El PSOE impulsará un Pacto por la Justicia en Canarias para la mejora del funcionamiento del sistema judicial en las islas

· El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas del Parlamento canario para resolver las deficiencias de la Administración de Justicia en Canarias y poder afrontar con garantías para la ciudadanía la alta litigiosidad de las islas

· Matos alerta de la urgencia de modernizar las infraestructuras judiciales en el Archipiélago, y asegura que la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife representa “una oportunidad estratégica que debe acelerarse y completarse con una mejora integral de las sedes judiciales en las islas no capitalinas”

Canarias, 18 de julio 2025.- El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) un gran Pacto por la Justicia en Canarias ante las necesidades que tiene la Administración de Justicia en las islas, con el objeto de poner en marcha medidas con las que afrontar los actuales problemas del sistema judicial canario, como la alta litigiosidad y la falta de más personal humano y técnico.

La iniciativa socialista reclama la creación de un Pacto Canario por la Justicia, como espacio de consenso y cooperación institucional y social, en el que participen representantes de los grupos parlamentarios, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los colegios profesionales, sindicatos del sector, operadores jurídicos y la administración autonómica, con el fin de definir una hoja de ruta compartida para la mejora estructural del sistema de justicia en el Archipiélago.

También se apuesta por elaborar y poner en marcha una Estrategia Integral para la Justicia en Canarias, con horizonte temporal de medio y largo plazo, que contemple un diagnóstico actualizado de las necesidades del sistema judicial canario; los objetivos estratégicos en materia de recursos humanos, digitalización, infraestructuras, formación y atención a colectivos vulnerables, así como un calendario de actuaciones y mecanismos de evaluación periódica.

La PNL pide al Gobierno de España la designación de Canarias como territorio prioritario en los planes estatales de modernización y eficiencia judicial, atendiendo a su condición de comunidad insular y ultraperiférica, a su elevada tasa de litigiosidad y a la singularidad de sus retos territoriales y demográficos.

Además, solicita acelerar los trabajos necesarios para el desarrollo de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife y de las nuevas instalaciones para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, garantizando la definición de un cronograma concreto, la disposición de recursos presupuestarios suficientes y la participación de los operadores jurídicos en su diseño funcional.

Asimismo, se pretende reforzar las fiscalías y juzgados especializados en violencia de género, medio ambiente, extranjería, menores y delitos económicos, priorizando la cobertura de plazas vacantes, la especialización del personal y la atención en islas no capitalinas.

La propuesta incluye la culminación y consolidación de la digitalización integral del sistema judicial en Canarias, asegurando la plena implantación de herramientas como Atlante Web y Arconte-Aurea, así como la formación técnica del personal y la dotación tecnológica necesaria en todas las sedes judiciales del archipiélago.

Por su parte, se insta a presentar anualmente ante el Parlamento de Canarias un informe de seguimiento del sistema judicial en la Comunidad Autónoma, que incluya avances, carencias detectadas y grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos.

Matos alerta de las necesidades que tiene la Administración de Justicia en Canarias para poder atender con unas “mínimas condiciones” todos los asuntos judiciales a los que tiene que hacer frente el Archipiélago, una de las comunidades autónomas con mayor litigiosidad, por lo que considera que son necesarias una serie de medidas apoyadas también por el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En este sentido, recuerda que la Administración de Justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, garante último de los derechos y libertades de la ciudadanía, y que Canarias, como comunidad autónoma ultraperiférica e insular, enfrenta retos específicos en el ámbito de la justicia. “La dispersión geográfica, la presión migratoria, el incremento de la litigiosidad y las carencias estructurales en recursos humanos y materiales condicionan de forma seria la respuesta del sistema judicial en las islas”.

Según datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Archipiélago presenta la mayor tasa de litigiosidad del Estado (188,7 asuntos por cada 1.000 habitantes), con un incremento del 5,9 % en el año 2023.

