Greenpeace presenta un documento de criterios para asegurar un desarrollo renovable necesario para el clima y respetuoso con la biodiversidad y las personas

21/06/2018. Pujalt, Barcelona, Cataluña, España.Hace nueve años, un grupo de personas visionarias decidieron intentar montar el primer molino eólico financiado, no por grandes empresas o grupos financieros, sino por particulares. Personas como tú y yo que, juntas, impulsamos un proyecto que pone a las personas, no a las eléctricas, en el centro del sistema energético colaborando para instalar, mantener y hacer funcionar el primer molino comunitario del Sur de Europa.Hoy esto es una realidad y en Greenpeace hemos participado junto con otras 500 personas y organizaciones. El proyecto se llama Vivir del Aire del Cielo, es un aerogenerador de 2,35 MW que ya está activo y producirá electricidad equivalente al consumo de unos 1600 hogares desde el término municipal de Pujalt (Barcelona).Pasar a la acción es esencial para luchar contra el cambio climático así que decidimos predicar con el ejemplo y aportar a la construcción de este aerogenerador tan especial de una forma igual de especial: comprando por adelantado la electricidad que necesitaremos para nuestra oficina y almacén de los próximos 25 años.Placas solares.©Greenpeace

La organización reivindica tanto la necesidad y urgencia de un despliegue masivo de renovables, como la protección de la biodiversidad y el territorio
Greenpeace demanda a Gobiernos, promotores y ciudadanía responsabilidad para acelerar un desarrollo renovable que genere el mayor impacto positivo al territorio y participado al máximo por la sociedad
15 de junio de 2021.- Hoy, coincidiendo con el Día Mundial del Viento, y a pocas fechas del Día del Sol (21 de junio), Greenpeace ha hecho público un documento con su propuesta para lograr que el desarrollo de las energías renovables se haga al ritmo necesario y con la calidad necesaria para enfrentar la emergencia climática y al mismo tiempo proteger la biodiversidad y los derechos de las personas. El documento publicado hoy refleja el planteamiento de la ONG bajo criterios generales, energéticos, sociales, económicos y ambientales para contribuir, social y políticamente, al impulso imprescindible del desarrollo renovable.

En el documento, la organización ecologista defiende la urgencia de un despliegue renovable con la máxima participación social y la protección medioambiental, ya que según indica, ambas cuentan con importantes espacios de mejora. Asimismo Greenpeace reclama una mayor sostenibilidad territorial y una redistribución justa de los riesgos y beneficios en el ámbito rural.

Para ello destaca, entre otras medidas, la importancia de garantizar espacios de diálogo y participación efectiva con la sociedad civil para incluir al territorio y las poblaciones implicadas por los efectos del desarrollo renovable, en los procesos de redistribución de los beneficios sociales y económicos generados por la utilización de sus recursos, recordando la importancia de poner esta transición enerǵetica en manos de la ciudadanía, no como un eslogan, sino como una oportunidad única para construir un sistema energético distribuido más justo social y ambientalmente.

“Tenemos una oportunidad nueva y única como sociedad. La transición energética debe ser entendida, además de como un cambio de fuentes de energía fósiles a renovables, como una evolución de un sistema energético que históricamente se ha basado en un modelo especulativo y en pocas manos (oligopolio energético), a otro que introduzca la máxima participación de generación distribuida, eficiencia y ahorro y en el que la participación de la sociedad civil sea clave e impulsada al máximo”, ha declarado María Prado Rubio, responsable de la campaña de energía de Greenpeace. “Es una oportunidad para trasladar al territorio los beneficios de un sistema que tiene que ser más justo energética y medioambientalmente, y es obligación de las autoridades, la ciudadanía, las instituciones y los promotores corresponsabilizarse con este desarrollo. Tenemos que encontrar las mejores fórmulas para acelerar la sustitución de los combustibles fósiles y nucleares por las renovables y recuperar el tiempo perdido, con justicia social, energética y climática. Ante muchos de los movimientos críticos con el actual modelo de desarrollo renovable, es imprescindible potenciar espacios de diálogo para avanzar”, ha añadido Prado.

