El Supremo reactiva la causa de Borràs y ordena una batería de diligencias

29 Octubre 2020/Agencias
El juez del Tribunal Supremo que investiga a la portavoz parlamentaria de JxCat Laura Borràs ha reactivado recientemente la causa al ordenar una batería de diligencias solicitadas por la Fiscalía acerca de su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017.

Continúa de esta forma la investigación a la diputada por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, unos hechos que, según el Supremo, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros.

Según informan a Efe fuentes jurídicas, el magistrado ordenó hace unas semanas todas las diligencias que solicitó la Fiscalía después de que Borràs se acogiese a su derecho a no declarar el pasado mes de julio, cuando compareció en el Supremo en calidad de investigada.

Entre ellas figuran requerimientos a la ILC en busca de alguna resolución firmada por Borràs, actas de la Junta de Gobierno, los presupuestos de 2013 a 2017 e identificación de la partida presupuestaria de la Generalitat de la que se nutre la institución.

También pidió diversas facturas, así como la previa certificación de ejecución para su pago y posterior autorización e intervención por parte de la directora y de la intervención delegada, además de diversos pagos realizados por ILC.

En atención a la petición del Ministerio Público, De Porres también interrogó recientemente a un testigo de la causa, mientras que otra no ha podido ser localizada aún, según las fuentes.

A la larga lista de diligencias solicitadas por el fiscal se une también el análisis de movimientos bancarios, así como de expedientes de contratación y otra documentación intervenida en la causa, y una pericial sobre el material informático intervenido a Isaías Herrero, el otro investigado en la causa a quien supuestamente Borràs adjudicó los contratos.

El magistrado también ha atendido la solicitud de la defensa de la diputada y ha accedido a una prueba pericial de tipo tecnológico relacionada con el clonado de los dispositivos.

La diputada siempre ha negado cualquier irregularidad y cuando fue citada a declarar, se acogió a su derecho a no hacerlo hasta que el Supremo practicase una prueba que «implicaría poder demostrar que esos trabajos se realizaron, quién es su autoría, cuál es el precio objetivo».

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