Para el PSOE, esta situación deriva en una sobrecarga de trabajo para jueces, fiscales y personal de la administración de justicia, lo que repercute directamente en los tiempos de respuesta y en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.

A esta realidad se suman los desafíos derivados de las recientes reformas legislativas en materia judicial, cuyo despliegue plantea una serie de retos para las comunidades autónomas, y muy particularmente para Canarias, como la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, aprobada en noviembre de 2024, que plantea una profunda transformación del modelo judicial mediante la creación de tribunales de instancia, oficinas judiciales y servicios comunes, y cuya aplicación en un territorio insular y fragmentado como Canarias exige adaptaciones específicas, inversiones adicionales y una planificación diferenciada.

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y la posterior Ley Orgánica 1/2025, que regulan el uso generalizado de herramientas digitales en la Administración de Justicia, suponen avances notables en digitalización, pero requieren infraestructuras adecuadas, conectividad estable y formación continua, especialmente en islas no capitalinas, y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobada en mayo de 2025, ha reforzado el papel de la Fiscalía en el proceso penal. Este nuevo marco exige dotación suficiente de medios humanos y materiales, particularmente en áreas como la violencia de género, el medio ambiente o la extranjería.

Para Matos, a ello se suma la urgencia de modernizar las infraestructuras judiciales en el Archipiélago. En concreto, asegura que la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife representa una oportunidad estratégica que debe acelerarse y completarse con una mejora integral de las sedes judiciales en las islas no capitalinas.

“Frente a esta realidad, se hace necesaria una respuesta de país. Por ello, esta iniciativa no se limita a proponer medidas puntuales, sino que impulsa la creación de un gran Pacto Canario por la Justicia, con vocación de permanencia y amplio consenso, que agrupe a los grupos parlamentarios, la judicatura, la fiscalía, los colegios profesionales, los sindicatos, la administración autonómica y los operadores jurídicos”, aclara.

En opinión del diputado socialista, este pacto debe convertirse en un espacio de diálogo, compromiso y planificación compartida, con el objetivo de garantizar una justicia moderna, ágil, eficaz y accesible para toda la ciudadanía de Canarias.

· El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas del Parlamento canario para resolver las deficiencias de la Administración de Justicia en Canarias y poder afrontar con garantías para la ciudadanía la alta litigiosidad de las islas

· Matos alerta de la urgencia de modernizar las infraestructuras judiciales en el Archipiélago, y asegura que la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife representa “una oportunidad estratégica que debe acelerarse y completarse con una mejora integral de las sedes judiciales en las islas no capitalinas”

Canarias, 17 de julio 2025.- El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) un gran Pacto por la Justicia en Canarias ante las necesidades que tiene la Administración de Justicia en las islas, con el objeto de poner en marcha medidas con las que afrontar los actuales problemas del sistema judicial canario, como la alta litigiosidad y la falta de más personal humano y técnico.

La iniciativa socialista reclama la creación de un Pacto Canario por la Justicia, como espacio de consenso y cooperación institucional y social, en el que participen representantes de los grupos parlamentarios, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los colegios profesionales, sindicatos del sector, operadores jurídicos y la administración autonómica, con el fin de definir una hoja de ruta compartida para la mejora estructural del sistema de justicia en el Archipiélago.

También se apuesta por elaborar y poner en marcha una Estrategia Integral para la Justicia en Canarias, con horizonte temporal de medio y largo plazo, que contemple un diagnóstico actualizado de las necesidades del sistema judicial canario; los objetivos estratégicos en materia de recursos humanos, digitalización, infraestructuras, formación y atención a colectivos vulnerables, así como un calendario de actuaciones y mecanismos de evaluación periódica.

La PNL pide al Gobierno de España la designación de Canarias como territorio prioritario en los planes estatales de modernización y eficiencia judicial, atendiendo a su condición de comunidad insular y ultraperiférica, a su elevada tasa de litigiosidad y a la singularidad de sus retos territoriales y demográficos.