Greenpeace lleva años demostrando, a través de informes, y exigiendo que un sistema eléctrico 100 % renovable, eficiente, inteligente y democrático es posible y mucho más beneficioso para la sociedad y el planeta. Greenpeace recuerda el inmenso valor social de las renovables porque contribuyen a la mitigación del cambio climático, a la reducción de la contaminación, a la creación de empleos, a la cobertura de las necesidades básicas (energía para la salud, alimentación, educación y otras) y a la recuperación de la actividad económica. Además, la electricidad generada con renovables es la vía más rápida, eficaz y sostenible para asegurar y satisfacer todas las demandas energéticas (transporte, climatización, industria…) que hoy utilizan combustibles fósiles u otras energías contaminantes y peligrosas, sin menoscabo de anteponer en todos los casos la eficiencia y el ahorro energético.

Las principales demandas de la organización ecologista son estas:

Aceptación y participación de la sociedad: La organización considera que es deber de los Gobiernos y los promotores de proyectos renovables fomentar un desarrollo renovable que pueda ser comprendido como una oportunidad para el medioambiente y para la sociedad, para que esta se corresponsabilice de la transición energética, entendiéndola como una oportunidad única e irrenunciable. Para ello no solo exige una transposición fiel y urgente de las directivas europeas en materia de Autoconsumo, Comunidad Energética Local y capacidad flexible -gestión de la demanda- y con objetivos vinculantes, sino un verdadero impulso desde todas las administraciones (estatal, autonómica y local) y los promotores para movilizar a la participación de la ciudadanía, mediante las estrategias, mecanismos y canales necesarios, como pueden ser la reserva obligatoria de cuotas en subastas, la participación en la inversión (directa o indirecta), la copropiedad, el autoconsumo, y otras fórmulas por definir colectivamente. Así mismo la organización demanda que se garantice la creación de espacios de participación, diálogo y debate desde el principio de los procesos entre promotores, autoridades y comunidades que asumen el desarrollo renovable para asegurar la coordinación de intereses y búsqueda de soluciones compartidas que sumen el mayor impacto positivo posible.
Planificación energética: La organización demanda una planificación energética autonómica (y local) coordinada con la nacional, que ya está contenida en el PNIEC, que determine la energía necesaria en cada comunidad autónoma para alcanzar un sistema eléctrico 100 % renovable en 2030, y un sistema energético 100 % renovable, eficiente e inteligente en 2040.
Mayor ambición de descarbonización: la organización demanda al Gobierno central una mayor ambición climática. De hecho la organización ecologista interpuso el pasado septiembre un litigio contra el Gobierno español por inacción ante el cambio climático que fue admitido por el Tribunal Supremo.
Respecto a las medidas ambientales Greenpeace destaca las siguientes demandas:
– Priorizar emplazamientos sobre suelos degradados ya que un 4,9 % de la superficie de suelo utilizada en España está dedicada a usos de alto impacto.
– Excluir todos los Espacios Naturales Protegidos, las áreas críticas de especies en peligro de extinción, y la Red Natura 2000 (Zonas Especiales de Conservación ZEC, Zonas de Especial Protección para las Aves ZEPA, y Lugares de Interés Comunitario LIC).
– El cumplimiento en todo el Estado como directriz ejecutiva (y no como herramienta orientativa) de la zonificación del territorio nacional presentada por el MITERD que determina la sensibilidad ambiental del territorio. Esta herramienta zonifica el territorio nacional en función del índice de sensibilidad ambiental de los previsibles impactos que puedan presentarse en el territorio para la implantación de proyectos de energías renovables, en concreto de eólica y de solar fotovoltaica.
– Evaluación ambiental estratégica sinérgica y no individual, que valore los efectos sinérgicos y acumulativos de los diferentes proyectos de una misma zona y que no permita la fragmentación de proyectos para disminuir artificialmente el tamaño y burlar la legalidad ambiental.

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