencia y riesgo, “en ocasiones con escaso margen de aviso, sin apoyo logístico suficiente y con compensaciones económicas claramente insuficientes, lo que obliga a muchos agentes a adelantar gastos de su propio bolsillo”, denunció el diputado popular.

Según indica, la situación más preocupante se vive en la USECIC de Santa Cruz de Tenerife, donde informes de riesgos psicosociales elaborados por la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales alertan de un “deterioro grave” del clima laboral.

Rojas citó algunos de los episodios documentados: acoso laboral, humillaciones públicas, trato degradante, discriminación en la asignación de servicios, represalias contra quienes ejercen derechos sindicales, vulneración del derecho a la desconexión digital y cambios arbitrarios de turnos que impiden el descanso adecuado.

También añade que “no podemos permitir que se abandone a su suerte a quienes velan por nuestra seguridad. El Gobierno central debe garantizar que sus condiciones de trabajo sean dignas, seguras y respetuosas con sus derechos”.

Para Rojas, este problema “no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo mal diseñado y mal gestionado que debe revisarse de forma urgente”, y afirma que “las USECIC no pueden convertirse en una solución improvisada para cualquier servicio. Su misión es reforzar la seguridad ciudadana en situaciones críticas, pero siempre con la formación, el equipamiento y el respeto a los derechos laborales que merecen sus integrantes”.

El diputado popular reafirma el compromiso de su formación con la defensa de los guardias civiles, y añade que “la seguridad de nuestros agentes es la de todos”. “Seguiremos vigilantes y exigiendo al Gobierno que actúe para acabar con el uso abusivo de estas unidades y garantizar que puedan cumplir su función en condiciones óptimas, con medios, reconocimiento y respaldo institucional”, apostilló.

35 preguntas al Gobierno

La iniciativa que registrará los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado incluye 35 preguntas concretas que buscan obtener del Ejecutivo central datos precisos sobre:

El número de intervenciones de la USECIC en escenarios de orden público desde enero de 2024, y su distribución por provincias.

El estado real y la antigüedad del material de protección (chalecos, cascos, escudos) y la periodicidad de sus revisiones.

Las diferencias operativas con otras unidades especializadas como el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR) o la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS).

El tiempo medio de pago de dietas y las razones por las que no se contemplan adelantos para comisiones de varios días.

La existencia de mecanismos de supervisión para evitar abusos en la jornada laboral y garantizar descansos mínimos, así como las medidas adoptadas —si las hubiera— ante los informes de riesgos psicosociales que afectan gravemente a la unidad de Santa Cruz de Tenerife.