IU en Canarias denuncia el caos en el sistema de dependencia y exige la dimisión de la consejera Candelaria Delgado
10 de mayo 2025
La organización considera inaceptable la manipulación de más de 9000 prestaciones comunicadas al IMSERSO
Tamayo alerta de que el nuevo decreto cronifica la precariedad del sistema y vulnera los derechos de las personas más vulnerables
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha exigido este viernes la dimisión inmediata de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y el cese de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez Cuelliga, ante la situación insostenible en la institución tras conocerse que la Consejería falseó el número de prestaciones efectivas del sistema de atención a la dependencia, comunicando al IMSERSO más de 9.000 ayudas que en realidad no existían.
La organización denuncia que no se trata de un simple “error técnico”, como ha intentado justificar la consejera, sino de una grave alteración de datos oficiales que ha servido para maquillar cifras, justificar una nueva normativa regresiva y desviar la atención del deterioro estructural que vive el sistema. “Estamos ante una crisis institucional que pone en cuestión la credibilidad del sistema de bienestar en Canarias y que exige responsabilidades políticas inmediatas”, afirma Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC.
Desde IUC se advierte de que esta manipulación ha tenido consecuencias directas sobre miles de personas en situación de dependencia, cuyas ayudas no han sido tramitadas ni concedidas, a pesar de figurar como activas ante el Estado. “Es una vulneración flagrante de derechos, que condena a quienes más apoyo necesitan a seguir esperando por unas prestaciones que ya deberían estar garantizadas”, subraya Tamayo.
Además, la formación considera que el nuevo decreto procedimental aprobado por el Gobierno de Canarias, y que sustituye el sistema bifásico por uno monofásico, agrava los problemas en lugar de resolverlos. Según los comités de empresa y el personal técnico, esta norma limita las garantías administrativas, centraliza decisiones en manos políticas, abre la puerta a la externalización del servicio y deja al margen a los profesionales del sistema público.
“El nuevo decreto convierte una urgencia en una excusa para desmantelar el sistema público de dependencia. Lo que se necesita es más personal, más inversión y una gestión transparente, no más burocracia ni una recentralización que obstaculiza aún más el trabajo de quienes están al pie del cañón”, señala Tamayo.
Desde la formación también se hacen eco de las denuncias de hostigamiento laboral, caos organizativo y falta de diálogo por parte de la Consejería, que han sido expresadas públicamente por los comités de empresa. “El deterioro institucional es profundo y viene acompañado de una gestión autoritaria que desprecia a los trabajadores públicos, sin los cuales no se puede garantizar ningún derecho social”, añade la Coordinadora.
Izquierda Unida Canaria se solidariza con el personal técnico y administrativo del sistema de dependencia y apoya las movilizaciones que se están impulsando desde distintos ámbitos para exigir transparencia, rigor y garantías. Asimismo, la organización reclama al Gobierno de España que investigue lo sucedido y active todos los mecanismos necesarios para garantizar que el sistema estatal de dependencia no quede contaminado por prácticas fraudulentas.
“No se puede construir un escudo social si se falsean datos, se castiga a los trabajadores públicos y se deja a las personas en situación de dependencia fuera del sistema. Canarias necesita una política de cuidados digna, no más parches ni propaganda institucional”, concluye Tamayo.
