El TC desestima el recurso del Parlament al decreto para frenar la «república digital»

27 de mayo 2023/Agencias
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso que interpuso el Parlament catalán contra el decreto que impulsó el Gobierno en octubre de 2019 para frenar la «república digital», después de haber avalado ya esta normativa en marzo pasado al rechazar las alegaciones del Govern.

Según ha informado el TC en un comunicado, el pleno del tribunal de garantías ha desestimado el recurso del Parlament contra el Real Decreto sobre seguridad digital, aprobado en octubre de 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permite al Ejecutivo intervenir servicios digitales si amenazan el orden público.

Tanto el Govern como el Parlament recurrieron ese decreto, que el entonces conseller Jordi Puigneró llegó a calificar de «155 digital».

El decreto permite al Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en tres determinados supuestos excepcionales: que puedan afectar al orden público, a la seguridad pública y a la seguridad nacional.

En su sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Laura Díez Bueso, el TC avala el decreto al concluir que en este caso concurría la «extraordinaria y urgente necesidad exigible» para aprobarlo y que la «prohibición temporal» del uso de sistemas de identificación basados en tecnologías de registro «no desborda los límites de la competencia estatal».

El TC recoge además los mismos argumentos que ya le llevaron el pasado 23 de febrero y el 19 de abril a desestimar los recursos de inconstitucionalidad contra este decreto, que habían interpuesto la Generalitat y el gobierno vasco.

Además, la sentencia apunta que la aprobación en junio pasado de la Ley de Comunicaciones ha supuesto que algunas infracciones que planteaba el Parlament en su recurso -relativas a la autorización previa de la Administración General del Estado en relación con las firmas y sellos electrónicos que las autonomías usan para su relación con los ciudadanos- hayan quedado sin efecto.