IUC rechaza que la RIC se utilice para inflar el negocio inmobiliario con fondos públicos

28 de junio 2025
La medida, respaldada por PP, PSOE y CC, canaliza fondos públicos hacia la burbuja inmobiliaria sin ofrecer soluciones reales al acceso a la vivienda
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha criticado la reciente reforma que permitirá emplear los fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler residencial. Una iniciativa, promovida por el comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y apoyada en el Congreso por PP, PSOE y Coalición Canaria, que según la formación no responde a las verdaderas necesidades de la población, sino que consolida un modelo especulativo con recursos públicos encubiertos en forma de beneficios fiscales.
Para IUC, convertir la RIC en una herramienta inmobiliaria significa entregar más de 2.500 millones de euros al sector privado para que siga alimentando la burbuja del alquiler en Canarias, en lugar de apostar por una política pública y planificada de vivienda. “Esta medida no es una solución habitacional, sino un regalo fiscal a quienes ya han acumulado riqueza. Se sigue apostando por financiar el mercado privado, en lugar de reforzar el parque público y garantizar el derecho a una vivienda digna”, ha denunciado Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC.
Desde el espacio político se recuerda que esta reforma se enmarca en una lógica de desregulación urbanística y pelotazo fiscal, muy similar a la que impulsa el nuevo proyecto de Ley del Suelo del Gobierno de Canarias, al que IUC ya ha presentado alegaciones. “Tanto la apertura de la RIC para el alquiler como la liberalización del suelo responden a un mismo modelo: favorecer a los grandes propietarios, fondos de inversión y constructoras, mientras se expulsa a la población trabajadora del acceso a una vivienda asequible”, ha señalado Tamayo.
Aunque se establecen ciertas restricciones formales —como la obligación de alquilar en un plazo de seis meses o la prohibición del uso turístico—, para Izquierda Unida estas condiciones son fácilmente burlables o insuficientes, y no garantizan en absoluto que las viviendas construidas respondan a criterios de asequibilidad ni que estén destinadas a quienes más lo necesitan. “Nos están vendiendo la idea de que este instrumento atraerá vivienda al mercado del alquiler, pero lo que realmente hace es multiplicar el negocio privado, sin control de precios, sin planificación pública y sin blindaje social”, subraya la formación.
La organización de izquierdas alerta también del impacto que puede tener esta medida en la subida del precio del suelo, la presión sobre el territorio y la gentrificación de barrios y municipios. “La llamada ‘solución habitacional’ de la RIC no es más que otra forma de especulación subsidiada con dinero público, que convierte el derecho a la vivienda en una mercancía rentable para una minoría”, insiste Tamayo.
La organización recuerda que la Reserva de Inversiones de Canarias nació con el objetivo de fomentar la diversificación económica, la creación de empleo estable y la mejora del tejido productivo, y no como una vía para la acumulación de rentas inmobiliarias. “El uso actual de la RIC es una perversión de su naturaleza. En lugar de diversificar la economía, se profundiza el monocultivo del ladrillo y se sigue premiando a quienes más tienen, sin ningún retorno real para la ciudadanía canaria”, denuncian desde la formación.
Finalmente, Izquierda Unida Canaria exige al Gobierno del Estado y al Parlamento de Canarias que pongan fin a esta lógica de privatización fiscal del derecho a la vivienda, y apuesten por una política pública ambiciosa que contemple la promoción directa de vivienda pública en alquiler, la rehabilitación de viviendas vacías con fines sociales y el control de precios en zonas tensionadas. “La vivienda no puede ser una oportunidad de negocio para unos pocos, sino un derecho garantizado por los poderes públicos. Y eso no se logra regalando impuestos a promotores y fondos de inversión, sino recuperando el control público del urbanismo y de la vivienda”, concluye Tamayo.