Además, solicita acelerar los trabajos necesarios para el desarrollo de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife y de las nuevas instalaciones para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, garantizando la definición de un cronograma concreto, la disposición de recursos presupuestarios suficientes y la participación de los operadores jurídicos en su diseño funcional.

Asimismo, se pretende reforzar las fiscalías y juzgados especializados en violencia de género, medio ambiente, extranjería, menores y delitos económicos, priorizando la cobertura de plazas vacantes, la especialización del personal y la atención en islas no capitalinas.

La propuesta incluye la culminación y consolidación de la digitalización integral del sistema judicial en Canarias, asegurando la plena implantación de herramientas como Atlante Web y Arconte-Aurea, así como la formación técnica del personal y la dotación tecnológica necesaria en todas las sedes judiciales del archipiélago.

Por su parte, se insta a presentar anualmente ante el Parlamento de Canarias un informe de seguimiento del sistema judicial en la Comunidad Autónoma, que incluya avances, carencias detectadas y grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos.

Matos alerta de las necesidades que tiene la Administración de Justicia en Canarias para poder atender con unas “mínimas condiciones” todos los asuntos judiciales a los que tiene que hacer frente el Archipiélago, una de las comunidades autónomas con mayor litigiosidad, por lo que considera que son necesarias una serie de medidas apoyadas también por el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En este sentido, recuerda que la Administración de Justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, garante último de los derechos y libertades de la ciudadanía, y que Canarias, como comunidad autónoma ultraperiférica e insular, enfrenta retos específicos en el ámbito de la justicia. “La dispersión geográfica, la presión migratoria, el incremento de la litigiosidad y las carencias estructurales en recursos humanos y materiales condicionan de forma seria la respuesta del sistema judicial en las islas”.

Según datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Archipiélago presenta la mayor tasa de litigiosidad del Estado (188,7 asuntos por cada 1.000 habitantes), con un incremento del 5,9 % en el año 2023.

Para el PSOE, esta situación deriva en una sobrecarga de trabajo para jueces, fiscales y personal de la administración de justicia, lo que repercute directamente en los tiempos de respuesta y en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.

A esta realidad se suman los desafíos derivados de las recientes reformas legislativas en materia judicial, cuyo despliegue plantea una serie de retos para las comunidades autónomas, y muy particularmente para Canarias, como la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, aprobada en noviembre de 2024, que plantea una profunda transformación del modelo judicial mediante la creación de tribunales de instancia, oficinas judiciales y servicios comunes, y cuya aplicación en un territorio insular y fragmentado como Canarias exige adaptaciones específicas, inversiones adicionales y una planificación diferenciada.

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y la posterior Ley Orgánica 1/2025, que regulan el uso generalizado de herramientas digitales en la Administración de Justicia, suponen avances notables en digitalización, pero requieren infraestructuras adecuadas, conectividad estable y formación continua, especialmente en islas no capitalinas, y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobada en mayo de 2025, ha reforzado el papel de la Fiscalía en el proceso penal. Este nuevo marco exige dotación suficiente de medios humanos y materiales, particularmente en áreas como la violencia de género, el medio ambiente o la extranjería.

Para Matos, a ello se suma la urgencia de modernizar las infraestructuras judiciales en el Archipiélago. En concreto, asegura que la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife representa una oportunidad estratégica que debe acelerarse y completarse con una mejora integral de las sedes judiciales en las islas no capitalinas.

“Frente a esta realidad, se hace necesaria una respuesta de país. Por ello, esta iniciativa no se limita a proponer medidas puntuales, sino que impulsa la creación de un gran Pacto Canario por la Justicia, con vocación de permanencia y amplio consenso, que agrupe a los grupos parlamentarios, la judicatura, la fiscalía, los colegios profesionales, los sindicatos, la administración autonómica y los operadores jurídicos”, aclara.

En opinión del diputado socialista, este pacto debe convertirse en un espacio de diálogo, compromiso y planificación compartida, con el objetivo de garantizar una justicia moderna, ágil, eficaz y accesible para toda la ciudadanía de Canarias.